Errores que se pagan caro.

Errores que se pagan caro.
Por Néstor O. Scibona.

La salida de capitales es un termómetro de la desconfianza en el futuro de la economía. En marzo se produjo la cuarta oleada de alta demanda sobre el mercado cambiario desde 2007 (cuando estalló la burbuja en el mercado de hipotecas subprime de los Estados Unidos) y la tercera en menos de un año.

A diferencia del primer caso, en los otros tres pesaron más los factores internos que los externos: las corridas cambiarias, que el Banco Central debió neutralizar con sus reservas, coincidieron con la agresiva respuesta del gobierno kirchnerista al conflicto con el campo (abril-junio de 2008); la sorpresiva estatización de la jubilación privada como respuesta a la agudización de la crisis económica internacional (septiembre-noviembre de 2008) y el no menos sorpresivo adelantamiento de las elecciones legislativas (marzo de 2008).

Según el último informe económico del Banco Ciudad, en las tres primeras semanas de marzo pasado, el BCRA vendió 1140 millones de dólares en un mercado donde la alta demanda contrastó con la escasez de oferta y ello coincidió con la caída de depósitos transaccionales (unos 3300 millones de pesos). A su vez, el Estudio Broda estima en 4200 millones de dólares la salida de capitales entre febrero y marzo de este año, cifra similar a la de octubre de 2008 (ley de AFJP), cuando había alcanzado a 4300 millones y el BCRA debió intervenir en el mercado con una venta neta de casi 3500 millones sólo en ese mes. Durante la fase más aguda del conflicto con el campo (el segundo trimestre del año pasado), la fuga había superado todos los récords: 8000 millones de dólares.

Esta relación entre traumáticas decisiones oficiales y búsqueda de refugio en el dólar revela que cada vez que el Gobierno produce un golpe de efecto político, paga altos costos en el terreno económico-financiero. La salida de capitales (o la fuerte dolarización de portafolios en pesos) es el equivalente a una hemorragia que se traduce en pérdida de reservas, suba de tasas de interés y restricción del crédito. O sea, el efecto menos indicado para enfrentar un ciclo recesivo que, paralelamente, el Gobierno busca disfrazar alterando las estadísticas oficiales sobre niveles de actividad.

A esto debe sumarse la merma de 15.000 millones de dólares en el valor de la producción agrícola de este año, por el efecto combinado de la caída de los precios internacionales, la sequía y las altas retenciones que afectan decisiones de siembra y de inversión en maquinaria y agroquímicos. Hasta la cosecha de soja, que en esta campaña bajaba de 46 a 40 millones de toneladas (-13%) según las estimaciones previas, podría ubicarse por debajo de este último nivel. Un dato publicado en Internet por la Secretaría de Agricultura la situó en torno de 38 millones, pero desapareció súbitamente de circulación. La especialista Susana Merlo estima incluso que podría caer a alrededor de 35 millones de toneladas, lo que supondría una reducción de 24 por ciento.

Un país sin estadísticas

La contradicción entre estimaciones públicas y privadas alrededor de un mismo dato es algo que ya no debe extrañar. La Argentina es un país que se está quedando sin un sistema estadístico oficial confiable y este es otro error que el Gobierno paga caro.

Resulta un contrasentido que Cristina Kirchner haya abogado en la cumbre el G-20 por un cambio en las reglas del ahora recapitalizado Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo se cierre las puertas a una posible asistencia financiera del organismo en caso de resultar necesario, quizás en 2010. La nueva línea de créditos flexibles (FLC) aprobada por el Fondo elimina condicionalidades y metas ex post para los países que gestionen créditos (México ya hizo punta con un pedido de 47.000 millones de dólares), pero establece una serie de requisitos previos que la Argentina difícilmente podrá sortear. Entre ellos, el de "transparencia e integridad estadística". Una cosa es pretender que el Fondo otorgue créditos a sola firma y otra muy distinta es falsificarla o negarse a presentar documentación.

La manipulación de estadísticas del Indec, que comenzó en 2007 como un tumor maligno en el índice de precios al consumidor (aún se desconocen el muestreo de productos y la metodología), se extendió un año más tarde a las mediciones de pobreza e indigencia, y ahora hizo metástasis en los indicadores de desempleo, distribución del ingreso y actividad económica e industrial. Esto plantea una doble consecuencia negativa desde el punto de vista institucional. Es malo que el Gobierno disponga de otros datos y los edite ante la opinión pública, ya que al fin de cuentas las estadísticas del Indec pertenecen a todos los ciudadanos. Pero también lo sería que tome como ciertos indicadores inverosímiles para adoptar decisiones. A los efectos de la política económica, no es lo mismo que de cada 10 habitantes la pobreza afecte a 1,5 (estimación oficial) que a tres (estimaciones privadas). O que el PBI sea mayor que el de hace un año o que registre una progresiva caída, según se aplique un índice de precios ficticio o real. La desconfianza que provocan las mediciones del organismo regenteado por Guillermo Moreno, y defendidas por la plana mayor del kirchnerismo, es otro factor que suma incertidumbre a la economía.

Puertas adentro del Indec las cosas no marchan mucho mejor. Se sabe que una de las especialistas desplazada por Moreno en 2007 (Clyde Trabuchi), fue designada presidenta del Instituto Interamericano de Estadística, pero acaba de pedírsele la jubilación de oficio para impedirle desempeñar esa función. Otra destacada técnica removida de su cargo, Graciela Bevacqua, renunció hace poco para elaborar con la UBA un índice de precios más confiable. También hubo desplazamientos en el área de cuentas nacionales (PBI, actividad), como había ocurrido tiempo atrás con la Encuesta Permanente de Hogares. En todos los casos los reemplazos fueron digitados políticamente por el secretario de Comercio. Como resultado de este desmantelamiento técnico, no hay avances en tareas claves del Indec, como el Censo Agropecuario 2008 (algunas de cuyas encuestas se realizan vía telefónica o por Internet). Ni tampoco noticias de que haya comenzado el trabajo previo del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, cuyo retraso no será precisamente un aporte al año del Bicentenario.

Mientras el Gobierno recurre a encuestas privadas para medir la "sensación" de inseguridad, las últimas estadísticas incluidas en el sitio web del Indec datan de 2005. Y hasta las cifras oficiales sobre el número de afectados por la epidemia de dengue en Chaco y otras cinco provincias ya son motivo de controversias. Si se disfrazan los problemas, será difícil confiar en las soluciones.

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