"Una red de escuchas"

Las fuerzas opositoras de la ciudad reclaman que Montenegro dé explicaciones ante la Legislatura por el espionaje ilegal. Sospechan pinchaduras en las líneas telefónicas de los diputados.
Los legisladores de la oposición porteña pedirán la interpelación del ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, luego de la detención del abogado Ciro Gerardo James en la investigación por espionaje ilegal al dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA Sergio Burstein y al empresario Carlos Avila. Los dirigentes aseguraron que James estaba contratado por el gobierno porteño y alertaron: "Hay elementos para sospechar que estamos ante el comienzo de una red de escuchas telefónicas ilegales realizadas por un ex policía vinculado con Jorge ‘Fino’ Palacios y con el gobierno de Mauricio Macri". Incluso deslizaron sospechas de pinchaduras a las líneas de los diputados. En la gestión PRO desmintieron que James haya estado contratado "en ningún lado del gobierno porteño".

Luego de que el juez Norberto Oyarbide ordenara detener a James en la causa en la que se investigan las escuchas ilegales a Burstein –uno de los familiares que más activamente participaron para remover al Fino Palacios de la Policía Metropolitana–, los opositores porteños anunciaron que presentarán un pedido de informes para indagar cómo estaba contratado James y que pedirán la interpelación del ministro de Justicia.

"Montenegro negó la vinculación de James con el gobierno de la ciudad. Sin embargo, éste prestaba servicios en el área Legal del propio Montenegro, quien seguramente lo haya hecho ingresar a través de un convenio de la Universidad de Buenos Aires con el GCBA por asesoría jurídica. El objetivo de la contratación de James era armar un servicio de inteligencia en el marco de la Policía Metropolitana", sostuvo el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que participó de una conferencia de prensa junto a los kirchneristas Juan Cabandié, María José Lubertino y Francisco "Tito" Nenna, Pablo Failde (Identidad Porteña), Patricia Walsh (Nueva Izquierda), Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Martín Hourest (Igualdad Social) y los ibarristas Gabriela Alegre, Raúl Puy y Eduardo Epszteyn.

Epszteyn contó que recibió una llamada de "personas vinculadas al proyecto de seguridad telefónica de la UTN, que me informaron que me estaban siguiendo con el GPS de mi celular y que mi teléfono estaba intervenido". El jefe del bloque de Diálogo por Buenos Aires le reclamó al vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, que indague si hay líneas pinchadas en los despachos de los diputados porteños.

"Que el ministro Montenegro venga a dar explicaciones es lo menos que se puede pedir", advirtió Walsh, en tanto que Failde detalló que el ministro "deberá explicar las verdaderas funciones que tienen pensadas para la policía". "Montenegro debe venir a la Legislatura, al recinto, y si se niega debe, entonces, girar su renuncia al Ejecutivo para no teñir a las instituciones de la Ciudad con inseguridad", estimó Hourest. "La Legislatura lo sacó al Fino hace menos de un mes. No le dijimos nada de (el vice a cargo, Osvaldo) Chamorro, por lo que Macri tuvo una enorme oportunidad de revisar lo que tenía adentro para ponerlo en otra perspectiva. No hizo nada al respecto. Peor: siguen saltando cada vez más desastres", consideró Abrevaya.

Ibarra relató que "James fue presentado a Montenegro por el Fino Palacios, quien lo conocía porque trabaja en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, que Palacios dirigió. En otras palabras, Macri y Montenegro pusieron al frente de la Policía Metropolitana a una persona que está ahora procesada por la causa AMIA y que tenía entre sus colaboradores a un ex policía que se dedicaba a pinchar teléfonos en forma ilegal y que ahora está detenido por orden de la Justicia".

En el gobierno porteño negaron que Montenegro conozca a James. "El doctor James nunca perteneció a la planta del gobierno de la ciudad a través de ningún convenio ni a la Policía Metropolitana. No pasó ni por la puerta", sostuvieron cerca del funcionario. También consideraron que "no les consta" la existencia de escuchas. Por su parte, Ibarra y Epszteyn se presentarían hoy ante el juzgado de Oyarbide para pedirle que impida cualquier adulteración de los registros de contratación de la gestión PRO y compruebe si James tenía un contrato en el Ministerio de Justicia.

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