Envían al Congreso prórroga de Emergencia. Si es ley, habilitará la doble indemnización

El gobierno ya envió al Congreso el paquete impositivo que se deberá aprobar antes de fin de año. Incluye, además, la prórroga de la declaración de emergencia pública por un año más. Cristina de Kirchner necesita esa ley no sólo para contar con facultades especiales, aunque siempre las rechazó.
Es el instrumento que consagró la doble indemnización durante la crisis de 2002 y el que le permitiría restablecerla mediante un simple decreto. El gobierno, por otro lado, giró al Congreso la renovación del impuesto al cheque, que vence el 31 de diciembre y que generará uno de los cruces más fuertes con la oposición, que reclama ampliar la distribución de esos fondos a las provincias. También se deberá votar antes de fin de año la prórroga del impuesto especial sobre los cigarrillos y una modificación al tributo sobre los Bienes Personales. En este último, caso el proyecto llega con novedades: el gobierno decidió ratificar que no existirá más el mínimo no imponible de ese tributo por encima de $ 305.000, sino que sólo operará como una exención. Es decir, quien lo supere deberá pagar sobre la totalidad de sus bienes. La Casa Rosada decidió también gravar los fideicomisos no financieros, como los que se utilizan en la producción agrícola, en la construcción o los fondos de garantía.

Carlos Fernández

Cristina de Kirchner envió al Congreso un paquete de proyectos que incluye la ley que prorroga la emergencia pública por un año más, amparándose en los efectos negativos que tendrá en el país la crisis financiera internacional, una modificación al Impuesto sobre los Bienes Personales y la renovación por otro año más del impuesto al cheque y del adicional de emergencia que se aplica sobre el precio de los cigarrillos.

La sanción de esos proyectos será toda la actividad que tendrá el Congreso hasta fin de año, más allá de la aprobación la semana próxima de la ley de estatización de las AFJP, pero en el kirchnerismo se ilusionan con que los debates no se prolongarán por más de 15 días, si es que el gobierno finalmente no decreta la prórroga de las sesiones ordinarias a partir del 30 de noviembre.

La Presidente nunca apoyó la declaración de emergencia pública al punto que no sólo no la votó cuando se sancionó durante el inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, sino que hasta se retiró del recinto en dos ocasiones cuando fue su marido quien le pidió al Congreso la renovación.

Pero ahora la situación cambió. Más allá de las facultades especiales que esa ley le otorga al Poder Ejecutivo para fijar el tipo de cambio o renegociar contratos y tarifas con empresas de servicios públicos privatizadas, es la norma que consagró la prohibición de realizar despidos y fijó como penalidad a las empresas la doble indemnización. Es la que le permite al gobierno, también, volver a ese régimen laborar por decreto sin necesidad de apelar a otra ley del Congreso.

Indemnización

Hoy Cristina de Kirchner podría reinstaurar la doble indemnización por decreto si los efectos de la crisis financiera en la economía real siguen alimentando las presiones de Hugo Moyano y la CGT, pero si la ley no mantiene su vigencia en 2009 la doble indemnización caería.

La importancia de la ley avanza también sobre las tarifas. Los Kirchner aún no terminaronde renegociar contratos con las privatizadas y deberán también avanzar sobre tarifas en 2009. Pero si no cuenta con la emergencia, Cristina de Kirchner deberá pedir autorización al Congreso.

Con la firma del jefe de Gabinete,Sergio Massa; el ministro de Economía, Carlos Fernández, y la Presidente, también se le pidió al gobierno la prórroga del impuesto al cheque. Hoy la recaudación de ese tributo (unos $ 22.339,5, el cuarto tributo en importancia) se distribuye 70% para la Nación y 30% para las provincias. Los gobernadores han bajado sus reclamos por más fondos de esa caja porque están más preocupados por el financiamiento de sus deudas que acordaron con el gobierno, pero la oposición no perderá oportunidad de complicar el debate.

En relación con el Impuesto sobre los Bienes Personales, el gobierno presentó un proyecto de modificación que intenta terminar con la polémica generada desde la última reforma, cuando se elevó el piso de ese tributo de $ 102.300 a $ 305.000. En ese momento, el gobierno de Néstor Kirchner eliminó el concepto de mínimo no imponible para pasar al de mínimo exento.

La diferencia es esencial: en el primer caso, quienes declararan bienes por encima de $ 305.000 deberían pagar sólo sobre el excedente a ese monto, como rigió desde la creación del impuesto, en el segundo, sobre el total de lo declarado.

La cuestión no fue simple ya que con la anterior reforma se originó una confusión que llevó a que muchos contadores presentaran recursos ante la AFIP. Ahora, en el artículo 1 del proyecto se establece que «Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeta al gravamen la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo». Es decir, se pagará sobre el total declarado y no el excedente.

No es el único cambio que se propone en Bienes Personales, un impuesto que se aplica con una tasa inicial de 0,5% que luego crece de acuerdo con el monto declarado. También se ratifica una presunción de la tenencia de bienes muebles y objetos del hogar por un monto similar a 5% de la declaración presentada y se avanza sobre los fideicomisos no financieros que hasta ahora estaban exentos.

Esos fideicomisos son los que se constituyen, por ejemplo, como fondos de garantía, para financiar la construcción de inmuebles o, en el caso más voluminoso, los fideicomisos agropecuarios que ahora quedarán alcanzados a pleno.

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