Piruetas de la política argentina: con la calificación legal de “operativo” del artículo 42º de la Constitución Nacional, más los fundamentos del fallo con el cual la Corte Suprema tiró abajo el llamado “tarifazo” del gas natural, los usuarios de servicios públicos y las entidades que los representan quedaron armados hasta los dientes.

Quizás un consumidor residencial de gas, luz o agua jamás hubiera conseguido tal grado de protección frente a los prestadores de no ser por la impericia del Gobierno nacional para salir del absurdo congelamiento de precios de la década pasada, que derivó en el escándalo político y judicial conocido.

Es que esa combinación de derechos consagrados en la Constitución con el fallo de la Corte deja pocos resquicios para que los prestadores –gran parte de ellos del mismo sector público– puedan eludir el control de los usuarios. La audiencia pública es precisamente una de las herramientas clave que tiene el consumidor.

Alcanza tal impacto el nuevo escenario que mientras espera una decisión del tribunal encabezado por Ricardo Lorenzetti sobre la medida interina de una jueza federal de La Plata que cuestionó el aumento mayorista de la electricidad, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) ya prepara cambios para el tratamiento de los incrementos tarifarios en las audiencias públicas.

De cualquier forma, lo que decida la Corte sobre ese pronunciamiento que no llega al estatus de amparo de la jueza Martina Isabel Forns es vital para Epec, empresa pública que por estas horas está recibiendo una nueva liquidación de la “transacción económica” –así se llama– de la compañía mayorista que le vende la electricidad, Cammesa.

Llegado el caso –sostienen en el ente que preside Mario Blanco– podría darse el absurdo de que Epec deba comprar la energía en el horario pico para sus usuarios residenciales a 320 pesos el megavatio, para distribuirla a sus clientes a 32 pesos.

El ente cordobés es uno de los que más experiencia acumula a nivel país en el tratamiento de los procesos tarifarios. En el caso de las tarifas eléctricas, si bien la herramienta siempre estuvo disponible, la primera audiencia pública se produjo el 20 de diciembre de 2007, año en el que la inflación comenzó a mostrar nuevamente sus afilados dientes y fue necesario recomponer ingresos.

Pero aún con una experiencia de nueve años a cuestas, el fallo de la Corte obligó al Ersep a afinar sus métodos y prepara una resolución en procura de no dejar resquicios para que sus audiencias públicas sobre electricidad y agua puedan ser cuestionadas.

Los cambios unifican criterios con los que vienen aplicando otros entes a nivel nacional.

Por ejemplo, el tiempo de inscripción para poder participar en carácter de expositor en las audiencias será acortado de los actuales tres días a dos días hábiles.

También, el tiempo de exposición por inscripto, que en Córdoba era de tres minutos, se extenderá a cinco minutos.

Se terminará con una veda que impedía que quienes se inscribían el mismo día sólo podían preguntar a través de un formulario. Podrán hacerlo en forma verbal, aunque dentro de un orden y según la disponibilidad de tiempo.

Finalmente, los mecanismos de difusión de la convocatoria a las audiencias serán más amplios. Este es un cambio central, en cierto modo derivado directamente del fallo de la Corte que les otorgó a la información al usuario y a la gradualidad de los reajustes dos estatus superlativos.

En cuando a la comunicación, hasta el momento el Ersep cumplía con la exigencia de la ley 8.835, denominada “Carta del ciudadano”, que fija la metodología y lo obliga a publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un diario de circulación provincial. En lo sucesivo, el llamado a audiencia se extenderá asimismo a otros canales de difusión.

La primera en debutar con estos cambios será, probablemente, una audiencia convocada para tratar los pedidos de revisión tarifaria efectuados por las cooperativas eléctricas, que todavía no tiene fecha.

Pero junto con esto, Blanco advierte que no hay que confundir audiencia pública “con una asamblea”.

En toda audiencia, la prestataria del servicio, que es la solicitante de la revisión tarifaria, fundamenta su pretensión. Ese eje es el que, habitualmente, otros expositores intentan rebatir con sus argumentos.

“Si bien sabemos que la tarifa debe encajar en la canasta familiar, es decir, que tiene un alto componente social, tenemos que saber que ese intercambio es altamente técnico”, explicó Blanco.

Gas: Justicia admitió el amparo de Apyme. El juez Miguel Vaca Narvaja declaró admisible el pedido de frenar subas a empresas. Por ahora no modifica facturas.