Entre Ríos dejará en manos de la Anses los fondos cedidos en los ´90

Lo afirmó el titular de la Caja de Jubilaciones. Con la reforma jubilatoria, Anses no tiene el déficit que por el que retuvo coparticipación a las provincias. Sin embargo, Entre Ríos mantendrá el convenio de armonización y no reclamará los fondos.
Tras el anuncio del Gobierno nacional de la estatización de las AFJP, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, anticipó que demandará que la Nación le devuelva la porción de la recaudación de impuestos que su provincia, al igual que el resto de los estados del interior, cede desde los 90. Son fondos que se destinaban para financiar el bache de recursos de la ANSES como consecuencia de la derivación de aportes a las AFJP. En el caso de Entre Ríos, la suma asciende actualmente a 200 millones de pesos anuales.

Sin embargo la postura que va a asumir la provincia de Entre Ríos “será absolutamente distinta a la de Santa Fe”, sentenció el Presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías, en declaraciones a INFORME DIGITAL.

Elías admitió que “indudablemente, el escenario provisional que originó estas reformas en los porcentajes de coparticipación ha cambiado; eso no lo podemos negar. Pero hoy frente a esta valiente reforma emprendida por el gobierno nacional”, aunque opinó que “las provincias tienen que ser muy prudentes en no pretender sacar de este fondo nacional provisional recursos ante el argumento de que hoy contaría con exceso de recursos por estos 100.000 millones de pesos que van a ingresar al sistema”.

Según el funcionario, desde la Provincia “hemos asumido otra definición política que tiene que ver con el marco del convenio de armonización que se viene suscribiendo y renovando todos los años desde 2004. El primer acuerdo firmado en junio de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador Jorge Busti, se definió que el gobierno nacional asistiera a la provincia de Entre Ríos en el sostenimiento del déficit provisional en virtud del acuerdo federal firmado en diciembre de 1999 a través del cual justamente la Nación se comprometía a financiar los déficit provisionales”.

En síntesis, lo que sucederá será que la provincia seguirá cediendo a la Nación 200 millones de pesos anuales para, a cambio, recibir asistencia nacional destinada a cubrir su propio déficit provisional. “Este es el marco jurídico y político a partir del cual se viene desarrollando la relación Provincia-Nación en materia provisional”, definió el titular de la Caja de Jubilaciones.

“Nosotros avanzamos en el desarrollo de estos convenios de armonización, definiendo la cuantía del déficit provisional de cada uno de los ejercicios del sistema provincial entrerriano y acordando con la Nación la asistencia económica para la provincia a partir de éstos montos en las proporciones que presupuestariamente se puede”, ahondó.

Elías rechazó que “esta reformulación estructural, como la ha llamado la presidenta, del sistema provisional” habilite a que las provincias “se crean con derecho a reclamar estos fondos de la coparticipación como una consecuencia inmediata”.

“Lo que las provincias deben revisar junto al gobierno nacional es un rediseño de todos los regímenes previsionales que existen en la república Argentina, el financiamiento de los mismos y la redistribución de los recursos en función de esto, pero no creo que deba ser planteado en los términos en que lo café el gobierno de Santa Fe, porque no son pautas que surgen de una ley exclusivamente sino de un consenso político”, concluyó.

Una demanda legítima

Por Miguel Braun

La reforma del sistema jubilatorio propuesta por el Ejecutivo genera un beneficio de caja de corto plazo para el Gobierno nacional, a costa de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal futura, debilitar el mercado de capitales y enrarecer el clima de negocios.

Además, su legalidad es dudosa, ya que nacionaliza cuentas individuales que hoy tienen un valor cierto a cambio de una promesa de pago futuro de un monto incierto.

Pero, ¿es genuino el beneficio de caja de corto plazo? Si se aprueba la reforma, ¿a quién le correspondería cobrar esos fondos?

Cuando se privatiza un sistema jubilatorio, se produce un déficit fiscal transitorio, porque los que aportaban al sistema público para financiar las jubilaciones actuales pasan a aportar al sistema privado para su propia jubilación futura, pero los jubilados actuales siguen cobrando.

Por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo del bache con otros impuestos.

Durante los años 90, las provincias cedieron recursos a la Nación para financiar este déficit. Ahora que se vuelve atrás con la privatización, lo que era un bache se convierte en ganancia, y es legítimo que las provincias reclamen su parte.

De los $ 13 mil millones anuales adicionales que recaudaría la ANSES por el traspaso de las AFJP al sistema público, las provincias podrían reclamar al menos $ 5 mil millones y, del stock de más de $ 90 mil millones que se transferiría, podrían pedir al menos $ 32 mil millones.

Historia. Esto sucede porque, a partir de la Ley N° 24.621, las provincias cedieron, a partir de 1996, el 20% del Impuesto a las Ganancias para financiar el déficit transitorio que generó la privatización del sistema jubilatorio.

Si se revierte la privatización, entonces la razón de ser de esta transferencia desaparece.

En 2007 la recaudación de Ganancias fue de alrededor de $ 44 mil millones. Siendo pesimistas y suponiendo una recaudación igual en 2009, a las provincias les correspondería 20%, o sea, $ 8.800 millones entrarían en la masa coparticipable, de la cual 56%, o casi $ 5 mil millones, iría a las provincias.

Si además la ANSES se apropia del stock de las AFJP, se estaría quedando con los recursos que dejaron de ingresar en el Estado y, por ende, generaron el déficit previsional.

Recuperados estos fondos, sería razonable restituirles a las provincias el 56% del 20% de Ganancias recaudado entre 1996 y 2007. A precios de 2007 (usando la inflación oficial), esta cifra asciende a $ 32 mil millones.

Estos cálculos son además una hipótesis de mínima, porque desde 1998 el 70% del Monotributo también se afectó al sistema previsional. Lo mismo ocurrió en 1999 con el Impuesto Adicional a los Cigarrillos, con lo cual estos fondos también podrían ser reclamados.

Además, antes de la reforma previsional de 1994, las provincias cedieron 15% de la masa coparticipable de recursos en el Pacto Fiscal de 1992, y 10% de la recaudación del IVA y parte del Impuesto a los Combustibles por la Ley N° 23.966 de 1991.

Las provincias podrían argumentar que el gobierno de Carlos Menem tenía ya en mente la privatización del sistema jubilatorio y, por lo tanto, se adelantó al bache fiscal que ésta significaría. Es, sin embargo, un argumento rebatible, porque el sistema ya estaba en déficit por los atrasos en los pagos en los años ochenta.

En el Congreso ya hay legisladores que discuten este tema. Habrá que ver si prima la lealtad partidaria o si, como ocurrió durante el conflicto con el campo, algunos priorizan los intereses de sus provincias.

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