Se espera una orden del juez en el caso de las viviendas tomadas.

Una semana después de la usurpación y ante el fracaso de la mediación, el juez Bombini podría ordenar en las próximas horas el desalojo de las casas que están adjudicadas a habitantes de la villa de Paso.
Al quedar agotadas todas las instancias de negociación con los que ocupan las viviendas del Plan Dignidad ubicadas en El Martillo Chico, en las próximas horas, el juez de garantías Gabriel Bombini podría hacer lugar a un pedido de la fiscal Graciela Trill, por lo que ordenaría el inmediato desalojo del lugar, con la intervención de las fuerzas policiales.

Alrededor de las 2 de la madrugada de ayer, la Municipalidad, representada por el secretario de Legal y Técnica Martín Colombo, y la Provincia, por medio del delegado local del Instituto de la Vivienda Miguel Bartolucci, entre otros, dieron por finalizada la etapa de conciliación de las partes, cuando los representantes de los ocupantes, con el patrocinio del abogado Juan Pablo Gelemur, rechazaron todas las propuestas, incluso aquellas que habían sido consensuadas y que suponían un principio de acuerdo.

De esta forma, las partes le comunicaron la falta de acuerdo al titular de la Oficina de Mediación Sergio Irigoin, que había intervenido en el caso con el objetivo de que fueran los protagonistas de este conflicto los que acercaran una solución. En ese momento se dio por finalizada la instancia conciliadora abierta una semana atrás y que se prolongó hasta las primeras horas de ayer, después de tres cuartos intermedios.

Diferencias inzanjables

Tal como se informó en la edición de la víspera, la diferencia entre las partes estribó en que los ocupantes no aceptaron un desalojo inmediato de las viviendas destinadas a los habitantes de la Villa de Paso. Contraofertaron un "retiro progresivo" y reclamaron una "propuesta superadora" para las familias que aún permanecen allí, consistente en incluirlas en programas de mejoramiento y adjudicación de viviendas de la provincia de Buenos Aires, por fuera de los listados oficiales ya confeccionados.

Igualmente, teniendo en cuenta que los ocupantes provienen de una villa situada junto al arroyo Las Chacras, otra de las medidas consensuadas durante la mediación fue que la Municipalidad se hacía cargo de limpiar el curso de agua para evitar que se desborde con las lluvias e inunde la zona, como sucede con cada precipitación intensa.

Pero a pesar del principio de acuerdo, cuando el asunto se trató "en asamblea" entre los ocupantes del barrio, la respuesta fue un rechazo total.

Tras el fracaso, los representantes municipales y provinciales abandonaron la Oficina de Mediación y manifestaron que la toma de las viviendas tenía "connotaciones políticas" y que la intención de las autoridades "no es, como pretendían algunos de los grupos que habrían instado la medida, victimizar aún más a estas familias, negándole el acceso a una vivienda digna, sino que (esa reivindicación) se hiciera por los canales normales".

Además recordaron que las 200 familias del lugar, que habitaban parte de las casillas precarias ubicadas a cinco cuadras del complejo habitacional del Plan Dignidad, estaban inscriptas en una nómina de 7.000 postulantes a viviendas, correspondientes a los distintos planes nacionales y provinciales.

No hace falta una nueva denuncia

Por eso, como la apertura de la vía judicial estaba supeditada a que no se llegara a un acuerdo, como realmente sucedió, no fue necesario que la Provincia y la empresa constructora, con al apoyo del municipio, presentaran una denuncia por el delito penal de "usurpación", ya que ese paso se cumplió ante la Fiscalía al suscitarse el conflicto.

Eso determinó que ayer a la mañana la fiscal Trill analizara en su despacho qué medidas correspondía tomar. Se supo que dispuso que una comisión policial se trasladara al lugar para identificar a cada uno de los ocupantes.

Pero cuando la policía se presentó en el barrio los representantes de la toma comunicaron que sólo accederían a esa identificación si concurría el juez de Garantías y se convocaba a los medios de prensa.

De hecho, hasta media tarde esa instancia judicial no se había cumplido.

Coincidencia entre los jueces

Como se recordará, en lo que respecta a la intervención judicial, producida la toma de las viviendas, además de la fiscal Trill, tomó intervención el juez de Garantías en turno, Juan Francisco Tapia, quien dictó una "medida cautelar", consistente en "garantizar la integridad física de los accionantes, posibilitando el ingreso de alimentos y el suministro de agua potable, y la eventual atención médica".

La disposición tiene vigencia "durante el período de ocupación de las viviendas por parte de los grupos familiares y hasta tanto las autoridades provinciales o municipales acuerden con dichas personas su traslado a otro predio habitacional o bien media una orden de autoridad judicial competente que disponga el lanzamiento de los ocupantes".

Es decir que ya el juez Tapia delimitó la solución al conflicto pero tomando para el interín una medida humanitaria, como la de asegurar la provisión de agua y alimentos, ante la posibilidad de que se bloqueara el acceso para obligar a los usurpadores a retirarse del lugar.

Las actuaciones de este caso pasaron ahora al juez Bombini, quien es el magistrado de turno, por lo que si éste dispone el desalojo de los ocupantes, será en cumplimiento de lo que ya había dispuesto su colega Tapia.

Abogado de ocupantes

confía en la negociación

Juan Pablo Gelemur, representante legal de las familias que ocupan las viviendas del Plan Dignidad, se mostró ayer optimista en resolver el conflicto por medio del diálogo a pesar de la decisión de la mediación de derivarlo a la Justicia.

"Esto no va a caer en un desalojo, a nadie le conviene una situación de represión. Yo celebro que intervenga la Justicia porque confío en que traiga un poco de sentido común. Hasta el momento no encontramos eco al reclamo de vivienda digna, algo que a las familias no les sorprende", dijo Gelemur a LA CAPITAL.

Acerca de la decisión de la fiscal de hacer un listado con los nombres de quienes toman las viviendas, Gelemur señaló que "antes de tomar contacto con la causa ella pidió nuestros teléfonos, pero nunca se comunicó y cuando la fuimos a ver ni nos atendió. De todos modos, y sin contradecirme, creo que esto es una situación política, que excede al marco de la actuación del Ministerio Público Fiscal".

Finalmente, el letrado dijo que "el diálogo siempre está abierto de nuestro lado".

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