Si la Legislatura aprueba antes de fin de año la nueva Ley de Educación -como espera el Ejecutivo provincial-, a partir de marzo próximo sólo podrán recibir subsidios del Estado las escuelas privadas que no cobren arancel alguno a sus alumnos.

Así lo advirtió ayer el secretario de Educación, Aldo Spessot, durante el encuentro convocado por la comisión de Educación de la Legislatura para difundir el proyecto de ley y colectar nuevos aportes.

Actualmente en la provincia existen subsidios para las escuelas de gestión social, que son gratuitas, pero también varios establecimientos privados pagos reciben regularmente recursos del presupuesto público, a pesar de que la Constitución provincial lo prohibe expresamente.

En Bariloche son al menos tres las escuelas en esta situación, sin contar las religiosas.

Espeso dijo que la reglamentación del título 8 de la ley 2.444, emitida años atrás por el gobierno radical, abrió la puerta a esa excepción, que ahora quedaría sin efecto.

Según explicó, la nueva ley que impulsa el gobierno y que fue elaborada luego de varios meses de debate en foros y asambleas, no se propone otra cosa que cumplir con la letra estricta de la Constitución. Por eso los subsidios para el pago de salarios docentes sólo estarán destinados a las escuelas "gratuitas, que tengan una función social y que no sean discriminatorias".

Durante la jornada de ayer la untar presentó una ponencia para imponer un régimen aun más restrictivo, que también restaría cualquier apoyo con dineros públicos a las escuelas "confesionales".

En nombre del gremio expuso el docente Sergio González, quien sostuvo que "todo el esfuerzo del Estado tiene que estar en la escuela pública" y que deben quedar excluidas de los subsidios los establecimientos "que tengan algún tipo de arancel o las que tengan orientación religiosa".

Otro dirigente de Unter, Edgardo Straini, explicó luego a este diario que el texto del proyecto de ley "no es del todo claro" en ese tema y que el gremio reclama una redacción más explícita, porque de otro modo "el Estado seguirá sosteniendo la educación de escuelas católicas".

Dijo incluso que la posición del gremio es que para acceder a los dineros públicos las escuelas privadas o de gestión social deben permitir la injerencia estatal en la selección de los docentes. Algo que hoy no ocurre.

Spessot sostuvo que esa cláusula no está incluida. Admitió que sería de aplicación conflictiva, pero aclaró que desde este año "se exige al menos que los docentes de escuela privada estén inscriptos en Junta de Clasificación y tengan título habilitante".