Entre Ríos tiene nueva Ley de Educación

El presidente de la Comisión de Educación del PJ dijo que faltan discutir temas. En esto se baso la UCR para no aprobar el proyecto. Finalmente se aprobó por mayoría. Fuerte rechazo de la agrupación Rojo y Negro de Agmer.
En la última sesión del año, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la Ley de Educación, que vienen tratando desde mediados de febrero.

El presidente de la Comisión de Educación, Jorge Kerz (PJ), aseguró que “nosotros estamos trabajando dos conceptos muy importantes en esta Ley de educación, como lo son la igualdad y la equidad”.

Luego de remarcar diversos puntos de la ley, el diputado graficó que “nos han quedado cosas por discutir y acordar. Hay cuestiones que son profundamente de fondo que ameritan una discusión seria y responsable, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos con esta Ley dice que son seis años de primaria y seis de secundaria, sabiendo que la Ley Nacional de Educación nos dice que aún tenemos 5 años más para que haya un solo sistema. Esta Ley unifica a esos 42 sistemas educativos diferentes que hay en el país. Dónde ponemos el séptimo grado, es una discusión no saldada en la Argentina. Al respecto sólo hemos discutido cuestiones laborales de los educadores, pero no cuando el niño está preparado para ingresar a una escuela secundaria. Otro tema de fondo es que hacemos con el segundo idioma. Hay una ley que dice que el Portugués puede ser un segundo idioma, sin embargo yo opino que toda persona que pasa por él colegio debe saber el inglés. Tenemos la mala experiencia de que cuando estudiábamos inglés, francés o italiano, terminábamos por no conocer a ninguno en profundidad. Pero sé que hay muchos que no opinan lo mismo y es otra discusión que se debe dar”, subrayó el legislador.

“Otra cosa que no resuelve esta ley es que pasa con todos los chicos que van quedando afuera de la secundaria e ingresan a las de adultos. Esto implica que en estos colegios de mayores, también hay jóvenes y niños. Necesariamente los debemos tener en cuenta”, dijo Kerz.

El presidente del Bloque de la UCR, Jaime Benedetti, indicó que “creemos que quedaron muchas cuestiones pendientes de trabajar y precisamente estos temas ameritan una mayor discusión de esta ley. En algunas cuestiones que son sustanciales, discrepamos y en muchas otras coincidimos”.

Y agregó además que “no se ha logrado una participación espontánea sino que nos parece que a pesar que se dedicó desde febrero a la fecha, tiempo a la discusión previa, al ingreso formal a esta Cámara, en realidad la participación fue engañosa y condicionada porque en las cien preguntas que se les dirigieron a los docentes, en realidad eran preguntas cerradas que condicionaban la discusión y así mismo el proyecto que se envió, no hubo posibilidad de redactar algo alternativo, menos ambicioso, este proyecto es como algunas constituciones, un catálogo de deseos que lamentablemente no está espontáneamente originado en la rica trayectoria de nuestra provincia, sino que viene condicionada por una ley nacional”, señaló Benedetti.

El diputado Héctor de la Fuente, de la Concertación Entrerriana, dijo que “si fue consensuado el proyecto” y que “como estamos en un Estado Federal no podemos estar dando títulos que no puedan ser validados en otras provincias”.

Por su parte la legisladora, Ana D´angelo, del Encuentro Amplio, al rechazár el proyecto de ley expuso que “lamentablemente yo quisiera acompañar esta ley porque la educación tendría que ser una política de Estado, pero no entiendo los apuros. Las cuestiones conceptuales las compartimos, pero hay otras cosas que no sabemos como las vamos a llevar adelante”.

“No podemos permitir que el Ministro de Economía de la Nación esté dando vueltas por todas las provincias viendo si los Estados provinciales cumplen con las meta de la Ley de Financiamiento Educativo y acá nos sacan recursos todos los días, compartimos muchas cosas de esta ley pero el financiamiento hace que no pueda aprobarla”, dijo la diputada para finalizar.

El presidente del Bloque del PJ, José Allende, pidió la palabra para responder a los dichos de la oposición, por esto subrayó que “esta Ley estuvo en comisión prácticamente un año, donde los diputados de la oposición hicieron muy pocos aportes, en algunos casos al extremo que a la comisión le pusieron de sobrenombre `la escuelita´, porque parecía que iban a aprender y no a enseñar”.

“Los peronistas somos realistas, por eso no distribuimos lo que no tenemos, por eso no hablamos de montos para la educación”, comentó el legislador.

Quién agregó además que “esta ley viene con media sanción del senado, donde nosotros no tenemos la culpa que tengan un solo senador. Participación tuvieron, pero son pocos”.

“Seguramente habrá docentes que no estarán de acuerdo, pero buscamos los consensos, los gremios han sido invitados y han participado, los que no lo hicieron es porque, como dice el refrán, no se quejen si no se quejan”, expresó Allende.

Protección de Testigos

Al cierre de la sesión quedó aprobado el proyecto por el que se crea el ”Programa de Acompañamiento, Asistencia y Protección de Testigos, Querellantes, Víctimas y/u operadores intervinientes en las causas judiciales contra el Terrorismo de Estado que fundamentó el presidente de la Cámara, Jorge Busti.

“Ninguna Nación con 30 mil desaparecidos y sin responsables, puede mirar hacia el futuro con la debida claridad. Son 25 años de democracia. Algunos dirán para qué mirar para atrás y yo digo por qué no mirar hacia atrás” dijo el diputado para quien “No se va a realizar nada en el futuro si no tenemos el juzgamiento responsable que no tuvieron los 30 mil detenidos desaparecidos” dijo desde una banca al explicar el programa.

“Que se estén reabriendo las causas tiene una historia” recordó el ex gobernador y se trasladó a la sanción, por parte del Congreso Nacional en 1986, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el “aberrante indulto” que favoreció a Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Trimarco y Ramón Irrizón.

“Este programa no tiene costo económico sino ético. Creemos que los puntos fundamentales son el acompañamiento, la protección a cargo del Estado y el permanente asesoramiento siempre que lo consienta el testigo”.

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