Envían la causa de las 4x4 a la Justicia Federal

La jueza estableció, a través de las pruebas, que luego del desguace y el armado de las camionetas, la maniobra consistía en falsificar los títulos y documentos de automotor. Como ese delito involucra al Registro del Automotor, un organismo nacional, la magistrada entendió que es de competencia federal.
El esquema de la banda de las 4x4 constaba de una serie de etapas bien definidas. El robo de las camionetas, a mano armada, por parte de la banda que operaba en Mendoza. El traslado a San Juan, donde se producía el desguace de los vehículos y el ensamble en otras camionetas. Para que las 4x4 pudieran circular, la maniobra realizada en la provincia consistía en falsificar los títulos de automotor y las tarjetas de cédulas (las tarjetas verdes). Eso es lo que estableció la jueza María Inés Rosselot, titular del Quinto Juzgado de Instrucción, tras allanamientos, detenciones, pericias, testimonios y diversas pruebas reunidas en 16 cuerpos que constan de 3.169 fojas.

El último eslabón del circuito, la falsificación de documento público destinado a acreditar la titularidad del dominio del automotor, es un delito que debe ser investigado por la Justicia Federal, según entendió la magistrada, dado que es un marco regulado por la Dirección Nacional del Registro Nacional del Automotor, un organismo nacional. Por esa razón, la jueza dispuso que todo el expediente pase al juzgado federal para que resuelva sobre la causa, explicaron fuentes judiciales.

Tras el secuestro de la documentación, las pericias indicaron que "tanto los títulos de automotor como las tarjetas de cédulas que acreditan la propiedad de diferentes camionetas Toyota Hilux", han sido falsificadas y/o adulteradas en su impresión", según consta en la resolución. Además, en la computadora que se le secuestró a Guillermo Criscuolo, el presunto cerebro de la conexión local de la banda, la investigación estableció que "se ha modificado hasta el registro de los automotores", dice el fallo. Criscuolo también realizó operaciones financieras con un DNI, cuyo número corresponde a otra persona, según los registros de un banco.

El sospechoso era el administrador de la bodega Ansilta, en Ullum, donde la Policía encontró una máquina retroexcavadora robada en Mendoza. A partir de ahí se desató la investigación porque los pesquisas hallaron un desarmadero de 4x4 en la bodega y otro en una finca manejada también por Criscuolo. En la causa fueron detenidos los caseros, mecánicos, chapistas, empresarios y comerciantes de talleres de reparación y alquiler de camionetas a empresas mineras. De ahora en más, su situación sería resuelta por el Segundo Juzgado Federal. En el caso de que el magistrado de ése fuero no comparta la decisión, la jueza Rosselot dejó planteado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la competencia del caso.

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