La Cámara Federal porteña declaró ayer la incompetencia de los tribunales de Comodoro Py y ordenó enviar al fuero en lo Penal Económico la investigación por la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (IITC) por $ 8000 millones iniciada contra el empresario Cristóbal López y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray .

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler concluyeron que la pesquisa debe concentrarse en la presunta evasión tributaria agravada que habrían liderado López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, en vez de continuar en el fuero federal, donde se encuadraba como una supuesta defraudación contra el Estado con Echegaray como figura central y López y De Sousa como sus partícipes.

El fallo de la Cámara implicó un triunfo para López y De Sousa, quienes pugnaban por llevar el expediente al fuero en lo Penal Económico, para allí intentar acogerse a la moratoria impulsada por el actual Gobierno, que dispone la suspensión -y eventual extinción- de la acción penal.

La decisión de la Sala I salió a favor del Grupo Indalo por 2 votos contra 1. En disidencia votó el camarista subrogante Leopoldo Bruglia, quien compartió los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita y de la AFIP -querellante en la causa-, que abogaron por mantener el expediente en el fuero federal.

Ballestero y Freiler consideraron que ni Pollicita ni el letrado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, lograron rebatir los argumentos del juez federal a cargo de la causa, Julián Ercolini, quien se declaró incompetente tras remarcar el "carácter específico" del fuero Penal Económico para este tipo de investigaciones.

Ahora, tanto Pollicita como la AFIP deberán evaluar los pasos a seguir. Podrían apelar ante la Cámara de Casación Penal, aunque las probabilidades de retener la causa en el fuero federal resultan acotadas.

Para Pollicita implica, además, un duro traspié, luego de que solicitara al juez Ercolini que dictase el procesamiento de López, De Sousa, Echegaray y otros 16 funcionarios del organismo recaudador, más un embargo preventivo por casi $ 9000 millones.

El contrapunto alrededor de dónde debe tramitarse la investigación dista de ser una simple cuestión técnica. Por el contrario, López y De Sousa bregaron durante meses para llevar la investigación al fuero en lo Penal Económico.

Aunque las penas previstas en la ley Penal Tributaria son más altas, los dueños del Grupo Indalo apuntan en realidad a cancelar la deuda y cerrar así el frente penal que se cierne sobre ellos. Y el propio López ya había anticipado esa estrategia a fines de agosto en un escrito que presentó en el fuero Penal Económico.

En una causa que instruye la jueza Verónica Straccia por la presunta evasión de casi $ 300 millones de los impuestos a las Ganancias e IVA y retención de aportes a los empleados de Inversora M&S y Oil M&S -las empresas más relevantes de su Grupo-, López indicó que deseaba "acogerse a los beneficios de la moratoria fiscal regulada por la ley 27.260 y demás normas complementarias". Es decir, a las oportunidades de regularizar deudas que impulsó el Gobierno. Ahora quedó más cerca de lograrlo.