El "esfuerzo" de la provincia que pagarían los intendentes profundizó el debate por los tarifazos

El

Acatando un pedido del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidalpresentó una batería de proyectos para alivianar la presión tributaria sobre las facturas de servicios públicos y achicar los montos que paga cada usuario consumidor en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es mantener la vigencia plena de los aumentos de tarifas, atento que en la administración central aseguran que no hay otra alternativa que garantizarle a las prestatarias esos niveles de ganancia exorbitantes, que solo para las distribuidoras eléctricas de la provincia representaron 11 mil millones de pesos durante 2017.

Por eso, Vidal anunció con bombos y platillos que a través de decretos y proyectos de Ley que enviaría a la Legislatura iba a eliminar los impuestos provinciales que se pagan junto con la facturas de luz, gas y agua, y para reforzar la idea, el equipo económico que conduce Hernán Lacunza deslizó como argumento que algunos de esos tributos se arrastraban desde la dictadura cívico militar.

Pero lo que parecía el gran anuncio del año, en pocas horas se diluyó y hasta obligó a la mandataria a suspender una conferencia de prensa en la que iba a anunciar mejoras en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), para evitar preguntas incómodas sobre las medidas que había anunciado apenas un día antes.

Es que rápidamente se supo que por lo menos dos de los gravámenes que propuso eliminar el Ejecutivo, ya habían sido dejados sin efectos por un fallo judicial, que luego la provincia apeló, logrando reponer el cobro de las contribuciones fijadas por la Ley Provincial 7.290 y la Ley Provincial 9.038.  Solo este hecho ponía en duda las verdaderas motivaciones del anuncio.

Pero también aparecieron los primeros cálculos de usuarios de servicios, demostrando que por lo menos en algunos casos la eliminación de impuesto representaba sumas verdaderamente irrisorias que apenas superaban los 10 pesos en boletas de entre 200 y 300 pesos totales. La verdad es que la sumatoria de los impuestos de todas las facturas puede representar un número relativamente importante para las familias, pero si se toman de forma aislada las críticas pueden aparecer rápidamente.

La estocada final al proyecto, se la dieron los intendentes.  Claro que la mayoría de los oficialistas primero celebraron la medida y hasta algunos se atrevieron a deslizar que podrían analizar acompañarla con alguna iniciativa local de la misma naturaleza, sin embargo, los jefes comunales rápidamente se dieron cuenta que las modificaciones planteadas iban a desfinanciar las arcas de las comunas, y se multiplicaron las quejas.

Una vez más, Vidal debió dar marcha atrás con una medida, en este caso a instancias de sus propios aliados, que lograron bloquear la eliminación de una contribución del 6 por ciento en la tarifa de luz y del 4 por ciento en la tarifa de agua que perciben directamente los municipios, y que ahora deberá ser discutida en comisión, con pocas chances de materializarse.

Miguel Lunghi, de Tandil, y Jorge Petrecca, de Junín, se animaron a plantear públicamente sus reparos al proyecto oficial, pero en privado, la amplia mayoría de los intendentes de Cambiemos objetó la rebaja de esas contribuciones, argumentando que la única manera de cubrir el rojo fiscal que eso puede generar, sería aumentando las tasas municipales, lo que podría hacer volar por los aires el pacto fiscal que promueve el ejecutivo.

En definitiva, el gobierno dejó la impresión de haber acatado una orden de arriba, más que de haber tomado una medida apresurada. Además, logró generar consensos entre los sectores de la oposición que coinciden en que no se trata de una solución de fondo y que en la instancia final las únicas beneficiadas son las empresas prestatarias que a costilla del usuario o a costilla del Estado tienen garantizadas sus ganancias millonarias.

La Legislatura arrancó con actividad intensa

La segunda sesión del año en la Legislatura de la provincia cubrió las expectativas de aquellos que reclamaban que la actividad no estuviera planchada como el año pasado, y en el recinto de Diputado se aprobaron importantes y polémicos proyectos, que aún sin convertirse en Ley, marcarán la agenda política de los siguientes meses.

El Ejecutivo logró girar al Senado el proyecto de modificación del Jury de Enjuiciamiento de magistrados, que había levantado una polvareda de críticas y sospechas de algunos sectores de que se trataba de cambios ad hoc, para garantizar el resultado en algunos procesos en curso contra figuras destacadas de la justicia bonaerense.  A pesar de eso, Cambiemos logró los números para su aprobación en la Cámara baja y ahora espera solo un trámite en senadores, dónde cuenta con mayoría.

En materia profesional finalmente se creó el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, entidad que según las estimaciones de sus impulsores podría matricular a entre 12 y 15 mil ingenieros de esa especialidad, lo que abre el interrogante sobre la legalidad o no en el desarrollo de la actividad de ese número de profesionales, ya que en el CIPBA, solo hay registro de alrededor del 15 por ciento de esa cantidad. Es decir, que o bien hasta el momento unos 10 mil ingenieros agrónomos no ejercían su profesión, o bien lo hacían sin contar con la matrícula correspondiente para hacerlo.

De tratarse de la segunda opción, el Estado deberá dar explicaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que los agrónomos son los encargados de generar las recetas a través de las cuales se deben dispensar y aplicar los agroquímicos, por lo que la falta de matrícula, sería también una muestra de la falta de controles y regulación por parte de la provincia.

También en materia profesional, pero con derivaciones sobre la salud pública y con el tinte político que le da la defensa de la autonomía de la provincia, la Cámara baja aprobó un proyecto de Lisandro Bonelli para convertir en taxativo el artículo 14 de la Ley de farmacias, que enumera quienes pueden instalar una farmacia y no incluye en esa nómina a las sociedades anónimas, por lo que las cadenas como Farmacity quedarían fuera del negocio.

El proyecto fue rechazado por el oficialismo y si bien tiene pocas chances de ser aprobado en el Senado o de tener algún efecto práctico en el litigio que mantiene la empresa de Mario Quintana con la provincia, lo cierto es que el debate en el recinto estuvo muy por encima del nivel argumental que suele exhibirse en la cámara, centralmente por todos los elementos secundarios que se pusieron en juego.

Coment� la nota