Escenario institucional Quilmes modificará la ordenanza de las antenas por presión de las empresas

¿Qué modelo de Estado queremos? Cuando un funcionario pasa a explicar lo que en realidad debería explicar una empresa privada, también debería decir algo en público sobre su cambio de actitud.

Es que así, el Estado deja de lado su lugar imparcial, para ponerse la camiseta de uno de los equipos en juego, traicionando al sistema.

Por años en Quilmes se habló de la existencia de una Municipalidad paralela, tramposa, que cobraba en negro y para el beneficio del sector en el poder, servicios que normalmente deberían engrosar las arcas públicas.

Forman parte de nuestra inocultable historia, desde registros de conducir apócrifos, pasando por inspecciones pautadas o actividades permitidas sólo en base a algún favor desconocido.

Con el Tribunal de Cuentas Provincial, dedicado a revisar sólo la formalidad de los expedientes, la Justicia Penal incapaz de mover un dedo para investigar al poder; y el Concejo Deliberante neutralizado en sus funciones de contralor político del gasto público, con la Defensoría del Pueblo en manos de una agrupación política y con la Auditoría Municipal sin la más mínima autonomía, la ciudadanía observa atónita cómo eligen moverse funcionarios que nadie conoce, ni representan a nadie, muchos de ellos, con su futuro ya asegurado bien lejos de Quilmes, quedando los locales y sus problemas como ajenos, aún en asuntos que les son indiscutiblemente propios.

A 25 años de la llegada de la democracia, Quilmes como organización jurídica y de gobierno que apunta al bien común, vive el desmoronamiento casi total de sus instituciones. La mantienen sitiada, intensos y crecidos intereses cruzados dispuestos a postergar el lugar que la Constitución Nacional le asigna al ciudadano.

En un contexto mundial, nacional y provincial que exige de cada ciudad una postura económicamente sólida y políticamente orientada al servicio de los intereses de todos los sectores que la integran, la realidad muestra que la pelea entre los más elementales y legítimos intereses ciudadanos, que confronten con cualquier actividad lucrativa, tarde o temprano terminan saldados a favor de estos últimos y de la peor forma. Donde hay plata, parece que gana la plata. Siempre.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS II

La actual administración, en algún momento hasta con más énfasis que sus antecesores, jura, promete, insiste y asegura que es tiempo de que el Estado aparezca en la escena pública como el gran actor del momento.

La pregunta que Gutiérrez y su administración todavía no han explicado es A qué Estado se apunta .

Tampoco resulta claro qué se dice cuando se refiere a la palabra Estado en sí misma y qué lugar le asigna a la segura corrupción de cualquier gobierno.

El rol del Estado es una frase muy usada, que puede perder sentido, o también puede explicar muchas formas de ver la realidad a la vez. En el marco legal argentino, el gobierno y sus funcionarios, tiene reservados un papel celosamente custodiado por el Código Penal.

Se busca que cada funcionario garantice con todo empeño su imparcialidad frente a las tensiones propias de una sociedad abierta. Imparcial, pero con una clara mirada sobre los costados más vulnerables, aunque siempre, primeramente imparcial. Nunca actuando a escondidas, en beneficio propio. NUNCA. Nunca actuando tras bambalinas, recaudando dinero para financiar la política. NUNCA.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS III

Aquí hace falta hacer un alto para mencionar la hipocresía de la sociedad que compartimos, que aún sabiendo que no existe una ley que aclare cómo se financian las campañas políticas, sigue aspirando a un administración pública transparente.

Dejando expresamente de lado este costado sin solución, resulta evidente que no hay democracia posible sin un Estado apegado a la ley; aunque critiquemos la ley vigente. Se demanda un Estado claro e imparcial. Imparcial pero fomentando lo que el conjunto tiende a olvidar, atendiendo lo que no resulta atractivo atender, pero siempre imparcial ante los lógicos intereses en juego.

Es el Estado el que reprime el delito, pero cuidando de no salirse de su marco, tiene a la Justicia como brazo ejecutor, en cuyo marco se garantizan los derechos, aún de quienes se equivocaron peor. Es que la esencia del Estado de derecho es la imparcialidad y la sujeción a la ley del funcionario actuante.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS IV

Cuando un funcionario pasa a explicar muy convencido, lo que en realidad debería explicar una empresa privada; ese funcionario debería dar explicaciones sobre su cambio de actitud frente al ciudadano que le paga el sueldo cada fin de mes.

Es que así, el Estado deja de lado su lugar imparcial ante el ciudadano, para ponerse la camiseta de uno de los equipos en juego, traicionando al sistema.

Es más, ni siquiera está eligiendo defender al sector más desprotegido, sino por el contrario, aparece del lado del poderoso, lo que en este caso, le suma una contradicción al discurso progresista y a la promesa reiterada desde el gobierno. Gatopardismo que le dicen.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS V

Cuando un funcionario además de hablar, sustituye a una empresa a la hora de dar explicaciones públicas, y además se escuda en presiones de los intereses empresarios, que no dan la cara, para impulsar cambios en la legislación de fondo en una ciudad, estamos ante un Estado quebrado.

Cualquier ciudadano tiene derecho a pensar que las empresas encuentran en un funcionario o en alguna repartición pública a un lobbista de lujo que defienda sus intereses. No tendrá más que acordar alguna forma de trabajo, para que sus intereses resulten impuestos sobre toda la población a la que afectan.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS VI

Las empresas de telefonía vienen ofreciendo en Quilmes un espectáculo digno de una investigación penal. Con los ciudadanos reclamando en cuatro idiomas, desde hace por lo menos cuatro años en distintas asambleas vecinales, las empresas se mantienen en total silencio. Como si estuvieran a buen resguardo detrás de los máximos escritorios de la ciudad.

Por una razón muy difícil de comprender en una conversación democrática, no necesitan dar el debate público sobre los reclamos vecinales, se saben ganadores de última instancia, por algunas ventajas que nadie termina de explicar de cara a la sociedad.

Sigue siendo motivo de fuerte rechazo social que un funcionario que llega a un cargo de la mano del voto popular, termine amparando los intereses empresarios, al extremo de ahogar el debate de las cuestiones públicas. Ahogar no es agotar.

Para cerrar la mención, hace falta recordar que estamos haciendo eje en el caso del servicio de telefonía móvil, aunque el comentario resulta de aplicación ante cada caso, presente por cientos en la vida cotidiana de una ciudad como Quilmes.

Estamos ante un servicio con una demanda muy extendida y empresas con mucha capacidad de movimiento. También es cierto que el imaginario colectivo es muy frondoso y manipulable. Sólo el debate abierto y con información fehaciente, puede ofrecer una respuesta racionalmente aceptable a la saludable controversia, en democracia.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS VII

Para darle un marco a la cuestión que mencionamos basta recordar que el Código Penal Argentino le destina un capítulo a reprochar el abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos . El próximo capítulo trata el delito de cohecho y tráfico de influencias.

Art. 256.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. El artículo siguiente reprocha la conducta de cualquier gestor que actúe en nombre del funcionario.

El artículo 259, aporta otro aspecto del mismo asunto, al decir: Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

QUE MODELO DE ESTADO QUEREMOS VIII

Pasando expresamente por alto el capítulo que se refiere a la malversación de caudales públicos, que no es materia de este aporte, llegamos al que apunta a las Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Art. 265.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Finalmente el Código apunta al Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados . Dice: Será reprimido el funcionario público que con fines de lucro utilizare sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado, de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

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