El escenario posible tras la condena a la violación del Tratado del Río Uruguay

El 2010 es algo más que el aniversario de los 200 años de la Patria. Es un año que marcará un antes y un después a nivel planetario con respecto a la resolución de conflictos ambientales de magnitud mundial.
El mundo está viviendo hoy –no dentro de unas décadas- las consecuencias del maltrato al medio ambiente: escasez de agua dulce, cambio climático, poluciones, entre otros males, y todo agravando la calidad de vida no sólo de las comunidades humanas sino la del ecosistema en su conjunto.

Esta mirada no puede ser advenediza ni tampoco inocente, porque si se reconocen que hay intereses políticos y económicos asfixiando la atmósfera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (institución creado por Naciones Unidas) también se deberá admitir que las conciencias y los dictados morales en materia ambiental no son menores.

Los analistas jurídicos internacionales indican que en abril la Corte de La Haya podría estar dictando su fallo en el largo conflicto que viven Argentina y la República Oriental del Uruguay.

Lejos de la enseñanza de don José Artigas, el general de hombres libres, que dijo: "No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad"; Botnia-UPM-Finlandia no será ajena a esta cuestión, tanto en sus consecuencias como en la restauración de la paz social que caracterizó los casi dos siglos de hermandad entre los pueblos que viven a orillas del río de los pájaros.

Todas las fuentes consultadas por EL ARGENTINO (tanto de Argentina como de Uruguay) reconocen que la Corte Internacional tiene elementos materiales más que suficientes y lógicos que indican que el Estado uruguayo violó el Tratado.

En donde no se ponen de acuerdo es en el carácter que le asignará La Haya a esa violación.

En principio, por una lógica elemental, no quedaría impune más allá que la Corte Internacional no aplica sanciones. ¿Cómo es esto? Se elimina la teoría de los hechos consumados. Es como decirle a una persona víctima de una violación que no tendrá Justicia porque el hecho ya se realizó. Esa barbaridad no va a ocurrir de ninguna manera.

En consecuencia, lo que quedaría por analizar es el renglón siguiente que deberá escribirse en el fallo, luego de reconocer que se ha violado el Tratado Binacional.

Es decir, la Corte deberá explicitar si esa violación tendrá una asignación o una consecuencia o será simple advertencia para que en el futuro no vuelva a ocurrir. En ambos casos, el apercibimiento ya tiene para la lucha de Gualeguaychú un plus favorable, porque deja a Botnia en la más completa ilegalidad.

El presidente electo uruguayo, José "Pepe" Mujica ya transmitió que quiere desprenderse de Botnia. La expresión para pasar del deseo a la posibilidad dependerá del tenor del fallo de la Corte de La Haya. De todos modos, él ya recibió el mensaje: Botnia deberá irse para que la normalidad vuelva a ser parte de la historia de ambos pueblos.

Con respecto al tema ambiental, La Haya no podrá ajustarse a consideraciones estrictamente técnicas, dado que ambos países han presentado sus documentos donde una parte sostiene que contamina y que en muchos casos su daño es irreversible (Argentina) y la otra (Uruguay) que contamina pero dentro de los estándares establecidos en su momento.

En este campo, algunos especulan que la Corte Internacional podría recomendar o sugerir o dejar la puerta abierta para que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tenga una función mayúscula en materia de controles ambientales.

Si ese fuera el caso, se deduce que también debería establecer un tiempo determinado para que las pruebas se hagan de forma conjuntas y evitar los estudios unilaterales. El otro aspecto vinculado con esta posibilidad es que establezca un monitoreo independiente e internacional, aunque esa perspectiva es más débil por la desconfianza que generan las propias corporaciones económicas con una alta tradición en la manipulación de la información y los datos.

En este caso –sea cual fuere- siempre queda la puerta abierta para nuevas presentaciones ante la misma Corte; lo que permite aventurar con seguridad que si esto ocurre, el 2010 no será el final del conflicto sino apenas un capítulo más.

