En paralelo, vecinos han optado por mostrar carteles en medio de las protestas o replicar mensajes por las redes sociales difundiendo nombres e imágenes de hombres condenados o sospechados por abuso sexual en General Pico.

Pero esa modalidad de exposición no es la que prevé la legislación que en este momento se está reglamentando en la provincia.

El 22 de abril, vecinos autoconvocados organizaron a una concentración en la plaza San Martín ante la posibilidad que un violador, acusado de abusar de una niña de 8 años, tuviera salidas transitorias.

Uno de los integrantes del grupo remarcó entonces que esperan que se reglamente la ley del Registro de Violadores y contó que muchas víctimas de delitos contra la integridad se han unido ante la última concentración.

Incluso en esa misma manifestación una mujer contó su testimonio y exhibió en un cartel el nombre del presunto abusador de sus dos hijas y escribió también el domicilio y la ocupación del imputado.

A partir de la violación y muerte de Sofía Viale (12 años) las manifestaciones de vecinos que cuestionan los beneficios de aquellas personas que fueron condenadas por abuso sexual y salen antes de cumplir la totalidad de la sentencia, ya sea por libertad asistida o condicional, han sido recurrentes.

Justamente este año el proyecto de ley del Registro de Violadores, que elaboró el diputado provincial Mariano Fernández (PJ) y se implementó en 2009, está siendo modificado.

Pionera.

El legislador, en diálogo con LA ARENA, evaluó que los cambios que se esperan implementar han demostrado ser necesarios ante la realidad actual. Y expresó que la idea original del proyecto era integrar en el registro a todos los condenados por delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, la iniciativa fue muy controvertida en ese momento llegando a tildarla de "anticonstitucional" y "estigmatizante".

Lo que finalmente se aprobó con consenso del Frepam, que sólo incluye a quienes tienen una pena mínima de tres años, fue igualmente un avance. Al punto que La Pampa junto con Mendoza fueron provincias "pioneras" en el tema, explicó Fernández.

Pero la dinámica del registro no está relacionada con la práctica social de denuncia pública que se está realizando en esta ciudad, publicando mediante Facebook o carteles con nombres, fotos y datos personales de los supuestos violadores.

El registro podrá ser consultado por operadores de la Justicia y la Policía, o mediante un pedido ante las autoridades pertinentes corroborado por una solicitud legítima. Por ejemplo, una escuela, un club o un gimnasio podrían chequear los antecedentes de las personas que se contratan, detalló el legislador. Sobre todo teniendo en cuenta que "el 90 por ciento de los abusadores son reincidentes", indicó.

Determinar quiénes van a acceder al registro, las autoridades que harán ese monitoreo, es parte de lo que se está reglamentando, afirmó Fernández. Y agregó que la modificación de la ley ya está avanzada y se espera el dictamen dentro de unos 15 días.

Respuesta.

La vicegorbernadora Norma Durango, durante su última visita a la ciudad, indicó sobre el Registro de Violadores que la ley está siendo modificada y consideró que de esa forma se dará una respuesta al reclamo popular.

Por otro lado, se explayó: "Estamos trabajando con respecto a la violencia familiar, la violencia de género y hemos armado una Comisión Interpoderes, la cual ya tuvo cuatro reuniones". Desde ese ámbito participan los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo a través del Consejo de la Mujer, la Dirección de Violencia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, también instituciones no gubernamentales de Santa Rosa y General Pico.

Según refirió Durango se armó una agenda de capacitación y visibilización para toda la provincia. En abril ya se anunciaron las primeras jornadas de violencia de género para las cuales cada municipio deberá armar una estructura propia a fin de dar contención a su comunidad.