PáginaI12 En España

Desde Barcelona

Considerando que el costo del rescate bancario en España se cifra en 60.718 millones de euros, de los cuales 41.786 millones son dinero público –según acaba de publicar el Tribunal de cuentas del Estado– no es ilógico que ayer el Congreso aprobara una comisión de investigación de lo sucedido desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y su impacto en el sector financiero. Los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo ayer, una semana después de que se anunciara que el ex gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, y Julio Segura, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros altos cargos de los órganos supervisores, serán también llamados a declarar como imputados por autorizar la salida a bolsa de Bankia, pese a las advertencias de los inspectores de que la operación era inviable y suponía un riesgo evidente para los accionistas y los contribuyentes.

Tanto el balance demoledor del Tribunal de cuentas como la resolución de la Audiencia Nacional de revocar la decisión del juez instructor del caso Bankia- archivar la causa contra sus directivos- y ordenarle que los investigue, contribuyeron a agilizar el arranque de una análisis a fondo de la crisis financiera y el rescate bancario que hace tiempo pedían los partidos de la oposición. La comisión de investigación, que se iniciará dentro de dos meses, fue aprobada con los votos de Ciudadanos, que ya lo había solicitado en ocasiones anteriores; Unidos Podemos, la confluencia de izquierdas que también había pedido una investigación seria de la gestión de la crisis; el Partido Socialista (PSOE), que en principio quería limitar la pesquisa solamente a lo ocurrido en Bankia; y el Partido Popular (PP), quien hasta último momento no veía mayor interés en “este fervorín investigador que les ha entrado a los grupos de la oposición” –como declaró la semana pasada el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando– pero que, finalmente, también apoyó la creación de la comisión.

Los socialistas se posicionaron a favor de la investigación siempre y cuando no se analicen solo los años del rescate financiero, que implicarían directamente la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo económico, sino también que se ponga bajo la lupa la formación de la burbuja inmobiliaria, época en la que ya entraría el último mandato de José María Aznar y el supuesto boom económico de su entonces ministro Rodrigo Rato. La comisión aprobada ayer por el Congreso irá entonces más allá del caso Bankia y se remontará al año 2000, momento desde el cual intentará dilucidar lo que pasó durante la burbuja inmobiliaria, las políticas económicas, monetarias y financieras adoptadas y la actuaciones de los organismos reguladores que gestionaron el rescate millonario de la banca.

La semana pasada la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por primera vez un paso adelante en la investigación de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 con un folleto de emisión con datos contables y financieros presuntamente falsos. El tribunal presidido por el magistrado Antonio Díaz Delgado revocó la decisión del pasado noviembre del juez instructor del caso de no investigar la actuación de los máximos responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el estreno bursátil de la antigua Caja Madrid. El grupo financiero presidido entonces por el ex ministro de Economía Rodrigo Rato fue nacionalizado en mayo de 2012 y su rescate con fondos públicos costó 22.424 millones hasta principios del 2013, mientras que decenas de miles de pequeños inversores perdían sus ahorros con esta operación.

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y Julio Segura, ex presidente de la CNMV autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo”, según expresó el tribunal durante la imputación de los ex altos cargos. “También dieron luz verde a la operación pese a los avisos de que la solución de la salida a Bolsa suponía un grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes, estimado en unos 15.000 millones de euros”, una salida a Bolsa en la que participó toda la gran banca, excepto el BBVA, así como las principales empresas del Ibex 35.

Además de la fracasada salida a Bolsa de Bankia y su posterior rescate financiero y nacionalización, la comisión parlamentaria estudiará las irregularidades en la venta de productos financieros como las preferentes- fraude bancario que tuvo su punto álgido durante la burbuja inmobiliaria- o las cláusulas suelo de las hipotecas- condiciones abusivas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegales y, por ende, obligó a todos los bancos españoles a devolver a sus clientes el dinero cobrado por ese concepto. Asimismo, la comisión del Congreso se propone analizar la actuación del Banco de España, al permitir que el crédito creciera de forma desmesurada en los años previos al desastre (del 70% del PIB aproximadamente en 1995 al 180% en 2007), así como los orígenes de una crisis que llevó a la bancarrota a la mayor parte de Cajas de ahorros del país.

Se prevé que la comisión empiece a trabajar en mayo y el representante del grupo parlamentario de Unidos Podemos (la coalición entre Izquierda Unida y el partido de Pablo Iglesias) insistió en la necesidad de una duración suficiente para poder profundizar en un periodo tan extenso de tiempo como lo son 17 años. Los diputados, además, aseguran que todavía no trataron el tipo de testigos que llamarán a comparecer pero que no hay límites, es decir, que “si los presidentes de la época tienen que personarse en la comisión los llamarán”.