España: el juez Garzón deja la causa por los crímenes del franquismo

Decidió trasladarla a los juzgados de las provincias donde se cometieron los asesinatos. Y declaró extinguida la responsabilidad penal de Francisco Franco y de otros altos funcionarios del régimen. Evita así que la Justicia lo declarara incompetente en el caso.
El juez español Baltasar Garzón decidió hoy abandonar la investigación sobre la represión y las desapariciones durante la dictadura franquista (1939-1975) y la Guerra Civil en España al inhibirse en la causa y trasladarla a los juzgados de las provincias donde se cometieron los crímenes. Así, el magistrado evita que la Audiencia Nacional lo declare incompetente en el caso.

El magistrado -que en esta causa tiene en su contra a la fiscalía y a parte de los jueces de su propio tribunal, la Audiencia Nacional- también declara extinguida la responsabilidad penal tanto del general Francisco Franco como de otros 44 ex altos funcionarios del régimen a los que había atribuido crímenes de lesa humanidad, tras dejar constancia de que todos ellos ya murieron.

Con esta resolución, de 152 páginas, Garzón se adelanta a la decisión que tiene que tomar próximamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cual debe resolver si el juez es competente o no en esta causa.

La fiscalía sostiene que Garzón no lo es y por ello recurrió las investigaciones del magistrado, paralizando además las exhumaciones de cadáveres que éste había ordenado en 25 fosas comunes halladas en España en los pasados años.

El magistrado se declaró competente el pasado 16 de octubre para ordenar la investigación tras recibir las denuncias de familiares de desaparecidos y al considerar que las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la humanidad.

Pero su decisión de ordenar la apertura de varias fosas, entre ellas una de la provincia de Granada, donde se cree que fue enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado al comienzo de la guerra, causó una fuerte polémica política y social.

El pasado 7 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la paralización cautelar de las exhumaciones al recibir un recurso del fiscal jefe, Javier Zaragoza, que consideró que Garzón no era competente para llevar a cabo esa investigación.

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