A la espera de otra oferta, Judiciales arrancan su segunda semana de paros.

El Gobierno evalúa mejorar su propuesta pero estaría descartado el doble blanqueo que se reclama. Reunión con Sanz y Juri.
La Justicia mendocina ingresará hoy en su segunda semana de paro, en línea con el plan de lucha de los empleados judiciales que el miércoles y jueves pasado paralizó en forma total la actividad de los Tribunales; el viernes provocó una fuerte inactividad, atenuada por las guardias de emergencia que ordenó la Suprema Corte.

En el curso de esta mañana funcionarios de los ministerios de Hacienda y de Gobierno -posiblemente los propios ministros Adrián Cerroni y Mario Adaro- se reunirán en la Casa de Gobierno a evaluar alternativas de mejora a las últimas ofertas.

En tanto, los empleados se volverán a reunir en asamblea en Tribunales para definir la continuidad o suspensión de las medidas de fuerza. La conducción gremial tiene previsto reunirse este mediodía con los candidatos cobistas y radicales del Frente Cívico Federal: Ernesto Sanz y Mariana Juri y preparan el desembarco -mañana- de la conducción nacional de la Federación Judicial Argentina, que encabeza Víctor Mendivil.

La presencia de Sanz y Juri en la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales, se producirá sólo cinco días después de que el ministro de Gobierno, Mario Adaro, calificara de "político" al paro de los judiciales.

"Esperamos la presentación de una nueva propuesta salarial", reconocen en el gremio que encabeza Carlos Ordóñez.

"Nos vamos a reunir en la mañana (de hoy) para ver cómo podemos mejorar la propuesta", confirman en la Casa de Gobierno. No obstante, en el Ejecutivo prácticamente descartan un blanqueo de dos ítems, tal como implícitamente solicita hoy el gremio.

La última propuesta de aumento salarial para los 4.000 empleados judiciales tendría un costo anual para el Estado de $ 12 millones, de los que $ 7,5 millones deberían provenir de ahorros presupuestarios dispuestos por la Suprema Corte.

Esta oferta fue una reformulación de otras anteriores e incluyó el aumento común de $ 230 a lo que se agregó un incremento de $ 110 a $ 140 en las oficinas fiscales (que tienen mayor carga horaria) y se evaluó hacer remunerativo pero no bonificable un código de $ 75 que viene siendo pagado desde 2004.

También se incorporó el pago del ítem "bloqueo de título" por $ 100 para 400 profesionales (co-defensores, prosecretarios) que no pueden hacer uso de su título en otro ámbito.

Este ofrecimiento fue rechazado la semana pasada por los judiciales y Ordóñez reclamó el blanqueo de un segundo ítem denominado "Necesidad Extraordinaria de Servicios", que significa el pago de $ 130 a $ 152 por empleado; un adicional que se viene pagando "en negro" desde 2006.

"Son $ 6,5 millones más (por año)", dijo Ordóñez este fin de semana (aunque la semana pasada estimó el costo en $ 8 millones) al tiempo que consideró que "este otorgamiento podría dar por finalizado el conflicto".

Cálculo oficial

"Un segundo blanqueo, más el aumento salarial general, llevaría el costo anual de la suba de los judiciales a casi $ 24 millones", afirman en el Gobierno, al borde de descartar la propuesta.

En principio, el Ejecutivo sigue ratificando su criterio de mantener a los judiciales dentro de las pautas generales de aumento para todos los empleados del Estado y se estima que en la mañana de hoy se podrá evaluar la posibilidad de un posible "cambio de blanqueo" de un ítem a otro, pero sin sumar a ambos. El Ejecutivo intenta evitar aumentos diferenciales que generen disconformidades y refloten reclamos en otros gremios estatales con los que ya "cerró" acuerdos.

En Judiciales, no obstante, hacen hincapié en la "brecha salarial creciente con los jueces" y consideran que ya existieron "aumentos adicionales" para los profesionales médicos de Ampros. En tanto, el Gobierno descarta que este mayor monto sea consecuencia de la aplicación del convenio del sector.

Los judiciales se siguen mostrando disconformes porque el ofrecimiento de valores similares a los de otros sectores del Estado aparece como porcentualmente menor respecto de sus mayores ingresos. Enfatizan con mucha energía que viven una situación de brecha salarial mayor con relación a sus niveles jerárquicos, ya que los ingresos de los magistrados son sustancialmente superiores a los de los funcionarios del Ejecutivo o autoridades legislativas.

En el curso de la semana pasada la Suprema Corte de Justicia ordenó que los empleados judiciales en huelga cumplieran con las tareas urgentes solicitadas por magistrados y autorizó a estos funcionarios a aplicar sanciones en caso de negativa del personal.

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial es la única que no ha firmado aún un convenio salarial para este año, luego de los acuerdos escalonados del gobierno con el SUTE, ATE, ATSA y Ampros.

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