II

Como cualquier fallo judicial habrá que analizarlo para valorar lo que tiene de positivo y negativo. Mucho más el de la Corte Internacional que tendrá un lenguaje que oscilará entre lo jurídico y lo diplomático.

Algunas huellas ya dejó La Haya en este conflicto, que en un caso no hablan muy bien del paradigma jurídico en materia ambiental (cuando Argentina presentó la medida cautelar para detener las obras de Botnia) y por el otro se mostró de avanzada cuando el Uruguay hizo lo propio al intentar que se ordenara el levantamiento del corte de ruta en Arroyo Verde, más precisamente en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136, que vincula a la ciudad con Fray Bentos a través del puente "General San Martín".

Con respecto a la cautelar Argentina, la Corte Internacional adhirió al paradigma del Código Civil del siglo XIX y sostuvo la teoría que en materia ambiental primero debe existir el daño para actuar en consecuencia. Esto lo sostuvo a sabiendas que iba a ser un escándalo académico en cualquier facultad de Derecho del mundo, porque renunció al concepto de prevención. ¿Corregirá este paradigma en su inminente fallo?

Y se mostró más actualizada cuando no intervino en la medida de protesta del corte de ruta, y además explicitó que esa acción es ajena a su incumbencia.

De todos modos, más allá de toda especulación, lo concreto es que los jueces de La Haya tienen una oportunidad histórica para marcar un rumbo en materia ambiental y algunos más optimistas aseguran que no dejarán pasar esta ocasión.

Todos coinciden que se vive un momento internacional favorable para que se tomen decisiones jurídicas que repercutan favorablemente en la salud del planeta, y expresan que este fallo podría ser una bisagra a nivel mundial. Puede haber un antes o un después, tanto en lo positivo como negativo.

Es evidente que hay un conflicto internacional en la materia. Y si bien los escépticos pueden sostener que nada de esto ocurrirá porque ya fracasó Copenhague; es evidente que los impactos climáticos golpean hoy en el rostro no ya de Europa sino de toda la humanidad. No se puede mirar para otro lado, la naturaleza pasa las facturas y lo hace hoy.

III

La Argentina concurrió a La Haya por pedido y presión de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

Acudir a la Justicia es el último estadio de civilización para resolver un conflicto. Todo lo demás es barbarie. Se acude a la Justicia cuando –como en este caso- se fracasó en el diálogo bilateral, cuando se frustraron las negociaciones y las mediaciones y cuando la diplomacia quedó encerrada o aturdida en sus expresiones pacatas y fue incapaz de construir escenarios de acuerdos en paz.

Se sabe que técnicamente el fallo de La Haya es obligatorio para los Estados, aunque existan países que hayan generado peligrosos precedentes en el mundo como Estados Unidos que lo desconoció en su momento.

Las cancillerías de Argentina y Uruguay no dejaron –esta vez- lugar a titubeos en cuanto a que acatarán lo dictado por la Corte Internacional. ¿Lo deberá acatar la ciudadanía que pidió esta instancia?

Siempre se puede recurrir a la Corte y si bien sus fallos son inapelables, siempre se generan nuevas instancias para concurrir en queja. Y para los que prefieren la mirada más corta, luego del fallo de La Haya ¿Gualeguaychú deberá retirarse de Arroyo Verde?

La respuesta la dará la propia comunidad. No puede ser ajeno a este análisis que Arroyo Verde es un punto de vigilancia que interpela diariamente para que se hagan las cosas como corresponde. Y la Asamblea ya dio ese paso al convocar a un gran encuentro ciudadano para decidir en forma conjunta lo más conveniente para Gualeguaychú y los intereses que está defendiendo.

