España: una buena para el PP en un caso de corrupción

La Justicia le ha dado al fin una alegría al conservador Partido Popular. El primer partido opositor español lleva meses atrapado en el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afecta a algunos de sus dirigentes.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dio ayer carpetazo a una parte del caso: la causa abierta contra varios líderes regionales del PP, entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps. Estaban acusados por aceptar lujosos regalos de las empresas de Francisco Correa, el presunto jefe de una trama corrupta que, según la investigación policial, utilizaba sus amistades en el PP para conseguir contratos públicos y cobrar comisiones. Camps había sido imputado dentro de ese proceso, que inició el juez Baltasar Garzón, por recibir 12.000 euros en trajes a medida pagados por Alvaro Pérez -conocido en la investigación como "el Bigotes"-, el hombre de Correa en Valencia.

"El Bigotes" trabajó durante años para el PP en la organización de mitines del partido, a sueldo de Correa, y es amigo de Camps, además de contratista de la administración valenciana. "Amiguito del alma", lo calificaba el presidente de Valencia en una conversación telefónica entre ambos intervenida por la Policía durante las últimas Navidades. "Te quiero un huevo", afirmaba Camps en esa misma conversación. Le agradecía al "Bigotes" regalos navideños: "Quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es muy bonito". La empresa del "Bigotes" y Correa, Orange Market, recibió en los últimos años 7 millones de euros en contratos del gobierno que preside Camps.

Cuando el juez Garzón develó la trama, antes de que estas conversaciones telefónicas llegasen a la prensa, Camps mintió al asegurar que no conocía "de nada" al Bigotes. Más tarde negó los regalos: "Yo me pago mis trajes", afirmó en una contundente declaración pública, que después ratificó en su declaración judicial. El juez José Flors, quien se ocupó de la investigación después de que Garzón transfiriese esa parte del caso a la justicia valenciana, encontró pruebas que demostraban que Camps había mentido, por lo que decidió imputarlo por cohecho pasivo: un delito recogido en el Código Penal que condena a los funcionarios o cargos públicos que aceptan regalos y que está penado con una multa de entre tres y seis meses de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción protestó contra esta decisión, pues reducía los cargos contra Camps y dejaba libre al Bigotes; el cohecho pasivo, a diferencia del delito de cohecho, que pedía Anticorrupción, sólo castiga al funcionario, y con una pena menor.

El auto judicial del Tribunal Superior de Valencia, conocido ayer, deja claro que Camps mintió y que los regalos existieron, pero considera que no existe ningún delito porque no ve la relación entre los regalos y los contratos adjudicados a "Bigotes".

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