Entidades sociales y gremiales contra el proyecto de Código de Faltas

Un comunicado dado a conocer sostiene que "el gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia".
Un número importante de entidades sociales y gremiales de nuestra ciudad, hicieron saber su rechazo al nuevo proyecto del Código de Faltas impulsado por el gobernador Daniel Scioli. Entre otras cosas, señalaron que "amenaza gravemente las libertades y derechos de los bonaerenses, atacando los fundamentos de nuestra democracia".

El documento elaborado a tal efecto, que estaría por ingresar al Concejo para que el Legislativo local se expida al respecto, hasta el momento cuenta con la adhesión del grupo Memoria, La Vía, Amu, Ede, Frente Popular Daría Santillan, PC, PI, PH, MUI, FJC, JCTA, Adunce, Suteba, CTA, Fapren, Nuevo Encuentro y Granja los Pibes. Cabe destacar que a este listado por estas horas se le estaría sumando otro número importante de adherentes.

Dicho texto señala en primer lugar que "la iniciativa no sorprende" porque "desde la asunción del gobernador, la política en materia de seguridad retornó a las propuestas de mano dura y mayor poder para la estructura policial, afirmando que de esta manera se reduciría el delito y la violencia en la calle. Pidieron mayor poder de fuego y que la policía ganara las calles".

Asimismo, agrega que "hoy, como consecuencia de esa política, se han hecho habituales prácticas policiales cada vez más violentas y violatorias de derechos y garantías constitucionales. El retorno de los procedimientos masivos de detención de personas (razzias) y el uso cada vez más extendido de las detenciones por averiguación de antecedentes o identidad son un reflejo del amplio margen de arbitrariedad que se ha depositado en la fuerza policial más grande, politizada, corporativa y corrupta del país".

En esta dirección se inscribe que el nuevo proyecto de Código de Faltas es "inconstitucional por donde se lo analice" y pensado para una sociedad que dejó de existir hace 100 años. "Con esta herramienta se avanza en la criminalización de la protesta social y se profundiza la represión de los sectores pobres y excluidos de la sociedad", añade.

Mientras el gobierno nacional impulsa la asignación universal para estos sectores, explica el comunicado que el gobierno provincial propone "darle más poder a la policía para que los encierre".

Este proyecto de Código es "más autoritario que el actual (que fue sancionado por un gobierno militar)", ya que "otorga más facultades discrecionales y arbitrarias a la policía bonaerense ya que se podrá meter presos a vagabundos, mendigos, merodeadores, borrachos, trapitos o cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes sin autorización, intérpretes de sueños, parapsicólogos, travestis y prostitutas Pero además afecta la vida de todas las personas, prohibiendo y castigando con arresto las despedidas de solteros y recibidas de estudiantes donde se saque parte de la ropa o arrojen sustancias que afecten su aspecto, se tome cerveza o se juegue al fútbol en la plaza o las veredas, tirar agua durante el carnaval o llevar una llave sin poder explicar su tenencia. Tampoco los ciudadanos podrán cubrirse el rostro en la calle o gritar en su propia casa".

También apunta al corazón de la democracia reprimiendo las manifestaciones públicas porque "se podrá detener a los que participan en marchas o reunión de personas, los que escriben graffitis y leyendas, los que pegan carteles en lugares no autorizados, los que se reúnen tumultuosamente, los que participan de piquetes, cortes de calle o escraches. También los que insulten en la calle o hagan un dibujo torpe que ofenda la decencia pública".

Todo esto impulsado por el gobierno provincial permitirá "arrestar" también a los comerciantes que "les vendan bebidas alcohólicas a los mayores de 18 años y contribuyan con ello a su borrachera, a los integrantes de clubes o asociaciones que realicen espectáculos públicos sin cumplimentar con todas las medidas municipales, provinciales y nacionales de seguridad, a quienes hagan ruidos o toquen campanas que afecten la tranquilidad de la población y a los padres cuyos hijos menores dejen la escuela".

MULTAS

Respecto a las multas, se explica que las personas que no puedan pagar las elevadas multas (por ejemplo más de $ 7.000 para un cuidacoche), la misma se convertirá en arresto, con lo que "vuelve la prisión por deudas del derecho romano".

Por otra parte, la reforma crea la figura del juez contravencional en cada municipio y dispone la creación de cárceles para contraventores. El juez será designado por el gobierno provincial con acuerdo de los intendentes y por el plazo de 5 años. Este funcionario administrativo tiene facultades para imponer penas privativas de la libertad, que pueden ir hasta un año de arresto y disponer allanamientos e internaciones de alcohólicos sin plazo alguno. "Sin lugar a dudas esto es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en facultades propias e indelegables del Poder Judicial. En tiempos de crisis, donde la provincia no paga planes sociales o becas, se crea una nueva burocracia administrativa y más cárceles para contraventores en cada municipio", se agrega.

El comunicado, manifiesta que el proyecto "hace realidad un sueño del gobernador Scioli bajando la edad de imputabilidad y permitiendo que se arreste a los jóvenes desde los 14 años". Se demuestra, así "un desprecio inmenso al derecho internacional: la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, le ordenó al Estado Argentino que garantice la no repetición de hechos como la muerte sufrida por Walter Bulacio originada en una razzia policial, adoptando medidas legislativas necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos (como la necesidad de orden judicial previa para privar de la libertad a una persona).

En definitiva, se sentencia que "el gobierno provincial ha tomado el camino de restringir la libertad de todos, en aras de suplir su ineficiencia para diseñar políticas inclusivas para toda la sociedad, único remedio probado a nivel mundial para disminuir la inseguridad. Ha hecho una opción que nos acerca al precipicio del autoritarismo, hiriendo de gravedad a nuestra democracia".

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