Es cierto que es un derecho constitucional la libertad de tránsito de las personas y bienes. También es verdad que la Constitución y los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales resguardan el derecho a la vida y a un medio ambiente sano. Se sabe, a su vez, que el derecho no puede contradecirse; aunque se admite que puede tensionarse. Ante esta tensión se debe optar por el de mayor jerarquía. En este aspecto, Gualeguaychú también dio otro paso más adelante al sostener que para esta comunidad el derecho a la vida y al medio ambiente sano es innegociable.

Arroyo Verde es hija de Botnia o en todo caso nació como consecuencia de la existencia de la pastera. Algunas precisiones –sin eclipsar el debate del sí o del no al corte- deben hacerse.

El puente internacional "General San Martín" no está cortado. De hecho pasan vehículos diariamente por ese enlace vial. Lo que está cortada es la ruta internacional 136 a la altura del kilómetro 28.

La única vez que el puente compartido se cortó fue por orden del presidente Tabaré Vázquez, que lo hizo con alambres de púa y a punta de fusil.

Los otros cortes de ruta de los que nadie habla son: el gobierno uruguayo cortó de manera unilateral la libre navegación en inmediaciones de la planta de Botnia, lesionando el concepto ancestral de la libertad de navegación que tienen los ríos. No sólo prohíbe la navegación sino también el fondeo, es decir, "el estacionamiento" en esa zona; lo que constituye otra barbaridad. Y lo otro que cortó Tabaré Vázquez es el tránsito del diálogo al prohibir las reuniones entre los gualeguaychuenses y los fraybentinos. Flaco favor se le hace a la democracia del Mercosur mantener esas medidas por decisión de un Estado.

No obstante estas razones, la experiencia humana enseña que cuando un medio se transforma en un fin, por más nobles que sean esos fines, todo termina desvirtuado. Este debate se deberá dar más temprano que tarde o en todo caso se deberá analizar cómo se supera la contradicción; teniendo en cuenta que no se puede traspasar los límites de construcción de civilización por más noble que sea el reclamo.

Este punto no sólo obliga a Gualeguaychú y no puede centrarse únicamente en Arroyo Verde. También es una interpelación –y muy severa- a los Estados y a la propia Botnia, dado que nadie crece ni se desarrolla en un conflicto permanente.

IV

Sea cual sea el fallo de La Haya, Gualeguaychú ya ganó. Marcó un antes y un después en materia de lucha ambiental. Hizo carne el concepto –tan pregonado en Naciones Unidas- de actuar localmente con una mirada global. Interpeló a los Estados para que no pusieran a las repúblicas de rodilla y se convirtieran en gerencias de las multinacionales extraccionistas como Botnia. Actualizó el concepto de licencia social y desnudó la macabra planificación del Primer Mundo que intenta trasladar sus industrias sucias a esta porción del planeta para sanearse sus países. Y hoy exhibe la contradicción de Europa y de los Estados que permiten que para una empresa como Botnia el agua dulce sea gratuita y una materia prima abundante, mientras el agua potable es para el común de los mortales onerosa y no renovable.

¿Cuál es el diseño que se viene? ¿El del saqueo, la expoliación, el de poner de rodillas a la República? ¿El de vivir en armonía, con proyectos sustentables, de largo plazo y sin lesionar lo que da la vida? La respuesta no es tan obvia como puede parecer. Mientras tanto habrá que seguir sosteniendo el NO a las papeleras y el SI a la vida, porque es evidente que esto todavía no se ha comprendido del todo.

Sin licencia social no habrá paz social. La paradoja a nivel mundial sigue siendo la misma de siempre: el avance tecnológico amenaza con destruir la vida. Gualeguaychú también marcó el camino y dice que "el futuro es hoy".

En el fallo de la Corte de La Haya se sabrá si finalmente el Derecho Penal será el mayor causante del daño al medio ambiente o habrá esperanza de que los problemas que se generan en la vida moderna puedan ser regulados a la luz de los anhelos de los pueblos.

El Derecho Penal será una herramienta del Estado para contribuir con la protección del planeta o será la ruta para que vengan empresas como Botnia a destruir el paraíso natural.

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