Las discusiones por la reforma de la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) demoran la iniciativa del oficialismo. El justicialismo tiene varias dudas sobre la continuidad de la empresa y comparte con la izquierda y los sindicatos su preocupación por los actuales empleados.

Ocurre que con la liquidación del actual organismo y la creación de la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), los trabajadores no serán más empleados públicos sino que deberán firmar un contrato de trabajo.

Pero además, de los 475 actuales sólo se pedirá que sigan 180 seleccionados por el nuevo directorio.

Un plenario de tres comisiones con diputados y senadores esperaba ayer a Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos. Como el oficialismo quiere sacar lo antes posible esta ley, pidió un tratamiento especial del tema.

Vale sumar que también lo esperaban ayer sindicalistas de ATE, UTA y la reunificada CGT que hicieron sentir los bombos durante la charla.

Tras hablar de una gestión eficiente con una mejor red de transporte público, Marinelli tuvo una especial atención sobre los empleos.

Así, aseguró que habría varias posibilidades: el ingreso a la nueva empresa para aquellos seleccionados, la reubicación en otra dependencia estatal, una indemnización por cese de tareas o un retiro voluntario.

El malestar de algunos sindicalistas dentro del Salón Azul rompió la paciencia con Jorge Chávez, secretario adjunto de ATE, que calificó de mentiras las palabras del secretario.

“Acá se habla de rentabilidad. ¿De qué rentabilidad nos hablan si lo que tenemos que prestar es un servicio a la gente? Le están mintiendo a la gente que los votó”, aseguró firme.

El sindicalista señaló además que cuando se desvinculó a personal de Juegos y Casinos también se habló de localizar a varios empleados y eso no ocurrió.

En ese sentido, más de un justicialista notó que en el texto quedaban muchas cosas dejadas a la buena voluntad del directorio.

La respuesta oficial fue repetir una y otra vez que la intención es que no se deje a nadie afuera. Incluso verían cómo reasignar partidas para que se pague la diferencia de sueldo o estudiarían modificar las horas de trabajo.

En cuanto al caso del Casino, Marinelli quiso evitar la comparación y afirmó que lo estaban trabajando con el ministerio de Gobierno. “Lo hemos hablado con el Gobernador y la decisión es ésa. Por lo tanto, más allá de lo que haya pasado en otras áreas, yo les transmito la decisión de esta área”, dijo el funcionario.

El PJ duda y la izquierda se opone

El peronismo también aprovechó para exponer sus dudas, que variaron principalmente entre el destino de los empleados y la forma que tendrá la nueva empresa, en especial quién será el propietario. La promesa es que sea una sociedad anónima conformada en un 100% por el Estado.

Javier Cófano, jefe del bloque PJ-FpV, cuestionó la insistencia del Gobierno y consideró que debía estudiarse más: “No ayuda esto del apuro en querer transformarla en sociedad anónima en diez días cuando es una empresa que tiene 60 años”.

Si bien todavía estudian la propuesta, quieren plantear cambios en la redacción y el Gobierno incluso aceptaría algunas modificaciones para aclarar la iniciativa. “Las principales preocupaciones son el destino de los empleados y de la empresa”, resumió Cófano.

No obstante eso, algunos peronistas como Omar Parisi rechazan la propuesta por considerar que “es una discusión ideológica, con visiones distintas del Estado y del manejo de la función pública”.

La izquierda, en tanto, en la voz de Héctor Fresina (PO), también rechazó la reforma al afirmar que “no hay ninguna garantía” de que los empleados conservarán un puesto de trabajo. La discusión sigue abierta.