Esperan definiciones de la Cámara Federal

Esperan definiciones de la Cámara Federal
Los querellantes reclaman que se acelere el proceso. Se consolida "la política de impunidad", dicen.
CENTENARIO (ACE).- El cambio de jueza en la causa que se encarga de los delitos cometidos durante la dictadura en el juzgado Federal de Neuquén capital provocó fuerte impacto en los querellantes que aguardaron durante todo el año pasado que se convocara al segundo juicio por crímenes de lesa humanidad.

El 30 de diciembre la jueza a cargo del juzgado, Margarita Gudiño de Arguelles fue reemplazada por la Cámara Federal de Roca, que dispuso poner como subrogante de la sala 2 (penal) a la jueza Carolina Pandolfi.

"Mas allá de las figuras personales, es una política de impunidad a nivel nacional. Todo el 2009 la causa estuvo parada y la cámara intenta poner obstáculos a los organismos de Derechos Humanos para poder avanzar", criticó Ivana Dal Bianco, querellante por el Ceprodh.

La medida causó preocupación en la querella de la APDH por el inicio del segundo jucio, aunque no emitieron aún su postura. Para la Cámara -que decidió cambiar la titular del Juzgado- la modificación sólo derivará en atrasos "razonables" que no serán graves debido -según se indicó- a lo avanzado del "andamiaje" de la elevación a juicio, a que casi la totalidad de las apelaciones están resueltas y a la continuidad del equipo de la secretaría coordinada por Silvina Dominguez.

El procesamiento de militares de inteligencia, jefes del ejército, policías federales, provinciales y agentes de inteligencia -como Raúl Guglielminetti- por secuestros, torturas y desapariciones forzadas contra 39 víctimas de la región se produjo en septiembre de 2008 cuando aún estaba en funciones el ex juez federal Guillermo Labate, mientras que para el 22 de diciembre de ese año quedaron confirmados 26 procesamientos. A fines del 2009 la Cámara de Roca habían rechazado la mayoría de las apelaciones presentadas por las defensas, aunque un último recurso presentado por el ex interventor militar de la comisaría de Cipolletti en 1976, Gustavo Vitón, dejó el procesamiento sin confirmar del militar retirado, que fue la autoridad máxima de la unidad cuando funcionó como un centro de torturas alternativo a "La Escuelita" en ese período.

Hubo también en los dos últimos meses de 2009 planteos de las querellas ante la cámara, que les exigió a los organismos formalidades de representación para participar del segundo juicio.

"Esto tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional: van a ser seis años de anulada la ley de Obediencia Debida y el Punto Final y sólo hubo 60 condenados en las causas penales. En Neuquén en particular, los ocho condenados en el primer juicio están en su mayoría con prisión domiciliaria, y los procesados -del segundo juicio- están en la misma condición, el tiempo les favorece en esta política de impunidad y juzgamiento", dijo Dal Bianco.

Para el camarista federal Ricardo Barreiro, el segundo juicio que ventilará delitos de lesa humanidad "viene demorado porque los imputados han hecho lo posible para demorarlo".

Agregó que desde la Cámara de apelaciones "fuimos resolviendo todos los temas; la persona en funciones (por Pandolfi) ya tomó contacto con la causa porque la estuvo subrogando; igualmente lo estructural del proceso el personal del juzgado lo conoce al dedillo con la actividad de la secretaria Domínguez que ha permitido la continuidad a pesar de los cambios de juez; no son los 40 cuerpos de la causa los antecedentes que se requieren analizar en detalle para elevar a juicio, sino desde el procesamiento en adelante, con una confirmación existente, apelaciones resueltas y un andamiaje o plataforma que está resuelto; estimo que no habrá en el cambio de juez una demora significativa porque Pandolfi ha tenido que tramitar la causa y la demora no creo que sea significativa" dijo Barreiro. E insistió en que la dilación "enorme" fue causada por los 9 equipos de defensa que presentaron todos los recursos a su alcance; al tiempo que deslizó que no hubo medida disciplinaria en el reemplazo de la jueza Gudiño, sino que la magistrada -que fue contratada especialmente ya que es jubilada de la Justicia- "no cumplió con un recaudo que le fijó la Cámara, demoró diez meses y se dejó sin efecto su convocatoria".

Comentá la nota