ESMA: el Gobierno dice que hubo una "chicana judicial"

Rechazó las críticas por la supuesta culpa del oficialismo en la demora en los procesos
El Gobierno redobló ayer la ofensiva contra los jueces a raíz de la orden de liberación -ahora en suspenso- que favoreció a Alfredo Astiz, Jorge "el Tigre" Acosta y otros 19 represores que actuaron en la ESMA durante la dictadura. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, calificó ayer de "una chicana judicial" el polémico fallo de la Cámara de Casación Penal que se conoció el jueves.

"No sé si fue o no una operación, pero claramente se trató de un retroceso y una demostración de que, a veces, la chicana judicial tiene más éxito que la cuestión de fondo por resolver", dijo el jefe de los ministros.

De esa manera, reforzó la estrategia oficial desplegada a partir del fallo, que incluyó el pedido de juicio político a los camaristas que votaron en favor de los represores.

El Gobierno intenta, además, deslindar responsabilidades por la falta de celeridad en los juicios por violaciones de los derechos humanos. Jueces y políticos opositores han acusado al Poder Ejecutivo y a los bloques oficialistas del Congreso por la falta de leyes que permitan agilizar el proceso de revisión de los crímenes de la última dictadura.

"Cuando hace algunas semanas la Presidenta dijo respecto de otro tema que la policía detiene y detiene, y la Justicia libera, libera, estaba alertando sobre la falta de celeridad de la Justicia", dijo Massa.

También citó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que días atrás había dicho que "si no hay celeridad en la Justicia, no hay justicia".

A pesar del fallo de Casación, los represores continuarán en prisión porque se presentó un recurso extraordinario que forzará a la Corte Suprema a tomar la última decisión. No se prevé que eso ocurra en el corto plazo.

Pero más allá de las consecuencias inmediatas, la sentencia promete avivar un largo debate político. Ante las críticas de la oposición por el congelamiento de proyectos para acelerar los juicios, el diputado kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura Carlos Kunkel rechazó las acusaciones y contraatacó.

Primero le apuntó a Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica: "Cuando ella fue la segunda de la estructura de fiscales del Chaco, durante el gobierno de Jorge Videla, no sé si presentó algún proyecto de modificación de los procedimientos". Y luego al ex camarista Ricardo Gil Lavedra, autor de un proyecto para acelerar los juicios: "Cuando fue ministro de Justicia, podría haber hecho esa reforma".

Anticipó, además, que el Consejo de la Magistratura evaluará cuanto antes las evidencias que presente el Gobierno sobre los jueces que tomaron la decisión en el caso ESMA para determinar si se elevarán los expedientes al jury de enjuiciamiento.

Caso testigo

Los crímenes: Astiz, Acosta y otra veintena de ex marinos están acusados por torturas y asesinatos cometidos en la ESMA.

Fallo polémico: el jueves, la Cámara de Casación Penal decidió liberar a 21 represores por considerar que estaba vencido el plazo de sus prisiones preventivas.

La reacción: el Gobierno y el fiscal de Casación pidieron la intervención de la Corte para frenar las liberaciones.

La culpa: los jueces, el Congreso y el Gobierno se pasaron facturas para determinar quién es responsable por las demoras en la concreción de los juicios sobre derechos humanos.

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