Esbozos nacionales del acuerdo

Por Rosendo Fraga

Meses atrás, desde el Gobierno, se habló sin demasiada precisión del Pacto del Bicentenario, del Pacto Social y de las semejanzas de ambos con los de la Moncloa.

Hay quienes asemejaron, entonces, al Pacto Social, que había propuesto la presidenta Cristina Kirchner para su gobierno en la campaña electoral, con los pactos de la Moncloa. Estos últimos constituyeron una herramienta eficaz para que España entrara en la modernidad, tanto política como económica.

Sin embargo, conceptualmente, se trata de algo muy diferente. El pacto español fue un acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que estableció consensos básicos en lo político, social y económico. Así, dio el marco dentro del que se movieron los actores sociales. Es decir, el sindicalismo y el empresariado.

En el caso de la Argentina, sería como si Cristina Kirchner convocara a Macri, Solá, De Narváez, Morales, Carrió y Binner; o a todas las fuerzas con representación parlamentaria - como se hizo en España-, para firmar un acuerdo básico dentro del que la CGT y las entidades empresarias acuerden de manera sectorial.

En cambio, el llamado "Pacto Social" que se intentó desde el gobierno argentino fue un acuerdo tripartido de tipo corporativo entre el Gobierno, el sindicalismo -representado por la CGT- y el empresariado -cuya representación se adjudicó a la Unión Industrial Argentina y a la Cámara Argentina de Comercio, las dos entidades que representan a más cantidad de trabajadores afiliados.

La intención corporativa de este pacto se vio confirmada en el pasado, con la propuesta pública del oficialismo de otorgar a ambas entidades un aporte obligatorio de todas las empresas de cada sector, equivalente al 1% de la masa salarial.

Se trató de una iniciativa que debió requerir una ley para ser implementada, pero ya algunas entidades empresarias la tenían como la Asociación de Industriales Metalúrgicos, establecida en el convenio firmado con la Unión Obrera Metalúrgica.

Algunas empresas de este sector cuestionaron en la Justicia la obligatoriedad de este aporte y suspendieron su pago.

Una estrategia gubernamental que tenga como eje un pacto corporativo entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios corre el riesgo de reeditar métodos ya fracasados en la Argentina como ocurrió con el pacto social del Ministro José B. Gelbard en la primera mitad de los años setenta. Sobre ello debe reflexionar la candidata del oficialismo.

Los llamados Pactos o Acuerdos del Bicentenario -a veces se usó el singular- son para algunos un conjunto de metas a largo plazo; para otros, un programa de gobierno común; y hay quienes piensan que se trata del Pacto Social con otra denominación.

Más allá de la discusión terminológica y las circunstancias políticas, quienes gobiernan no deben olvidar que no hay mejor pacto que el Preámbulo de la Constitución Nacional.

El consenso urgente y necesario implica discutir y acordar. Sería más transparente y eficaz plantearlo así, que hacerlo mediante la confusión entre Pacto Social, Pactos de la Moncloa y Pacto o Acuerdos del Bicentenario, en la que parece haber entrado el oficialismo hace meses.

Hoy, el problema es que el fracaso del diálogo político ha bloqueado la posibilidad de establecer acuerdos entre el oficialismo y la oposición, similares al firmado en España en el momento de la transición.

Es desde la oposición, donde las gestiones entre el ex presidente Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno realizadas para establecer acuerdos básicos para un futuro gobierno, parecen hoy asemejarse más a un esbozo en la dirección de los Pactos de la Moncloa

El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

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