El ente de control dice que no puede investigar a las municipalidades

El vecino Pedro Nolasco Luna denunció en Tribunales al intendente Luis Morghenstein. Dijo que descubrió -por casualidad- que había sido nombrado en el municipio sin su consentimiento. En la demanda, patrocinada por la abogada Carolina Ramírez, exigió que se determine quién cobró ese sueldo durante cuatro años.
El presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Chaibén Terraf, admitió ayer que ese órgano de control recibió, en 2007, las denuncias del legislador José Manuel Cano (UCR) sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Las Talitas. Pero aclaró que el TC no tiene competencia para investigar a un municipio.

Precisó que el pedido del legislador opositor se tramitó mediante el expediente 499-270-07. Detalló que ese documento contiene el dictamen de un asesor jurídico en el que se expresa que por resultar manifiestamente incompetente el TC para entender en esas actuaciones se dispuso el archivo. Es decir que no se investigaron las denuncias de Cano.

Por medio de un escrito, Terraf fundamentó la decisión de no avanzar en la averiguación de los hechos demandados. “En relación con los municipios, por imperio legal, (el TC) no tiene competencia, y sólo se abre la misma respecto de los funcionarios municipales en situaciones de excepción contempladas en el artículo 130 de la ley 6970 (Ley de Administración Financiera)”, señaló.

Ese artículo al que hizo mención el presidente de la institución establece: “El Tribunal de Cuentas será asimismo, el órgano administrativo competente a los fines de determinar la responsabilidad de los agentes y funcionarios de las municipalidades respecto a irregularidades en la administración de fondos y bienes comunales, con las mismas facultades que esta ley le señala para el juzgamiento de la administración provincial” (sic).

El texto agrega: “El Poder Ejecutivo provincial, el Poder Legislativo, el Concejo Deliberante -o no habiéndolo el ministro de Gobierno o en su caso, el Secretario del Interior-, cuando el acusado sea el intendente municipal o este último, cuando se inculpe a un funcionario o agente de su dependencia, formularán acusaciones o denuncias ante el Tribunal de Cuentas con remisión de todos los antecedentes del caso” (sic).

Además, Terraf criticó al legislador opositor. “La intencionalidad de la acusación formulada por el legislador Cano surge manifiesta toda vez que el mismo, en su carácter de parlamentario, no puede ni debe desconocer la normativa que fija las competencias y atribuciones del órgano de control externo de la provincia”, señaló.

Cabe recordar que Cano denunció en junio de 2007 que había centenares de trabajadores que, en la Municipalidad de Las Talitas, cobraban como remuneración una “suma fija”, sin aportes previsionales. Paralelamente, Cano había pedido informes al intendente, Luis Morghenstein, en el que le solicitó un detalle pormenorizado acerca del plan de trabajo implementado por la Municipalidad con la denominación de “suma fija”, en la que aparece Sergio Morghenstein, hermano del jefe municipal, con un pago mensual de $ 895. Pero hasta la fecha no tuvo ninguna respuesta del intendente.

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