La OA entregará su informe en un mes

El juez que investiga la evolución patrimonial de Cristina y Néstor Kirchner le pidió a la Oficina Anticorrupción que defina si "son creíbles" las declaraciones de bienes del matrimonio.
El juez federal Norberto Oyarbide anunció que la Oficina Anticorrupción (OA) está analizando las declaraciones juradas de bienes de Cristina y Néstor Kirchner y dijo que en caso de que "no sean confiables" avanzará en "una investigación judicial". El magistrado está a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra la pareja presidencial, que tuvo un aumento patrimonial de 158 por ciento entre 2007 y 2008. El organismo que analiza las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos –y que depende del Ministerio de Justicia– calcula que entregará su informe dentro de un mes. A su vez es posible que plantee una intervención "limitada" con el argumento de que "investigar a un superior podría afectar la transparencia del procedimiento".

Oyarbide investiga la evolución patrimonial de los Kirchner desde que a mediados de julio se conoció la última declaración jurada de la Presidenta ante la OA, donde reconoce bienes por 46.036.711 pesos, entre propiedades, depósitos bancarios, autos y acciones. La declaración jurada anterior, correspondiente a 2007, reportaba un patrimonio bastante inferior, de 17.824.941 pesos. Cuando la pareja llegó al poder, en 2003, contaba con bienes declarados por 6.851.810 pesos. Es decir, desde entonces hasta la actualidad multiplicaron su fortuna casi seis veces.

El fiscal Eduardo Taiano impulsó la apertura de una investigación a raíz de una presentación del abogado Enrique Piragini. Oyarbide, como medida inicial, pidió la intervención de la OA –que dirige Julio Vitobello–, que se encarga de recibir y analizar año a año las declaraciones de bienes de unos 1500 funcionarios de la administración nacional. El organismo, dijo Oyarbide, "tiene que pronunciarse de acuerdo al decreto que le ordena el deber de analizar las declaraciones juradas y ver si resultan de alguna manera creíbles o no". "Para el caso de que no sean confiables se abre toda una investigación judicial", añadió.

El juez requirió información sobre las declaraciones juradas ante la OA y también ante la AFIP. En la OA explican que le entregarán un análisis que su Dirección de Transparencia suele hacer como rutina –sin necesidad de que haya una denuncia– para los funcionarios con rango de subsecretario para arriba. "Es una evaluación contable de la evolución patrimonial, un análisis de posible incompatibilidad de cargos y también de omisión de bienes", señala un experto del área a Página/12. El organismo anticorrupción cruza datos con las bases del Registro de la Propiedad Inmueble, el de Propiedad Automotor y accede a registros de propiedad bonaerenses a través de la Agencia de Recaudación (ARBA). En cambio, no tiene acceso a información de la AFIP. "Cuando se detectan inconsistencias se le envía una nota al funcionario para que las aclare. Si la respuesta es satisfactoria el asunto queda cerrado, de lo contrario se abre un expediente en la Dirección de Investigaciones, que luego puede hacer una denuncia penal", completa el funcionario.

En la OA no descartan incluir alguna acotación sobre las posibles limitaciones de intervención en el tema, teniendo en cuenta que se trata de una repartición que depende de Justicia y el Ejecutivo. Estudian recoger un planteo que viene haciendo el abogado Ricardo Monner Sans –denunciante de los Kirchner en una causa previa sobre presunto enriquecimiento–, quien sostiene que es constitucionalmente discutible que el organismo actúe como investigador de sus superiores. En ese mismo sentido, en la OA se inclinan por pensar que "investigar a un superior podría afectar la transparencia del procedimiento". "Debe ser un órgano independiente el que investigue el patrimonio presidencial, para eso están el juez y el fiscal", agregan.

Según surge de la comparación de las declaraciones juradas de los Kirchner, una buena parte del salto patrimonial que tuvieron entre 2007 y 2008 responde a la venta de catorce inmuebles por algo más de 14 millones de pesos. Entre ellos, un terreno fiscal en El Calafate que habían comprado en 132 mil pesos y que vendieron en 6,3 millones. También consignan elevados ingresos por alquileres: con 10 millones de pesos duplicaron los ingresos del año anterior. En ese lapso consta la participación por parte del ex presidente en dos emprendimientos hoteleros: en el Hotel Alto Calafate, a través de Hotesur, y en la sociedad Com.Ma, del arquitecto cordobés Pablo Grippo, cercano a los Kirchner, quien les diseñó el hotel boutique Los Sauces. Los depósitos bancarios del matrimonio gobernante también se multiplicaron en un año: pasaron de 13.515.021 pesos a 32.174.258.

Ahora está en manos de Oyarbide, quien concentra varias causas complicadas para el Gobierno, determinar si el origen de todo ese dinero es ilícito.

Comentá la nota