Escándalo por una denuncia de acoso sexual en la Comisión Provincial por la Memoria

Una denuncia de acoso sexual salpica uno de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos de la Provincia. La acusación, por acoso sexual a una de las trabajadoras, recae sobre Alejandro Mosquera, miembro honorario del organismo y ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Dentro del organismo existen diferentes posturas.
Un escándalo interno amenaza con poner en crisis una de las instituciones más prestigiosas de Derechos Humanos de la Provincia. Una denuncia de acoso sexual recae sobre Alejandro Mosquera, secretario Ejecutivo y miembro honorario del organismo.

La denuncia, que aún no tiene carácter judicial, fue presentada por una de las trabajadoras -a través del colectivo feminista La Revuelta- hacia el interior de la institución. La denuncia fue confirmada a La Política Online por una de las abogadas de la asociación.

A instancias de la presentación, los restantes miembros de la Comisión resolvieron apartar otorgar a Mosquera una licencia con goce de sueldo.

“No voy a decir absolutamente nada sobre eso”, fue la respuesta de Hugo Cañon, uno de los presidentes de la institución ante una consulta de LPO. El abogado no quiso hablar del tema aunque ante una pregunta formal no desmintió la denuncia.

LPO intentó comunicarse con Mosquera pero no respondió los teléfonos. Incluso se llamó a la propia Comisión pidiendo un contacto con el acusado.

Posturas divididas dentro del Organismo

En el organismo las posturas están divididas. Existen quienes sostienen que Mosquera tiene que apartarse de la Comisión justamente para proteger la institución y, por otro lado, existen quienes prefieren “bancar” al ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense desechando la gravedad de la denuncia.

Dentro de la Comisión se viven momentos de tensión. Su último pronunciamiento público fue un comunicado fechado el viernes 26 de julio a través del cual la Comisión reclamó el apartamiento de César Milani como Jefe del Estado Mayor del Ejército. Allí aparecía la firma de Mosquera a pesar que el escándalo por la denuncia ya había estallado dentro del organismo.

Ese pronunciamiento generó todo un debate interno y se logró recién tras la posición del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige Horacio Verbitsky. El debate y la tensión interna tiene que ver con la compleja conformación del organismo donde confluyen militantes de La Cámpora con referentes de Derechos Humanos críticos del kirchenrismo.

La denuncia

La denuncia, según explicó la abogada Ruth Zurbriggem a LPO fue presentada el 2 de julio de este año por “una situación de acoso sexual y laboral contra una trabajadora de la Comisión”.

Desde La Revuelta explican que presentaron un escrito ante la comisión directiva del organismo de Derechos Humanos acompañada de una carta pública a la asamblea de trabajadores.

“La asamblea no duda en ningún momento de la denuncia y exige a la Comisión Directiva que separe del cargo a Mosquera y que se lo desvincule como representante del organismo en cualquier instancia pública”, explica Zurbriggem.

“Buscamos que exista una reparación hacia el interior del organismo. Queremos una investigación sobre Mosquera y que se adopten medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, agrega la abogada.

La denuncia aparece en medio de tensiones dentro de la institución por el posicionamiento político frente al gobierno nacional. Allí, conviven el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, un crítico del kirchnerismo; Hugo Cañón, un hombre de Martín Sabbatella. Más abajo, en las segundas filas, funcionarios vinculados a La Cámpora junto con otros vinculados a organismos de Derechos Humanos alejados del Gobierno nacional.

Desde el sciolismo señalaron una y otra vez que Mosquera también responde al titular del Afsca. Sin embargo, fuentes de Nuevo Encuentro desmintieron de plano esa vinculación política.

Mosquera formó parte del Partido Comunista. Más tarde del Frente Grande, Mosquera fue presidente de la Cámara de Diputados bonaerense en los años que Fernando de La Rúa era presidente. Además fue presidente de la bancada del Frepaso.

Mantienen un enfrentamiento con el gobierno provincial. “Ellos se convirtieron en operadores de la política de Seguridad bonaerense y desvirtuaron los objetivos por el cual la Comisión fue creada”, explican en el sciolismo.

Lo cierto es que la Legislatura no tiene control de los fondos que el gobierno provincial le asigna a la Comisión. Inicialmente existía una comisión bicameral que auditaba el dinero pero eso fue eliminado a través de una ley promovida por el diputado Fernando “Chino” Navarro durante el gobierno de Felipe Solá.

En la Legislatura existe un borrador de un proyecto de ley que le quita a la Comisión la independencia que hoy ostenta. Ese borrador auditaría los fondos que se gastan como también le impondría un esquema diferente de autoridades.

Por ahora, el borrador está cajoneado. “Creemos que es un debate que es interesante dar”, dicen en el sciolismo. Según fuentes sciolistas el proyecto podría avanzar si desde el organismo se embiste contra Daniel Scioli como sucedió en los últimos años, en consonancia con la llegada de Gabriel Mariotto al Senado.

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