El EPAS elevó a la Corte un muy crítico informe sobre OSM

Sólo ejecutó 12,5 por ciento de lo comprometido. El futuro de la concesión depende de una decisión política.
A pesar de las promesas por mejorar los servicios públicos, las concesionarias siguen cosechando críticas y graves denuncias por incumplimiento, sin que el Gobierno tome decisiones tajantes. Ahora, el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) elevó un informe ante la Suprema Corte de Justicia, en el que revela que en los últimos 12 años, la empresa cumplió sólo con 12,47 por ciento de las inversiones que estaban previstas en el contrato sellado con el Estado provincial en 1996. Incluso da cuenta de que en el primer año, cuando se había comprometido a desembolsar 7.561.584 de pesos, no invirtió ni una sola moneda. En el mejor de los casos –en el 2003– sólo cumplió con la mitad del Plan de Operación y Expansión (POE).

En el mismo informe se detalla que la medición, en cuanto al plan de inversiones, es de dudosa credibilidad, y además pone el acento en el incumplimiento del plan de expansiones de las obras. La inversión prevista para concretar desde 1996 al 2008 era de 155.120.762 de pesos y la que se concretó fue de 19.348.884,97 pesos, es decir, 12,47 por ciento del total.

Pretendía ser reservado el informe que fue elevado a la Suprema Corte de Justicia en respuesta a su pedido para ser incorporado en la causa por acción de inconstitucionalidad, iniciada por el diputado Jorge Serrano, entre otros, en el 2008, intentando hacer caer la Carta de Entendimiento alcanzada por la empresa y el gobierno de Julio Cobos. Sin embargo trascendió a través de un legislador del ARI, Néstor Piedrafita, quien accedió al mismo a través de funcionarios judiciales.

Mediante este acuerdo, avalado por la Legislatura en enero del año pasado, se determinó que 48 millones de pesos adeuda la empresa al Estado y debían ser destinados a obras de infraestrcutura (hasta hoy no se conoce cuáles serán). Asimismo se autorizó a la empresa para aplicar un incremento de la tarifa promedio de 19,7 por ciento, a partir de la aprobación del acta, que ya están pagando los usuarios.

En el informe se puede observar más de una decena de incumplimientos graves, que podrían desembocar en el retiro de la concesión del servicio. Además de la infracción al plan de inversiones, el EPAS detectó que el concesionario tampoco cumplió con la garantía del contrato, que, entre otras cosas, establecía la necesidad de pagar un canon de 18 millones de dólares.

Sumados a los incumplimientos monetarios salieron a la luz otros que no conllevan menor envergadura, como que Obras Sanitarias no cumplió con lo establecido en el Anexo IV del Contrato de Concesión referido al ámbito de operación y que fija áreas servidas y de expansión. En este sentido, el escrito elevado a la Justicia (ver aparte) y que está firmado por el asesor de la Secretaría General del EPAS Fabricio Bertonati, da cuenta de que no se cumplió con algunos de los aspectos fijados en este anexo. Se detectó el avance de la empresa sobre áreas remanentes, pero no cumplió con la obligación de informar sobre las áreas de Expansión que pasarán a ser áreas Servidas.

El informe que está ahora en manos de la Corte fue elevado hace días y ahora deberá ser el máximo tribunal provincial el que resuelva sobre la inconstitucionalidad del acta acuerdo. El Sol consultó al titular del EPAS, Javier Montoro, pero el funcionario, quien realizaba gestiones en Capital Federal, se limitó a responder que ahora será la Corte la que resuelva, y que hay dos posibilidades: o rechaza la legalidad de la carta –y en ese caso el acuerdo gestionado por Cobos vuelve a foja 0–, o se acepta y así OSM puede seguir operando sin problemas y bajo las condiciones del último acuerdo.

Pero, la verdadera resolución está en manos de Celso Jaque. Es que una decisión política puede suspender, retirar o fijar nuevas reglas de juego para la concesión de los servicios de agua potable. En este sentido, El Sol intentó lograr la impresión del ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien ayer estaba en Santa Rosa, acompañando al gobernador en su recorrida por esa comuna. Sin embargo se excusó de opinar, argumentando que sería el propio Montoro quien respondería.

Quien sí opinó fue el diputado provincial por el ARI Néstor Piedrafita. Consideró que el Estado debería quitar la concesión a la empresa prestataria por reiterados incumplimientos al contrato, que originan un servicio deficiente.

“Si no nos cumplieron con las inversiones ni con otras obligaciones a las que se comprometieron en 1996, y además hoy muestran serias falencias para poder ofrecer agua potable y cloacas a los mendocinos, el Ejecutivo debe quitarles la concesión de manera urgente”, reflexionó el legislador.

Mientras tanto, la empresa, intentó ser contactada pero ningún directivo respondió a la requisitoria periodística.

rumores. En el círculo íntimo de Jaque se sabe que con las irregularidades que muestra la empresa, no se puede seguir ignorando el problema. Sin embargo, una fuente cercana al ministro de Infraestructura comentó que del análisis mundial surge que ningún operador de agua potable y cloacas está obteniendo ganancias. Y sería por este motivo que el ministro demora en revelar la decisión.

Solo hay dos caminos: o se enfrenta a la empresa y exige el pago de deudas atrasadas o se decide retirar la concesión y convocar a un nuevo operador.

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