Escándalo boliviano, arrugue santafesino

Una empresa enredada en un caso de corrupción que golpeó a Evo Morales en Bolivia busca cerrar negocios con 16 comunas del sur de Santa Fe para abastecerlas de gas. Algunas se enteraron del asunto y dieron marcha atrás.
El crimen de un empresario boliviano que desnudó un presunto caso de corrupción en el gobierno de Evo Morales espantó en Santa Fe a un grupo de presidentes comunales que se aprestaba a firmar contrato con una compañía que dotaría a esos pueblos de gas criogenado, para suplir la falta de ese combustible por red domiciliaria. Es que la empresa que presidía Jorge O’Connor –el ejecutivo asesinado el 27 de enero, con 450 mil dólares en su poder, atribuidos al pago de coimas al gobierno boliviano– es Catler Uniservice, la misma que estaba a punto de abastecer a Villa Mugueta, Pueblo Muñoz, Arminda, Fuentes y Coronel Arnold.

Catler había ganado una licitación del país vecino y en julio de 2008 había firmado contrato por 86 millones de dólares para montar una planta de gas en Santa Cruz de la Sierra. Pero tras el crimen y lo que se ventiló después, Morales echó al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez. Los jefes comunales santafesinos se enteraron de aquello y dieron marcha atrás con sus inéditos planes.

"La planta central iba a estar en San Genaro, donde nos íbamos a abastecer nosotros. Pero como ellos (por Catler) esperaban contar con algún dinero adelantado, no se llegó a firmar nada, quedó ahí", contó Fabián Calcabrini, presidente comunal de Arminda.

Su par de Villa Mugueta, Alberto Rassol, fue quien llevó a cabo las conversaciones. "Tuvimos tres reuniones con (el apoderado legal de Catler, Agustín) Melano, pero cuando investigamos los antecedentes de la empresa decidimos no seguir adelante", aseguró el jefe de esa comuna que tiene 2.800 habitantes.

SORPRESA. El empresario confirmó a Crítica de la Argentina sus contactos con jefes comunales del sur de Santa Fe para equiparlos de "gas criogenizado" y aseguró que esa posibilidad aún "está en pie". "Se trata de poner una planta para convertir el gas que viene por gasoducto a estado líquido, y reducir 600 metros cúbicos de gas a un metro cúbico líquido. Eso se lleva con camión como si fuera nafta o gasoil y después se lo vuelve a convertir en gas y se distribuye por las redes del pueblo", explicó.

Melano dijo que ese tipo de iniciativas no se realizó nunca en Argentina pero sí en otros países como Brasil y Chile. "Catler tiene la representación del sistema, pero se haría con un consorcio santafesino, integrado por comunas", dijo el empresario quien se molestó al ser consultado sobre su rol en el escándalo boliviano.

"En Bolivia la participación fue puramente técnica en una unión transitora de empresas. El contrato está en vigencia. La planta está construida en Estados Unidos en un 73 por ciento y se montará en Santa Cruz", respondió. Y agregó que él no está procesado –como afirman medios del país vecino– sino que sólo fue citado a declarar como testigo dos veces.

Además, señaló que "hay 16 comunas y varias estaciones de servicio interesadas" en el proyecto y que "en cualquier momento puede haber una sorpresa". El Gobierno provincial desconoce cualquier negociación.

Compran campo para el pueblo

Además del gas, en algunos pueblos el problema estriba en la falta de tierras para crecer, tal como publicó este diario hace dos semanas. Arminda, uno de ellos, no pasa de 400 habitantes. Por eso, su comuna logró comprar una parcela a un campo lindero y vendió todos los lotes para nuevas casas. El jefe comunal, Fabián Calcabrini, explicó que la política de la comuna es negociar con los dos dueños de los campos que rodean el pueblo para ofrecer a los jóvenes un lugar donde iniciar su vida. La comuna compró una hectárea a un productor el año pasado y de allí salieron 24 lotes que ya fueron comercializados. "Hay propietarios de campos vecinos que acceden a que el pueblo pueda expandirse, como el caso de los Zampa, que hace unos quince años lotearon dos manzanas y aún le quedan cuatro o cinco parcelas para vender", dijo. Esa familia, fundadora del pueblo, aclaró que no poseen mil hectáreas como publicó este medio sino "mucho menos" y que siempre han "colaborado para el crecimiento de Arminda".

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