Un escándalo de espionaje sacude al gobierno de Uribe en Colombia

Los servicios secretos "pincharon" teléfonos de políticos, jueces y periodistas.
La denuncia probada de que periodistas, magistrados y dirigentes políticos de oposición al gobierno de Alvaro Uribe venían siendo víctimas de interceptaciones telefónicas y de sus correos electrónicos por parte de la policía secreta al servicio del Presidente de la República desató un escándalo de gran dimensión en esta nación andina y llevó al gobierno a negar que estuviera detrás de esos hechos y a replantearse la existencia del organismo.

Un informe de la prestigiosa revista Semana desató la polémica. En él, un miembro del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, un polémico organismo de inteligencia al servicio del mandatario colombiano, reveló la existencia de escuchas -sin que mediara orden judicial alguna- a varios de los principales periodistas críticos de Uribe, magistrados que guardan independencia frente al mandatario y dirigentes políticos opositores al presidente.

La polémica llevó al propio Uribe a desmentir haber dado una orden en ese sentido y a sus críticos a demandar explicaciones.

"Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", reaccionó indignado Uribe, quien aseguró que altos funcionarios de su gobierno -como su jefe de seguridad y el Secretario de la Presidencia- también han venido siendo víctimas de las interceptaciones. Por ello, no descartó que el organismo que lo defiende "llegara a estar infiltrado por grupos terroristas", según dijo.

Entre los espiados se encuentran dos de los principales opositores del mandatario colombiano: el senador de izquierda, ex guerrillero y miembro del Polo Democrático, Gustavo Petro, y la senadora liberal, Piedad Córdoba, ex mediadora de un canje de rehenes por rebeldes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una orden interna del DAS para expiar a Petro obligó en octubre pasado a que la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, presentara su renuncia.

"Aquí lo que queda al descubierto es una política oficial de interceptación y vigilancia policíaca a los contradictores", denunció a Clarín el portavoz en el Congreso del opositor partido Liberal, Héctor Rojas. La revelación sobre las escuchas provocó la renuncia del subdirector de contrainteligencia, Jorge Lagos, y de otros dos altos funcionarios del organismo y llevó al propio ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, a plantearse la posibilidad de acabar con el polémico organismo.

"El DAS requiere de una cirugía profunda. Es un enfermo en estado terminal, al que se le debe dar cristiana sepultura y crear una nueva", señaló Santos en una conferencia de prensa en Washington, donde se reunió ayer con su par estadounidense Robert Gates.

El caso deja muy mal parado al gobierno de Uribe e hizo recordar episodios tristes en el vecindario como el trabajo de Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, que todo lo controlaba desde su oficina, en el llamado "Pentagonito". El embajador estadounidense en Bogotá, William Browfield, reconoció que su país entregó parte de los equipos usados por el DAS para realizar escuchas. "No tengo ningún problema en admitir eso, tengo orgullo de eso, porque humildemente, gracias a esa colaboración EE.UU. y Colombia son países mejores", señaló,

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