El ente que controla las cuentas de la DGE tiene el mandato vencido hace más de un año

Se trata del Consejo de Administración de la Enseñanza Pública, encargado de autorizar las licitaciones y cada gasto del mayor ministerio de la Provincia. Ahora está en duda la validez de las resoluciones que ha firmado desde setiembre de 2007.

Por su magnitud la Dirección General de Escuelas es una especie de Estado dentro del Estado. Por eso tiene su propia forma de administrar los recursos y de controlar cómo se hacen las cosas. Esa estructura hoy está en problemas, pues una de sus patas no funciona en el marco de la ley.

Los miembros del Consejo de Administración de la Enseñanza Pública tienen su mandato vencido hace más de un año y por eso está en duda la legalidad de todas las decisiones que tomó ese cuerpo. No es un dato menor si se tiene en cuenta que por las manos del Consejo pasa el control del presupuesto de la DGE, es decir 1.100 millones de pesos (el 20% del presupuesto provincial).

El Consejo de Administrativo, según la Constitución provincial, es el órgano encargado de autorizar y controlar las cuentas de la DGE. Entre otras cosas, autoriza los gastos, alquileres y todas las licitaciones públicas. También debe analizar el Presupuesto antes de ser elevado a la Legislatura. Los integrantes del Consejo son propuestos por el Gobernador y deben ser ratificados por el Senado. El mandato de cada integrante dura cuatro años.

La última vez que se renovaron los mandatos fue en setiembre de 2003, es decir que ya pasaron cinco años. Celso Jaque aún no envía los pliegos de los nuevos candidatos, por lo que las resoluciones son firmadas por los funcionarios con mandato vencido. Para tener una idea de lo que implica, es como si Julio Cobos hubiera seguido firmando decretos luego del 9 de diciembre, día en que venció su período constitucional como gobernador.

En el ambiente educativo de la provincia aseguran que a partir de esta irregularidad se podría cuestionar cualquier licitación avalada por el Consejo en el último año y hasta hay quienes sostienen que es motivo para sancionar al Gobierno, pues es la Constitución la que le da marco jurídico al tema.

"Avalar una situación de inconstitucionalidad como ésta le puede significar un jury de enjuiciamiento a la titular de la DGE y un juicio político al Gobernador", opinan desde el sector.

La preocupación llega también puertas adentro del Consejo, donde aseguran temer por lo que firman, puesto que las decisiones que se toman allí son pasibles de sanciones y los miembros responden con su patrimonio personal.

Facultades

Aunque el Consejo ha sido subestimado en los últimos años, la función que tiene está es bien clara según la ley 6.970, que dice que ese cuerpo debe "analizar el presupuesto de la Dirección General del Escuelas...las rendiciones de cuentas...aprobar el llamado y adjudicación de licitaciones".

Los Andes pudo chequear que hay al menos cuatro licitaciones en curso que son millonarias, más otros cientos de concursos públicos por obras y servicios que, según la ley, debieron pasar por el Consejo.

La resolución 789 del Consejo Administrativo hizo modificaciones al régimen de autorizaciones de compras de la DGE. Así, dispone que el Consejo será el encargado de autorizar todas las compras que superen los 22.000 pesos. Para el resto basta una autorización de la DGE.

Según aseguraron desde el Consejo, hubo al menos tres pedidos formales para que Iris Lima, directora de Escuelas, resolviera el tema. Pero la demora continúa. Recién a fines de setiembre recibieron una nota de la funcionaria, donde les avisaba que ya había elevado el pedido al Gobernador. Lo cierto es que los pliegos aún no llegan al Senado.

El Consejo inició un expediente para que se resuelva la situación institucional irregular a mediados de diciembre del año pasado. Ese trámite (que figura con el expediente 19.954) se encuentra aún en la Gobernación. En ese camino, desde el Ejecutivo contrataron una consultoría para analizar la forma de elección de los miembros del Consejo.

Pero la actual gestión no es la única involucrada. La situación irregular también alcanza los últimos meses de gobierno de Julio Cobos.

