Envían proyecto previo al aumento del boleto

La sanción de este marco es condición legislativa y política para intentar una actualización tarifaria.
La Municipalidad comenzará esta semana a saldar una deuda normativa de décadas que tiene para con uno de sus principales servicios, al enviar al Concejo Deliberante el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros, que no se actualiza desde hace 39 años.

Efectivamente, el marco regulatorio que existe es de 1970. Para darse una idea del retraso existente y de la mora que se pretende salvar, valen estos datos de hace 4 décadas: hacía pocos años que habían de- saparecido de la ciudad los últimos tranvías; el país no tenía un gobierno democrático, pero aún le faltaba sobrellevar la peripecia institucional más grande de su historia; la ciudad tenía la mitad de los habitantes que hoy tiene; y debían pasar aún seis administraciones municipales completas -sin contar las intendencias durante los dos períodos de facto- para que se advirtiera la inexplicable mora.

Por todo esto ya es importante la ordenanza que los concejales tendrán en sus manos desde esta semana, admitiendo incluso que un marco regulatorio no es la panacea ni muchísimo menos para este servicio, el más importante de responsabilidad municipal, junto al de limpieza y recolección de la basura.

Pero el envío es mucho más importante todavía si se tiene en cuenta que tras la sanción del marco regulatorio se vendrá la necesaria actualización tarifaria del servicio. Necesaria para las empresas y también para el municipio, porque un aumento del boleto lo liberaría de tener que aportar 7 millones de pesos por mes en subsidios.

Esto le permitiría a los dos concesionarios privados -Ciudad de Córdoba y Coniferal- y a la estatal Tamse, a acercarse a una ecuación de costos e ingresos que le permita al sistema flotar financieramente con recursos propios, e incluso quedar a tiro ante una crisis fiscal profunda como muchos vaticinan.

En la actualidad, el boleto le cuesta $ 1,50 al usuario, menos del doble de lo que costaba durante los últimos años de la convertibilidad ($ 0,80), pese a que después de su caída los costos se cuadriplicaran o más y el sueldo promedio de un trabajador -el usuario tipo- se triplicara, en el caso del sector privado, y casi se cuadriplicara, en el caso de los estatales.

En 2002, para evitar el quebranto y, con ello, la desaparición del servicio, el Estado nacional concurrió en ayuda del transporte a través de subsidios directos y al combustible, sustrayendo a los asalariados de esta obligación en los momentos más difíciles que vinieron tras la debacle pos convertibilidad.

Pero aquella ayuda excepcional se convirtió en crónica e, incluso, insuficiente, debiendo concurrir también el municipio durante la administración de Luis Juez. Ese subsidio municipal llega hoy a 6 millones de pesos (entre ayuda a las dos empresas privadas y el más significativo a la municipal Tamse, aunque en este caso es el subsidio, más la cuota por la renovación de unidades), y es explicativo en gran parte del déficit de 200 millones de pesos que acumula el tesoro municipal.

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