Entre un Gobierno unitario y uno federal.

Los dictámenes de la comisión investigadora van más allá de la existencia de deuda o no de coparticipación del Gobierno a la Municipalidad de Río Grande, ya que plantean un debate en torno al carácter centralista o federal del Estado fueguino. La postura del ARI defiende el esquema unitario, el de los legisladores de la oposición el del federalismo.
Los siete legisladores que integran la Sala Acusadora de juicio política afrontarán un profundo desafío al momento de tener que definir si acusarán a la gobernadora Ríos o dispondrán el archivo de las actuaciones en las que se investiga si incurrió en una indebida demora en la remisión de fondos de coparticipación al Municipio de Río Grande. Ello es así, por cuanto los dos dictámenes surgidos desde la Comisión Investigadora sostienen visiones contrapuestas sobre el carácter que tiene la coparticipación. Mientras para el arista Osvaldo López (que recomendó el archivo de las actuaciones) los recursos de origen tributario son de propiedad del Gobierno provincial hasta que éste decide transferirlos a los municipios, para la mopofista Mónica Urquiza y la representante del Frente para la Victoria Ana Lía Collavino (que impulsan la acusación contra Ríos), parte de los recursos tributarios son de propiedad de los municipios, y el Gobierno sólo tiene la facultad de recaudarlos en nombre de las administraciones municipales, pero no así para disponerlos a su antojo.

Resulta evidente que los legisladores investigadores han analizados los hechos denunciados desde perspectivas diferente.

El representante del oficialismo centra su análisis en la existencia o no de una conducta política del Gobierno, apuntada a generar un premeditado ahogo financiero a la gestión del intendente Martín. Si bien reconoce que desde la asunción de Ríos hasta mayo de este año, la administración provincial ha acumulado una deuda de coparticipación, por atrasos en la cancelación de los denominados "definitivos de coparticipación", que supera los 7 millones de pesos, disculpa esta conducta en la crisis económica que afronta la provincia; en la discrecionalidad política que tiene el Gobierno en época de vacas flacas de priorizar sus compromisos de pago y en la baja incidencia que los recursos no remitidos tienen sobre el total de los sí remesados al Municipio.

Para los representantes de la oposición en la comisión investigadora, la existencia o no de intencionalidad política para demorar los pagos de coparticipación no constituyen el eje central del tema en debate, sino si esa conducta avasalla principios constitucionales y normativos vigentes en la provincia. Circunstancia que interpretan está debidamente probada. A diferencia de López, Collavino y Urquiza consideran que la crisis que viene Tierra del Fuego no excusa al Gobierno de incumplir con sus obligaciones, sobre todo porque se interpreta que el Ejecutivo Provincial no adoptó medidas que le permitieran equilibrar sus cuentas.

La definición de fondo

Al margen de la cuestión coyuntural –si hubo o no demoras en la remisión de fondos de coparticipación, si esto constituye deuda o atraso, o si existe intencionalidad política o no de perjudicar a un tercero–, tanto el legislador del oficialismo como los de la oposición entendieron oportuno y necesario fijar postura sobre el carácter que tienen los recursos de coparticipación tributaria, lo que abre un debate filosófico sobre la forma de gobierno que rige en la provincia, y que para remontarse una centuria atrás cuando nuestro país se debatía entre constituirse como un estado unitario o federal.

Esta discusión queda planteada en estos términos, ya que el arista López sustenta que resulta erróneo sustentar que el Gobierno provincial debe solventar sus gastos únicamente con sus propios recursos, sin poder afectar a ello recursos que son de los municipios, ya que afirma que los recursos coparticipables recién son de propiedad de los municipios cuando el poder administrador provincial se los transfiere. Por lo que hasta que ello suceda, el Gobierno tendría facultades para disponerlos de acuerdo a sus prioridades. Es decir, los recursos en cuestión son del Gobierno provincial hasta que este efectivamente se los transfiere a los municipios.

Como contrapartida, Urquiza y Collavino postulan que el Gobierno provincial –por carácter transitivo del ordenamiento constitucional vigente en el país– tiene delegada la potestad de la recaudación de la renta pública, pero como mero administrador de la porción que recauda en nombre de los municipios, lo que de ninguna manera le da la titularidad, y la posibilidad de disponer libremente, sobre los mismos, ya que su obligación como administrador de los mismos es la de distribuirlos a sus legítimos titulares (los municipios) en tiempo y forma, y sin distraerlos para otros fines.

Sostienen por ello que, en el caso en cuestión, ni siquiera se está ante una deuda (la que se produciría solamente en el caso de que los municipios presten esos recursos a la provincia y esta no los devuelva en los plazos acordados) sino ante la indebida apropiación de recursos que le pertenecen a los municipios.

De prosperara en la Sala Acusadora la postura defendida por López, la Legislatura estaría reconociendo que Tierra del Fuego rige un sistema de gobierno unitarios, que habilita al Ejecutivo Provincial a disponer, en base a sus prioridades políticas de gestión, de la totalidad de los recursos presupuestarios hasta tanto resuelva transferirlos a otras estamentos que conforman el Estado fueguino.

Vale mencionar que ante este supuesto, el partido de gobierno caería en otra de sus tantas contradicciones, ya que cada vez que ha solicitado anticipos de coparticipación ante el Gobierno nacional ha sostenido que no se trata de un reclamo de ayuda financiera extraordinaria, sino de un pedido de anticipo de recursos que son de la Provincia. Defendiendo así el principio de titularidad del Estado fueguino sobre los recursos tributarios que recauda el Ejecutivo nacional.

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