En realidad, antes de que terminara su mandato el hoy vicepresidente reunió a los consejeros y les dijo que ya tenía los pliegos listos para pedir su reelección en la Legislatura. Pero les advirtió que el momento político les jugaría en contra para resolver el problema. Es que por aquellos días, todos los pliegos que enviaba el Ejecutivo al Senador eran rechazados. Los miembros prefirieron seguir con sus puestos y que fuera el próximo Gobierno el que decidiera su destino.

Ser personas solventes es uno de los requisitos para ser miembro del Consejo porque está en juego el patrimonio personal. Como precaución, uno de los integrantes dijo que ahora, "debido a este problema", están trabajando con dictámenes de Fiscalía de Estado y Asesoría Letrada. "Para que nadie ponga en cuestionamiento nuestra firma, la situación está avalada por el Tribunal de Cuentas", confió.

Sin embargo, la respuesta que este organismo dio a Los Andes fue curiosa. En primer término, se ocupó de aclarar que no tiene ningún tipo de injerencia en las decisiones que ha tomado el Consejo.

Después negó que exista un plazo de caducidad en el mandato de los consejeros y, para argumentarlo, apeló a una supuesta confusión con el Consejo General de Educación, el cual se ocupa de las políticas pedagógicas del gobierno escolar y fue creado recién con la Ley provincial del 2002.

Lo cierto es que hubo un debate similar a principios del siglo pasado, pues la Constitución Provincial menciona un Consejo General además del de Administración, pero en el debate constitucional quedó claro que hace referencia al mismo y se tomó como norma la designación con aprobación del Senado y la caducidad del mandato.

Un antecedente que terminó en renuncia

En 1997, el hallazgo de cheques falsificados en la escuela Normal Godoy Cruz sacó a la luz una serie de irregularidades administrativas y contables que se venían dando en la Dirección General de Escuelas y que terminaron con la renuncia del entonces titular de este súper ministerio, Domingo De Cara.

En aquella oportunidad, tampoco salieron ilesos los miembros del Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública. Los nueve consejeros fueron fuertemente sancionados por el Tribunal de Cuentas por haber avalado con su firma las licitaciones fraudulentas.

Las denuncias de colegios como el Tomás Godoy Cruz fueron el disparador. Pero lo que llevó a la Justicia a De Cara y a 11 funcionarios de la DGE fue la contratación directa del sistema informático, que quedó instalado como un caso de corrupción.

Si bien fue un funcionario de su gabinete el implicado en esta irregularidad, De Cara presentó su renuncia al entonces gobernador Arturo Lafalla. Fue la actual asesora de la DGE, Marta Blanco, quien lo reemplazó en el cargo.

El fallo del Tribunal de Cuentas, que fue publicado el 5 de octubre de 1999 en el Boletín Oficial, repartió multas de 600 pesos por igual para el director de Escuelas como para los integrantes del Consejo (algunos forman parte aún del cuerpo administrativo).

El legislador demócrata Aldo Giordano, que entonces llevó adelante la investigación como fiscal de Estado, recordó que "eran docentes jubilados que no sabían lo que estaban firmando. No contaban (aún no lo tienen) con un asesor letrado y, de necesitarlo, acudían al de la DGE, con lo que se perdía toda independencia".

Claves

Creación y roles. El Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública fue creado por la Constitución Provincial como entidad independiente para que controlara las cuentas de la DGE.

Estructura. Debe tener como mínimo cuatro miembros para funcionar, los cuales se renuevan por mitad cada dos años, pudiendo ser reelectos.

Trabajan ad honorem y, al igual que el director general de Escuelas, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Atribuciones. Según la Constitución, el Consejo debe controlar que el director de Escuelas cumpla con las normas administrativas; analizar el presupuesto de la DGE, las rendiciones de cuentas mensuales y el ejercicio anual (antes de su remisión al Tribunal de Cuentas); entender sobre legados, donaciones, herencias vacantes y todo otro tipo de cesión de bienes a la DGE; aprobar el llamado y adjudicación de licitaciones; autorizar los convenios de locación de inmuebles y controlar los convenios con entidades públicas y privadas (transporte escolar, etc.)

Comentá la nota