La construcción del Centro Regional de Hemoterapia en el predio del hospital provincial “Ramón Carrillo” de 3 de Febrero, no es más que una pantalla para encubrir lo que se ha convertido en una nueva estafa en materia de obra pública.

Es que esta obra, financiada con fondos internacionales y ejecutada bajo la supervisión del ministerio de Salud nacional y provincial, no será más que otro Warnes (“elefante blanco”).

Lejos quedarán las críticas realizadas al entonces ministro Alejandro Collia respecto de las Unidades de Pronta Atención (UPA), ya que este gobierno pareciera haberse amigado con esta modalidad de crear megaestructuras que cuestan millones a todos los argentinos, pero que en los hechos no serán jamás inauguradas.

Tal como se advierte de las fotos que acompañan este artículo, la obra (de inminente entrega) es financiada con un préstamo internacional del Banco Internacional de Reconstrucción  y Fomento, dependiente del BID, bajo el n°7993-AR, que corre por expediente FESP II-1224-LPN-0 y fue establecido como una de las prioridades por el gobierno de Cambiemos. Sabido es que a principios del 2017, en los pasillos del ministerio de Salud de Nación, en el cual se encontraba trabajando como viceministro por ese entonces el actual ministro de la provincia de Buenos Aires Andrés Scarsi, fue vox populi la “urgencia” que se le debía impartir al trámite.

Tanto el pliego del llamado a licitación como los planos pueden ser consultados en la página de internet del ministerio de Salud de la Nación (sección FESP 2) www.msal.gov.ar y/o www.ufisalud.gov.ar.

¿A qué se debía este apuro?  La respuesta es más que obvia: se debía comenzar la obra cuanto antes para así devolver favores de campaña. Lo que no esperaban era cruzarse con el entonces director ejecutivo del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires (organismo responsable de poner en marcha el centro regional a inaugurar), doctor Oscar Torres.

Es que Torres, referente de la hemoterapia nacional y renombrado miembro de la Asociación Argentina de Hemoterapia, sospechaba que algo raro había detrás de semejante obra a poco de iniciado el gobierno. De hehco, tal como sospechaba, iba a concluir en la privatización de la hemoterapia; y no se equivocó.

Numerosas fueron las veces que el Torres solicitó a sus superiores respuesta sobre la puesta en marcha de esta mole sanitaria, recibiendo puras evasivas. Ante su insistencia, fue desplazado en el mes de septiembre de 2017 por el entonces subsecretario de Contralor del ministerio de Salud, Rafael Ventafridda, quien casualmente fue representante nacional del proyecto FESP en el ministerio de Salud de la Nación hasta principios del año 2017, es decir, era parte más que interesada en que la obra continúe.

Removido el obstáculo, quedó a cargo del Instituto de Hemoterapia la doctora Sebastiana Azzaro, quien fuera directora asociada del doctor Torres (en una maratónica carrera como funcionaria pública), quien conocía más que bien las reales intenciones de este proyecto ya que fue pergeñado por su gran amigo Rafale Ventafridda con aval del ministro Scarsi.

La obra, que si bien fue proyectada en 99 millones de pesos y las ofertas presentadas superaron los 130 millones de pesos,  en realidad no se sabe aún cuánto costará realmente ya que se está negociando una actualización del precio.

Ante la inminencia de la entrega del hospital, resulta más que llamativo que no se ha iniciado ni un solo expediente donde se haga referencia a la contratación de personal para que trabaje en este nuevo hospital, sobre todo cuando la falta de recurso humano en materia de salud es más que conocida. ¿O acaso alguien pudo ver en las oficinas de la dirección provincial de Hospitales algún expediente sobre este centro regional?

La respuesta es clara, es una estructura que nunca se va a operativizar bajo el marco del estado, ya que conocidos son los encuentros llevados a cabo por dueños de centros privados de hemoterapia y la máxima autoridad del Instituto de Hemoterapia doctora Sebastiana Azzaro, quienes no ven la hora de echar mano al gran botín.

Esto implica que, en los hechos, serán capitales privados los que se harán cargo de la hemoterapia del conurbano bonaerense con personal y equipamiento también privado, pero en un inmueble que ha costado millones a todos los argentinos, es una maniobra más de privatización de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Basta con ver las obras que se encuentran proyectadas en materia de Salud para el partido de Tres de Febrero en el recientemente aprobado presupuesto 2019, donde ninguna referencia existe a la puesta en funcionamiento del centro de hemoterapia de esa ciudad. Ni siquiera se ha escuchado a la gobernadora hablar del tema, siendo que cada vez que puede dedica horas y horas a difundir el cambio de lamparitas en las guardias de los hospitales. ¿No debiera acaso anunciar esta inauguración con bombos y platillos? ¿O no lo hace porque sabe que nunca va a ser ella quien aparezca en la foto de inauguración?

La economista Luisa Duro (actual subsecretaria de Planificación del ministerio de Salud) y la doctora Sebastiana Azzaro, con la anuencia de Romina Rodríguez (subsecretaria Administrativa y mano derecha del ministro de Salud y muy amiga del recorte), son los responsables de toda esta maniobra, quienes nada han hecho para torcer el triste destino que le deparará a esa faraónica obra.

Es por ello que sería inminente la interposición de un amparo para evitar el avance del sector privado en esta materia, medida judicial que iría de la mano de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude al fisco a todos los funcionarios citados en la presente denuncia.