Entre dudas, el Consejo de la Magistratura empieza a vaciarse de contenido

Por Pablo Abiad

Periodista y abogado. Director de Comunicación en Litigios de Llorente & Cuenca

Muchos kirchneristas que hoy van cambiando de rumbo hubieran ganado tiempo con prestarle más atención a la historia reciente de Santa Cruz.

Desde la sanción de una ley (número 2552) promovida por el entonces gobernador Néstor Kirchner, el Consejo de la Magistratura provincial tiene siete integrantes en nombre de distintos organismos y corporaciones: el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal, la Legislatura, la Asociación de Magistrados local, el sindicato de judiciales, el Colegio de Abogados y ‘el pueblo de la provincia’, a través de un ciudadano elegido especialmente. En los papeles, una representación plural y participativa; en la práctica, un esquema cerrado que le garantizó al oficialismo el control absoluto de los resortes del Poder Judicial de Santa Cruz.

Con el kirchnerismo en la Casa Rosada, la ley que reformó el Consejo de la Magistratura de la Nación (número 26.080) también fue presentada como un avance en la democratización, la transparencia y la eficiencia del servicio de administración de justicia. Según la diputada Diana Conti, delegada kirchnerista en el Consejo, la integración impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández supo lograr ‘que los malos jueces hayan dejado de tener impunidad política’, cosa que ha ocurrido sólo con algunos pocos malos jueces. Es un clásico de clásicos: los políticos siempre se quejan de que los magistrados se protegen entre sí. Y también algo de cierto hay en esto.

Otros puntos dejan menos margen para las interpretaciones. Con su vieja integración de 20 consejeros, el oficialismo -sumando legisladores y el representante del Poder Ejecutivo- disponía de un 25 por ciento de los sillones en el organismo; con la actual composición de 13 consejeros, sus 5 representantes son el 40 por ciento del total. Así como no conforman la mayoría absoluta, argumento que el Gobierno viene usando en su defensa, es innegable el poder de veto que ese porcentaje confiere, sin contar con que ocasionalmente el kirchnerismo supo tejer alianzas con alguno de los abogados y hasta con un representante de los propios jueces.

Los proyectos de contrareforma del Consejo de la Magistratura son varios. Los jueces quisieran volver a la vieja conformación y les preocupa que la Corte Suprema no pierda su espacio ni sus facultades de administración. En ciertos ámbitos políticos opositores están menos pendientes de esta cuestión que de la posibilidad de que las minorías a las que el kirchnerismo dejó afuera vuelvan a tener su lugar. A su vez, la semana pasada, la diputada Conti disparó que, si por ella fuera, el Consejo debiera cerrar sus puertas.

Antes del nacimiento de este organismo, parido por radicales y peronistas en el Pacto de Olivos, los jueces se elegían a puro dedo, más un acuerdo del Senado. Y de las cuestiones disciplinarias también se encargaba el Congreso. La progresiva influencia del kirchnerismo en el Consejo acercó como nunca el nuevo -imperfecto- sistema al viejo.

Independientemente de las estadísticas, que pueden demostrar una cosa u otra según se acomoden los números, los concursos más importantes -como los de los juzgados federales- estuvieron siempre sospechados de manipulaciones. El récord corresponde al concurso número 140, para cubrir cuatro vacantes en Comodoro Py: lleva más de dos años de trámite, un examen declarado nulo y montañas de impugnaciones; en los pasillos de Tribunales todos dicen saber quién va a ganar. Con los juicios políticos y/o las amenazas de tales sucede algo parecido: hay expedientes que salen y entran de los cajones, se despiertan o se duermen, según necesidades de la mayoría que gobierna en Consejo.

Al nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, le duró 48 horas la voluntad de reformar el organismo. Es difícil que el kirchnerismo quiera ceder demasiado terreno en un ámbito que puede serle aún más estratégico el día que Cristina Fernández deje la presidencia. Mientras tanto, todas las decisiones importantes que adopte el Consejo de la Magistratura ya desgastado van a ser inevitablemente cuestionadas. De a poco, el Consejo se va vaciando de contenido.

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