La escuela pública está privatizada

Por: Gustavo Iaies

DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN POLITICAS PUBLICAS (CEPP)

El Estado nacional y los provinciales no logran gestionar bien la escuela. Ni siquiera pueden garantizar los 180 días de clase. Las aulas parecen sometidas a objetivos políticos, sindicales y económicos, por encima de los intereses colectivos.

Nadie en la Argentina deja de definirse como defensor de la escuela pública cuando habla de educación. Esa afirmación sirve para declarar un paro, criticar a los maestros, explicar las razones por las cuales una familia ha optado por una escuela de gestión privada, es decir: para todo. Se pueden defender causas totalmente opuestas con la bandera de la defensa de la escuela pública.

¿Qué es una institución pública? Más allá de matices, podemos decir que son aquellas que controla y regula el Estado y las que tienen objetivos que superan cualquier interés privado. La escuela es pública porque está por encima de los derechos y obligaciones de cada uno de nosotros, responde al interés de todos.

¿Es pública la escuela pública, entonces? En principio, los estados provinciales no están pudiendo controlarla, ni siquiera para garantizar 180 días de clase.

En segundo lugar, pareciera sometida a objetivos políticos, sindicales, económicos, por sobre los públicos: que los alumnos culminen su escolaridad y aprendan lo que la sociedad ha fijado como apropiado en los diseños curriculares. Es decir, los objetivos públicos han quedado relegados, los chicos no están aprendiendo lo pautado y cada vez son más los jóvenes que abandonan la escuela. Hemos "privatizado" la escuela pública: prevalecen los intereses políticos, sindicales, económicos, por sobre los públicos, los de todos.

Y eso no tiene que ver con quién la gestione, el Estado o los privados. La escuela se privatiza cuando el Estado pierde su control y deja de responder a los objetivos colectivos. El desafío entonces es hacer pública la escuela pública.

¿Cómo generamos normas que la "blinden" de las incapacidades que tenemos como sociedad para proteger su funcionamiento? ¿Cómo generamos las condiciones para que el Estado pueda garantizar este bien público? ¿Cómo hacemos los adultos de esta sociedad para garantizar el futuro de nuestros chicos y jóvenes?

En principio, tendremos que asumir que es una prioridad sobre otras; que cualquier conflicto, prioridad presupuestaria, interés individual debe quedar relegado frente a ese bien público, al objetivo colectivo, al de toda la sociedad.

Nada es más importante que la formación de los chicos y jóvenes. Nadie puede apropiarse del interés público, ni los gobiernos, ni las corporaciones, ni las empresas, ni los grupos profesionales pueden someterlo a sus objetivos privados, por justos que éstos resulten.

No hay debate ideológico, sindical, político, social, que justifique dejar a los chicos sin una educación de calidad. Hablemos claro: tenemos que fijar pautas que protejan a la escuela y cumplirlas. No alcanza con leyes que promueven derechos y mejoras pero no establecen las responsabilidades de cada uno y las sanciones para quienes no las cumplen. Nuestro problema no es tanto aumentar los derechos, sino cumplir las obligaciones. Si la educación de calidad es un objetivo de todos, eso debe ser expresado por toda la sociedad. Padres, familias, ciudadanos en general, debemos demandar una mejor educación para nuestros chicos y jóvenes.

Y al mismo tiempo debemos asumir nuestras responsabilidades para que eso ocurra. De nada sirve que los padres culpen a los maestros, los maestros a los padres, los funcionarios a la década de los noventa y todos, a los políticos. Seamos protagonistas de nuestras crisis para poder serlo de las soluciones.

La salida a nuestra incapacidad de hacer pública la escuela pública no puede ser escapar a las escuelas de gestión privada. Ese camino es interesante si resulta de una verdadera elección, no de la percepción de que no existe otra salida. Necesitamos volver a la idea de que la escuela pública está por encima de cualquier otro interés, que los maestros y directores deben ser respetados por la importancia de la tarea que se les ha encomendado, reconocidos por la sociedad y deben hacerse merecedores de ese reconocimiento.

Somos una sociedad que suele mezclar las palabras y las cosas, como decía Michael Foucault. Declaramos la defensa de la escuela pública, para privatizarla. Quizás haya llegado la hora de hablar claro, evitar los ideologismos: los chicos y los jóvenes necesitan ir a la escuela, formarse y aprender. Y los adultos de esta sociedad debemos garantizarles ese derecho. El resto importa menos.

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