"No me equivoqué al imputar al ministro Aguilar", dice Corregido

El fiscal federal Gustavo Corregido rechazó ayer expresiones del ministro de Economía, Eduardo Aguilar, quien había dicho que el funcionario judicial "cometió un error" al incluirlo en la lista de imputados por el caso de las arroceras del Departamento Bermejo.
"Los elementos en los que basé mi dictamen son contundentes, y fueron reunidos al cabo de una investigación de siete meses", planteó el fiscal.

Corregido dijo que Aguilar "tiene razón cuando dice que él no manejaba la Secretaría de Recursos Naturales, y también estoy de acuerdo con él cuando dice que era el responsable de aplicar la Ley de Biocidas. Justamente por eso lo imputo, porque no hizo cumplir la norma", señaló.

Informes delicados

En diálogo con NORTE, el fiscal mencionó que "por ejemplo, no se hizo cumplir el decreto reglamentario de la Ley de Biocidas, que establece que no se pueden pulverizar agrotóxicos a menos de 1.000 metros de distancia de zonas pobladas", señalando que en ese tema los informes recabados de parte de organismos oficiales "son demoledores, pese a lo cual el ministro no hizo nada".

Como publicó este diario, Corregido solicitó al juez subrogante Eduardo Valiente (que reemplaza a Carlos Skidelsky, en uso de licencia) que cite para ser indagados al ministro de Economía; al secretario de Recursos Naturales, Raúl Fernández; a los intendentes José Carbajal (La Leonesa) y Víctor Armella (Las Palmas); al ex ministro de la Producción Hugo Morand; al ex secretario de Medio Ambiente Bruno Schwesig; y al empresario Eduardo Meichtry, administrador de las arroceras Cancha Larga y San Carlos.

La causa penal nació a partir de denuncias de vecinos del Departamento Bermejo, que dicen que las fumigaciones de ambos emprendimientos agrícolas invaden sus hogares, contaminan aguas y suelos y provocaron enfermedades cancerígenas en niños y adultos.

"Las imputaciones a Aguilar y a Morand (funcionario de la gestión de Roy Nikisch) son porque no cumplieron su deber de hacer respetar la ley, algo que queda reflejado en los informes que forman parte de la causa y en los testimonios de pobladores de la zona", agregó el fiscal, que mencionó que "tampoco se hizo el estudio de impacto ambiental que correspondía".

Niños con leucemia

Una de las declaraciones más relevantes en el expediente, al que NORTE tuvo acceso, fue la de la médica Ana Lía Otaño, delegada local del Ministerio de Salud de la Nación, a quien esta cartera le encomendó realizar un relevamiento de las zonas próximas a las arroceras, el año pasado. El panorama que describió la funcionaria fue inquietante.

"Al recorrer la zona entrevistamos a pobladores del barrio La Ralera, observando niños con leucemia linfoblástica aguda. Uno de ellos presentó el cuadro a los 2 años de vida aproximadamente. Hoy a los 8 años y luego de haber recibido tratamiento en el Garrahan, continúa controlado, su madre es una docente del medio (...) quien es una gran luchadora para que se investigue como se está intoxicando el medio ambiente y la salud de las personas. Vecina a esta persona hay una niña de 5 años que actualmente se encuentra afectada por este mismo tipo de leucemia, igualmente atendida en el hospital Garrahan en plena evolución de su enfermedad. En ambos casos el común denominador seria la pulverización que se efectúa con los aviones de la arrocera", testimonió Otaño, quien encontró otros niños con otros tipos de cáncer o con problemas en la piel y "problemas respiratorios cada vez mas severos que se desencadenan luego de la pulverización".

La comisión se entrevistó con médicos locales que les hablaron "de la cantidad de afecciones que sufren los niños y habitantes de la zona asociadas a las pulverizaciones aéreas". También citaron casos de intoxicación porque aparentemente el agua provista por Sameep estaba contaminada por los agrotóxicos que las arroceras eliminan en fluidos que luego llegan a la laguna El Moncholo, fuente de la cual la empresa estatal toma el agua que luego potabiliza y distribuye a sus usuarios.

Otaño también recabó el testimonio de familias de pequeños productores que les contaron que sus plantas se morían por efecto de las fumigaciones y que "cada vez que pasa el avión en la temporada de fumigación o pulverización tienen que quedar encerrados en sus hogares debido al fuerte olor nauseabundo que les produce vómitos, nauseas y dolores de cabeza".

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