Esperanza de luz al final del túnel

En un original juego de luces y sombras, la administración Scioli pasó por una experiencia por demás particular y que debe haber dejado sensación a poco. Muchos sabían que se guardaba bajo siete llaves un ambicioso y trabajado plan impositivo para levantar un avión en picada como el déficit fiscal.

Pero tal acción, que podría devolver algo de brillo a la gestión, sufrió un eclipse no esperado o no ansiado para estos tiempos que corren.

La complicada situación de un subsecretario de Salud presuntamente vinculado a una investigación por tráfico de medicamentos "truchos" desgasta aún más una imagen global. Estigmatiza, con una idea instalada en la opinión pública y que ya adquirió el gobierno nacional a través de casos como Skanska, la valija feliz o las compras de tierras turísticas en la Patagonia a precio vil, por citar sólo algunos ejemplos de un sustancioso y original vademécum. Palabra esta que sirve para oportuno anclaje con temas relativos a lo que ocurrió en la cartera de salud provincial.

No significa que el caso que asocia al empresario Lorenzo y al hoy procesado Costa salpique hacia instancias superiores. Pero en el cotidiano laberinto de las rutinas sencillas de la vida se instaló una idea de asimilación de la imagen negativa del gobierno nacional. Los claros ejemplos al respecto de la sospecha permanente -como un atributo que hoy se halla indisoluble-, expanden sus fronteras y todo puede ocurrir, aún en lugares donde quienes están con el poder puedan desconocer las operaciones se realizan en las segundas líneas.

Es por eso que un conflicto de estas características alimentó la voracidad mediática como no era para menos y, si bien hubo algún impacto interesante en lo periodístico por el paquete fiscal de Scioli, fue tal vez insuficiente para las expectativas oficiales.

Este "paquetazo impositivo" finalmente no pudo esperar a diciembre, donde un pequeño retraso puede traer un mayor condicionamiento de la oposición con creciente espacio en ambas cámaras. Oposición que, por otra parte, hará mutis por el foro mientras la imagen oficial se esmerile con un nuevo costo político, pero que puede ayudar en algo si las cosas mejoran en la recaudación.

Los expertos tributaristas señalan que, en un marco virtual de apuestas, habría que colocar fichas de calle o pleno al impuesto de carga y descarga en los 14 puertos del territorio bonaerense.

El pago de la tasa de 8 pesos por tonelada de carga y 24 de descarga por idéntica medida podría generar un embolso adicional a las arcas del Estado de unos 500 millones de pesos extra. El mayor costo monetario recaerá en exportadores que suelen percibir sus operaciones en dólares o euros con lo cual el bolsillo de los bonaerenses no quedaría afectado.

Sí va a afectar a determinada cantidad de bonaerenses la habilitación del impuesto a los sellos en compra y venta de usados, que pasará a ser un elemento de negociación más entre quienes realizan estas operaciones, sean particulares o concesionarias. En este caso, se descubrió otro "nicho" que no se había explorado y que puede provocar también otra alegría para los recaudadores. En este caso no se puede mensurar sino en base a estimaciones pasadas.

Tampoco se puede calcular qué impacto podría provocar el impuesto a la herencia que pasaría a cobrarse cuando se gestionen las sucesiones. Lo cierto es que se prevé que un 80 por ciento de lo recaudado por este concepto vaya a la cartera educativa y el 20 por ciento restante a los municipios. Este gravamen ya tiene algunos reclamos de derecho de autor en el anterior titular de ARBA, Santiago Montoya, y en algunos legisladores como el caso de Laura Berardo.

Pero lo curioso de este impuesto tiene que ver, según las lenguas filosas, con cierto privilegio para personeros de la dictadura militar.

Ocurre que este impuesto tuvo vigencia hasta 1976, hasta que curiosamente el denominado Proceso y su interventor provincial decidieron eliminarlo de la legislación, obviamente con la sola voluntad de hacer y sin "obstáculos" parlamentarios. No son pocos quienes señalan que no era casualidad que para esos años había fallecido el padre del entonces ministro de Economía de Nación, José Alfredo Martínez de Hoz, reconocido hacendado y poseedor de enormes extensiones de pampa húmeda en territorio bonaerense. El pago de un impuesto en esas condiciones hubiera resultado molesto a los bolsillos de un heredero con poder.

Desde el oficialismo se interpretó este paquete impositivo con el clásico optimismo que apunta a mostrar reacción ante un desdichado y problemático presente donde los números no dan para narrar obras de ciencia ficción sino de necesidades extremas de coyuntura. Los sueldos son más que una entelequia nacida de una discusión entre materialismo o idealismo y parece que es lo único asegurado que la administración Scioli tiene hasta fin de año.

Scioli ya adelantó, en un arriesgado gesto de compromiso, que no se emitirán patacones en la Provincia mientras él sea gobernador. Recordaba así a la promesa de no aumentar impuestos que George Bush padre había realizado en su campaña por reelección presidencial en Estados Unidos allá por 1992.

Por el momento seguirá aplicando el lápiz rojo del ajuste sobre el cual parece que hay un trazo corto. No hay mucho por ahorrar y la mayor necesidad es recaudar. Por lo pronto, al ajuste en obras públicas no licitadas se sumó la idea del ministro de Gobierno Eduardo Camaño de disolver las policías comunales porque da la impresión que no han agregado más soluciones durante su corta vida, desde la creación en la gestión del gobernador Felipe Solá y de su ministro de Seguridad, León Arslanián. (www.agencianova.com)

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