Escándalo en San José:Enfrentamientos, denuncias, amenazas y resistencia por la suspensión de Hernández

La localidad de San José, en Santa María, está muy convulsionada tras la suspensión de la intendenta justicialista Mónica Hernández por unos 60 días, por causa de denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos provenientes de regalías mineras.
La decisión la tomó el Concejo Deliberante el martes, en una sesión que prácticamente duró todo el día. Sin embargo esto no quedó allí. La intendenta resistió la embestida prácticamente "atrincherada" en el municipio y, según denunció el senador departamental Jesús Albarracín, "mandó gente a la calle" para que la defendiera y así realizaron una serie de escraches y provocaciones a la gente del pueblo.

A esto se suma una denuncia policial que radicó el concejal justicialista Claudio Quinteros, quien asegura que votó en contra de la intendenta porque fue amenazado. (Ver aparte).

Hernández, quien integra el Foro de Intendentes Peronistas, está acusada de malversar los fondos de las regalías mineras por un monto -según afirmó Albarracín- de 63 millones de pesos. Paralelamente, habría una causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"La plata no está y las obras tampoco, hasta hoy son 63 millones de pesos (que llegaron al municipio por regalías). Lo único que hicieron es pagar los sueldos, que por suerte están al día, y una obra de 2 millones de pesos que está aprobada por simple minoría y han pagado más de 10 millones de pesos. Ingresaron 12 millones de 2007, 14 millones de 2008 y 18 millones de 2009. Todo este dinero no fue rendido", denunció el senador. Y adelantó que "en fiscalía hay 15 causas penales por distinta índole: malversación de dinero, por no cumplir con sus funciones y otras tantas cosas más".

La suspensión

Albarracín recordó que no es la única vez que el Concejo Deliberante intentó suspender a la intendenta, sino que a diferencia del último martes, nunca se había logrado el voto de 4 concejales sobre los 5 que integran el cuerpo. "El Concejo Deliberante siempre denunció esto, y en varias oportunidades intentó suspenderla, pero tenía que tener la mayoría calificada y nunca llegaba a los 4 votos, porque había dos concejales, Quinteros y Cáceres, que toda la vida dijeron -no públicamente, pero sí entre sus amistades- que ellos estaban a la par de la intendenta porque ella les hizo muchos favores", cuestionó el legislador. De esta manera, manifestó, "eran cómplices de esta situación".

La gente en la calle

Por otra parte, Albarracín afirmó que ayer "la señora intendenta mandó a todos los contratados para que agredan a la gente que pasa por enfrente del municipio, y fueron a un medio de comunicación a escrachar".

El senador de Santa María dijo que el objetivo de Hernández "es que se enfrente el pueblo". "Le paga a la gente con plata del pueblo y la usa. Tiene como 400 contratados con 1.000 pesos, con 800 y 600 pesos, y a la gente que más necesita que tiene 5 ó 6 hijos, les paga 150 pesos", denunció. Y advirtió que quien quede a cargo de la intendencia tendrá que convocar a elecciones comunales en San José.

Denuncia policial

El concejal justicialista Claudio Quinteros radicó la denuncia en la policía, ese mismo martes después de que concluyera la sesión en el Concejo Deliberante, donde fue suspendida Hernández. Según se especifica en el acta policial, la denuncia "es de carácter penal", y allí el concejal acusa a "Edita Mosna, Damián Flores y otros" por amenazas. Asegura que desconoce el nombre de algunas personas, "pero en caso de verlos los ubicaría de inmediato".

En la denuncia concretamente, Quinteros señala: "Soy concejal del Partido Justicialista y hoy (por el martes) participé de la sesión Nº 20 en el Concejo Deliberante de esta localidad, y durante la sesión fui increpado y amenazado por estas personas y otras desconocidas para obligarme a votar sobre la suspensión de la señora intendenta Mónica Deolinda Hernández". También relata que "esta gente me dice que tenía que votar si no me iban a obligar a renunciar, en un tono de muy mala manera". Y remarca que de este hecho fueron testigos varias personas.

"Esta misma gente me había increpado en la sesión Nº 19, yo ya había votado negativamente para la suspensión de la señora intendenta, pero me volvieron a increpar para hacerme rever mi votación, lo que hice debido a amenazas y por temor a mi seguridad personal y de mi padre que llegó también al lugar", relató Quinteros.

Por último, dejó constancia que "cuando cesó la presión en el Concejo Deliberante, no aceptan volver a rever lo que había votado bajo coacción".

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