Por Flor Ragucci

Desde Barcelona

España todavía está muy lejos de un cambio político. Al menos eso es lo que hace pensar la jura de Mariano Rajoy ante el rey Felipe VI, que este lunes cristalizó la prolongación del gobierno conservador del Partido Popular (PP) por cuatro años más. El empantanamiento del grupo que históricamente lideró el centroizquierda, el Partido Socialista (PSOE), y que, con una crisis interna sin precedentes y la dimisión de su secretario general a cuestas acabó por facilitarle la investidura a su rival tampoco ayuda a vislumbrar otra política ni, qué decir, aquel fin del bipartidismo que con bombos y platillos se anunciaba en las vísperas de las primeras elecciones, allá por diciembre del 2015.

No, España tomó impulso, tenía ganas, se envalentonó y hasta se ilusionó con una renovación pero, a la vista de lo sucedido, ni era tanto el impulso tomado ni tanta la España que lo deseaba. El partido que tiene a sus más altos cargos imputados por corrupción y cuya estructura estuvo solventada durante, al menos, una década por una red mafiosa –la Trama Gürtel– sentada hoy en el banquillo, resultó vencedor en las urnas dos veces aunque, eso sí, sin mayoría absoluta como en la legislatura anterior.

Los 16 millones de españoles que el 20 de diciembre del año pasado apostaron por partidos que se oponían tajantemente a la continuidad de Rajoy en el poder, el 1º de noviembre del 2016 ven sus esperanzas defraudadas por un cúmulo de promesas rotas y acuerdos a sus espaldas. Lo máximo que este amplio sector de la ciudadanía pudo conseguir con su participación en dos convocatorias electorales fue quitarle la mayoría del Congreso al Partido Popular. Algo es algo. Pero no es mucho.

La nueva legislatura se plantea, de momento, lejana a la población, enfrascada en buscar solución a las innumerables rencillas internas que carcomen tanto a las nuevas como a las viejas formaciones, y apurada por los ultimátums de un calendario que lleva 10 meses posponiéndose. Los anhelos de nueva política y de participación directa en los asuntos de Estado con los que arrancó la carrera hacia La Moncloa hace ya un año, el fervor con el que se siguió la aparición de propuestas jóvenes como Podemos (a la izquierda) y Ciudadanos (a la derecha) se fue apagando con cada pacto “contranatura”, con cada discusión estéril, con el giro final del PSOE hacia la abstención que posibilitó la reelección de Rajoy.

Ahora que ya se sabe el final de la película –el PP gobernando en minoría, con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención de los socialistas– se puede empezar a reflexionar sobre lo vivido y a diseñar el nuevo camino (o a rediseñar el de siempre). En una entrevista que este domingo el ex secretario general de los socialistas dio al periodista Jordi Evole en su programa televisivo, Pedro Sánchez admitió haberse equivocado al tachar de “populistas” a Podemos. “No supe entender el movimiento que había detrás de Pablo Iglesias. El PSOE tiene que mirar de tú a tú y trabajar codo con codo con Podemos”, reconoció Sánchez en su primera entrevista tras renunciar a su cargo como diputado el pasado sábado, horas antes de la investidura de Rajoy.

Dentro del cuestionamiento que el ex líder socialista hizo, en el programa, de la incapacidad de acuerdo entre las izquierdas para conformar un gobierno alternativo, Sánchez calificó de “error” el haber aceptado la imposición de los barones de su partido de no aceptar el apoyo, ni siquiera la abstención, de las fuerzas independentistas, así como acusó a los poderes financieros –especialmente a Telefónica– y al grupo Prisa (propietario de, entre otros, el diario El País) de presionarlo para que no pactara con Podemos y se mantuviera a Rajoy en el poder. “Ha habido determinados medios de comunicación que me han dicho que si hubiera entendimiento con Podemos ellos lo criticarían. El País ha sido uno de ellos. Una de las explicaciones por las que la línea editorial haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal ha sido por que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas”, explicó Sánchez al periodista.

Como resultado de estos “errores”, de una ciudadanía ya desmovilizada y de 7 millones de votantes del PP, el partido conservador sigue al mando del Ejecutivo y, esta vez en continua negociación con el resto de formaciones por haber vuelto al Congreso en minoría, ayer emprendió una nueva legislatura que cuenta con muchos asuntos urgentes que resolver. El primero, tal como lo anunció Mariano Rajoy, “cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea (UE)”. Bruselas exige a España unos recortes de 5500 millones de euros para que el país cumpla el año que viene con su objetivo de reducir su déficit público al 3,1por ciento del PIB. “Queremos que en los próximos días el gobierno entrante, lo antes posible cuando asuma el cargo, presente un proyecto de plan presupuestario actualizado”, indicó la Comisión Europea en una carta enviada a Madrid. Rajoy ya adelantó en su discurso de investidura que el nuevo período estará marcado –al igual que en su anterior mandato– por esa reducción del gasto público que pide Europa. “No podemos gastar lo que no tenemos”, declaró, alarmando a quienes temen por las prestaciones estatales de salud, pensiones o educación (drásticamente mermadas en los últimos cuatro años).

Otro de los puntos claves de la nueva legislatura es el conflicto territorial con Cataluña, al cual Rajoy se refirió como “el reto más grave” que tiene España en estos momentos. En su línea habitual, el conservador remarcó al asumir su cargo que la primera de sus obligaciones es “defender la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad de los españoles y el respeto a la ley”, aunque matizó su rotunda negativa a la independencia catalana con la voluntad de diálogo que prometió tener durante el nuevo mandato.

Ese ímpetu conciliador que movió al líder del PP, sobre todo, en el primer debate de investidura, ya en el segundo perdió vigor y, ante la intención del resto de partidos de derogar leyes impulsadas por su partido, como la Ley Mordaza, la Lomce (de educación) o la reforma laboral, Mariano Rajoy dejó claro que no se tocan. “Si empezamos a derogar leyes por la única razón de que están aprobadas por otro le vamos a hacer un flaco favor a España. No hagamos contrarreformas”, declaró en su discurso previo a que los parlamentarios lo eligieran presidente.