Ayer, por primera vez, se registró un "asalto" a uno de esos establecimientos en Mérida, en Extremadura, otra de las regiones en las que se hacen más notorios los efectos de la crisis económica española y el deterioro de la situación social.

En esta ciudad del sudoeste de España, un grupo de 50 personas ingresó en una sucursal de la cadena francesa de supermercados Carrefour y, mientras entonaban cánticos en contra de la política de ajuste del gobierno del presidente Mariano Rajoy, llenaron varios changos con alimentos básicos, para luego dejar el local sin pagarlos.

A la salida, la policía española incautó cuatro de los carros, desbordantes de fideos, harina, huevos y otros productos alimenticios que los manifestantes planeaban repartir en comedores sociales.

Sin embargo, el líder de la protesta y ex coordinador de la rama extremeña del partido Izquierda Unida (IU), Manuel Cañada, animó a quienes participaban de la "expropiación" a no desanimarse por la intervención de las fuerzas de seguridad.

"Tenemos que ponernos en pie y decir basta", señaló el dirigente, que evocó los primeros saqueos a supermercados realizados a principios de mes en Andalucía por el dirigente gremial Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien también es alcalde de la localidad de Marinaleda.

"Queremos expresar toda nuestra solidaridad con los compañeros andaluces. Ellos [por el gobierno nacional] los han querido presentar como rateros, cuando son gente que está denunciando el desempleo y la pobreza", afirmó.

Asimismo, Cañada reconoció que, a través de esta nueva acción, el grupo, formado en su mayoría por militantes del Colectivo la Trastienda y la Plataforma por la Renta Básica, buscó "denunciar" la grave situación de los 160.000 desocupados de la región, que en su mayoría ya no cobran ninguna clase de subsidio por desempleo.Animado por sus acompañantes, el político dejó además la puerta abierta a nuevas protestas de este tipo. "En esta lucha va a haber que poner el cuerpo porque [en el gobierno] no van a parar hasta que la gente trabajadora, la gente obrera, se ponga en pie con rabia y decida que basta ya", declaró.

Después del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis de deuda soberana de 2011 el desempleo ascendió en toda España hasta un 23%, cerca de cinco millones de desocupados.

En tanto, en el oficialismo buscaron restarle trascendencia al episodio. El delegado del gobierno de Rajoy en Extremadura, Germán López Iglesias, procuró quitarle legitimidad social al acto liderado por Cañada a través de un comunicado. "Algunos quieren hacer política en las calles, en los centros comerciales y en las zonas residenciales, pero estamos en la España del siglo XXI y para eso están las elecciones, los parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados", dijo, al tiempo que exhortó a "solucionar esos debates" en aquellas instituciones.

En cambio, desde la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la posición respecto del episodio vivido ayer en el Carrefour de Mérida no fue tan clara.

Luego de que el socialismo condenara los "asaltos" a los supermercados en Ecija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz) hace dos semanas, ayer la vocera de ese partido en Extremadura dijo que las acciones conducidas por Cañada "evidencian el drama" vivido por las familias más afectadas por la crisis en la región.

"Se hace necesario que el Parlamento [de Extremadura] apruebe el proyecto de ley de renta mínima de inserción social. Así se garantizará que la gente no pase hambre", dijo la vocera y diputada socialista Isabel Gil Rosiña..