Más espacio para el Estado y muchos límites a la industria

La división del espectro radioeléctrico es uno de los rasgos centrales de la reforma propuesta.
Una de las primeras innovaciones del proyecto de ley de radiodifusión oficial es la división del espectro radioeléctrico en tres partes iguales. Un tercio para la industria audiovisual, otro tercio para el Estado y el último tercio para el sector comunitario. Ello exhibe una restricción a la industria audiovisual y un crecimiento de los medios públicos.

Pese a lo que dice el proyecto, las entidades sin fines de lucro ya tienen acceso a las licencias en la actualidad. Una de las casi 200 enmiendas de la ley vigente así lo admitió en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Lo nuevo de la iniciativa oficial es el ingreso de los sindicatos en la competencia audiovisual. El proyecto prevé que la autoridad de aplicación se reserve adjudicaciones a discreción, con el criterio de "administrar mejor el espectro radioeléctrico".

El segundo aspecto por destacar es la aún confusa integración de la autoridad de aplicación que incrementa la discrecionalidad de su intervención en la adjudicación de licencias y el control del mercado. Un ejemplo: para prorrogar licencias y decidir sobre el uso de las nuevas tecnologías digitales (conforme la norma japonesa de TV digital aprobada ayer), se crea el mecanismo de audiencias públicas. Pero no se aclara qué idoneidad tendrán sus integrantes. El artículo 2° del proyecto señala que "toda persona que acredite interés legítimo" podrá "participar en las audiencias públicas".

En relación con este asunto hay otra sorpresa: si hasta hoy la comunicación audiovisual es una actividad comercial (con la excepción ya apuntada de las ONG) y los titulares de licencias tienen que demostrar capacidad patrimonial para ser adjudicatarios, la propuesta del Gobierno sólo "ponderará criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad", sin más requisitos.

Al crear la incompatibilidad entre los que distribuyen señales y los que generan contenidos, ningún licenciatario de un canal de aire podrá tener una empresa de TV por cable.

El otro aspecto resistido en relación con este asunto es que la industria de la TV paga queda bajo la ley de radiodifusión. La TV por cable no usa el espectro radioeléctrico, que es el que debe tutelar el Gobierno. Con este criterio, los dueños de CableVisión, Supercanal Holdings, Multicanal y Telecentro deberían vender las señales informativas TN, América 24, TyC Sports y Canal 26.

A raíz de esta disposición, la empresa de TV satelital DirecTV, de los Estados Unidos, que tributa hoy un canon de un tres por ciento (contra el cinco por ciento de las empresas locales) queda a salvo.

Uno de los cambios primordiales, que modificará por completo la prestación actual de los servicios de TV, Internet y telefonía ( triple play ) es el ingreso a la cancha de las empresas telefónicas (Grupo Telefónica y Telecom, con la reciente incorporación de Eduardo Eurnekian). El artículo 155 del proyecto, en un fárrago de derogaciones, hace caer el decreto 60/90, que contiene el pliego de venta de la ex empresa estatal Entel, en el que se prohibió a las telefónicas operar en el mercado de los medios.

Otro artículo que despertó polémica es el que fija la adecuación perentoria de los licenciatarios a la nueva ley, obligándolos a vender compulsivamente los medios que excedan los límites fijados por el proyecto oficial. Se vulneran, de ese modo, "derechos adquiridos" y se viola la seguridad jurídica, dicen las empresas del sector.

En cuanto al número de licencias disponibles por licenciatario, se permite hasta 10 frecuencias de TV abierta y radio en todo el país, siempre que el adjudicatario no supere el 35% de cobertura. Y hasta 24 licencias en caso de la TV paga. El artículo 35 habla de "localizaciones", lo que puede traducirse en barrios o provincias, dada la ausencia de especificación.

Por ejemplo, en Buenos Aires, un licenciatario podría tener hasta tres radios (una AM y dos FM). Y si accediera a una señal de cable, tendría que vender una radio.

En cuanto al pago de la tarifa a cargo de los usuarios de TV paga, el proyecto prevé un "abono social" que será definido por la modalidad de "audiencias públicas", cuya integración no está clara.

La publicidad en la TV paga estará reglamentada y todas las señales de TV por cable local, reguladas. Ello crea una disparidad en la competencia con las señales que se producen y se distribuyen desde el exterior, integradas hoy a la TV local.

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