EN ENTRE RIOS NO SE APLICA LA LEY DE AUXILIO A LOS HOGARES DE ANCIANOS

En 2007 la Legislatura aprobó destinar el 9 % de la recaudación de la Ley 4035 para auxiliar a los hogares de ancianos sin fines de lucro • Pero la norma hasta ahora no se aplicó; en medio, muchas instituciones enfrentan severos problemas financieros y exigencias de la Afip.
El 7 de noviembre de 2007, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9.810 que reformó el artículo 12º de la Ley Nº 4.035, por la cual se procuró dar un auxilio financiero a los hogares de ancianos que funcionan en la provincia, buena parte en manos de instituciones sin fines de lucro, y así ponerlos a salvo de las presiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

El caso paradigmático es el Hogar La Edad de Plata, de Victoria, que pudo zafar de una sentencia de remate luego de un acuerdo económico, y el compromiso de saldar deudas previsionales con la Afip.

Pero la falta de recursos con la que se enfrenta la institución la pone de nuevo frente al riesgo de no poder cumplir con los compromisos asumidos: si el plan de pago acordado se cae, la subasta será un camino seguro.

La Ley Nº 9.810 estableció que del fondo de la Ley 4.035 —que se compone por el aporte de empleadores y empleados en relación de dependencia, y que al mes constituye un fondo de aproximadamente 6 millones de pesos— “el Poder Ejecutivo dispondrá de un monto que no exceda del 10% de lo recaudado, para ser distribuido de la siguiente manera:

a) Hasta un 1 % para atender gastos de funcionamiento del sistema, incluyendo la adquisición de bienes de capital, entendiéndose por tales aquellos bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, incluyendo los activos intangibles.

b) Hasta un 9 % para atender gastos de mantenimiento y funcionamiento incluyendo prestaciones alimentarias, de hogares de adultos mayores acreditados y autorizados por el Estado Provincial”.

Un año después, la ley todavía no pudo ser reglamentada, y por lo mismo, esos recursos no están llegando a los hogares de ancianos.

• Qué pasó

Marcelo Daniel Báez, director de Integración Comunitaria del Ministerio de Salud y Acción Social, área de la cual dependen las instituciones gerontológicas, dice que la reglamentación de aquella norma “está en trámite”, y que espera contar con ese instrumento antes de que finalice 2008.

Báez considera clave esa ayuda, de modo que los hogares de ancianos puedan encuadrarse en las exigencias de otra norma que todavía está también sin reglamentar: la Ley Nº 9.823, que regula el funcionamiento de los geriátricos, y que impone duras condiciones a esas instituciones para poder seguir funcionando.

Entre otras exigencias, la ley dice que las instituciones gerontológicas y geriátricas que funcionan en Entre Ríos deberán contar con personal especializado en el tratamiento de la vejez, y además tendrán la obligación de pagar al Estado una tasa de habilitación y de acreditación, salvo que sean hogares de ancianos sin fines de lucro. Y en el caso de instituciones que alojen a ancianos que no son autoválidos, y padezcan alguna enfermedad, se los obligará a contratar a un médico geriatra.

Pero un año después de su sanción, esa ley tampoco ha podido ser reglamentada, y por tanto no se aplica. “Estamos en camino de su reglamentación —asegura Báez—. Hasta ahora, cualquiera podía abrir una institución para ancianos. Pero a partir de esta ley, todos los hogares tendrán que cumplir una serie de requisitos. Muchos no reúnen ningún requisito. Hasta ahora ha sido así. Nosotros aspiramos a más. Claro que hay hogares sin fines de lucro que reciben aporte del Estado, pero con lo que reciben a veces se les hace difícil garantizar calidad de vida, mejor atención, y pago de personal”.

También en este caso, la reglamentación está en proceso, y el funciona confía en que se pueda aplicar antes de que concluya 2008.

• Hacia abajo

Precisamente, una forma de aportar mayor auxilio financiero a los hogares de ancianos es a través de la reforma de la Ley 4.035, que espera su aplicación.

El beneficio de la Ley Nº 4.035 fue creado el 28 de diciembre de 1965 a través de la cual se dio forma a un sistema de pensiones a la ancianidad, la invalidez y a la madre soltera con hijos a cargo, siempre y cuando no cuenten con “recursos de ninguna naturaleza” que supere el monto del beneficio, hoy en 200 pesos mensuales.

Actualmente, el padrón de beneficiarios llega a las 10.575 personas. Los recursos, según el decreto 3.056 de marzo de 1956, surgen del fondo de asistencia social compuesto por el aporte patronal del 1 % “del monto mensual nominal que en cualquier forma se abone en concepto de sueldo y jornales”. Luego, la Ley 9.214 de 1999 agregó otro aporte: cada empleador pasó a tributar el triple, el 3 %, a lo que se agregó el aporte personal de los empleados, públicos y privados, del 6 %.

Pero en 2007 la alícuota se redujo. La Ley 9.749 estableció reducciones en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y a la Ley 4.035. El artículo 3º de esa norma fijó que a partir del 1° de enero de 2007 el aporte patronal para la integración del fondo de asistencia social previsto en la Ley N° 4035 será del 2,5 %, y a partir del 1º de julio de 2007, del 2 %.

Esta semana, la administración del gobernador Sergio Urribarri envió un proyecto de ley a la Legislatura a través de la cual pretende instrumentar la reducción temporaria de la alícuota del aporte patronal: bajaría del 2 % al 1,5 % a partir del 1º de diciembre de 2008, por el término de seis meses, previéndose además una opción de prórroga por otros seis meses.

En ese esquema, es incierto el futuro de la reforma a la distribución de los recursos de la ley.

• Pedido de auxilio

En agosto de 2007, los hogares de ancianos sin fines de lucro de la provincia presentaron un pedido al Gobierno para que se mejore la asistencia económica que reciben.

Argumentaron que “la situación económica-financiera de los hogares es grave y agobiante. Muchos tenemos deudas con Afip y ART, algunos en instancias judiciales”.

“Es de destacar —subrayaron, en un documento que entregaron al Gobierno— que algunos edificios se encuentran en mal estado de conservación, ya que son construcciones muy antiguas y no se han podido mejorar, con las implicancias que esto tiene en las condiciones de vida de los ancianos”.

Por eso, pidieron un aumento de la ayuda para pago de sueldos de personal, de 460 a 650 pesos, y señalaron que “el aporte del Estado no llega al 20 % del presupuesto mensual y/o anual, en cuanto a lo que cuesta sostener a cada una de las personas allí institucionalizadas, y que además se cobra con retraso”.

• Para destacar

Los hogares de ancianos sin fines de lucro, que alojan a unas 500 personas en toda la provincia.

Del Estado reciben un monto de 460 pesos por cada empleado reconocido, no toda la planta, y 3 pesos en concepto de ración alimentaria.

En el proyecto de presupuesto 2009, se pidió incrementar ambos montos. El pago de salarios de personal, a 800 pesos, y la ración alimentaria, a 4 pesos.

Hay 37 hogares de ancianos sin fines de lucro: 20 de asociaciones civiles; 13 municipales; y 2 de la Provincia, según informó EL DIARIO. (APF.Digital)

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