En torno a la polémica suscitada por la publicación del diario La Nación en la cual se consignaba que el gobierno de José Alperovich realizaría tareas de espionaje a referentes locales del ámbito político, gremial, cultural y universitario, se sumó otra voz que ya había denunciado tiempo atrás estas prácticas en las que incurriría la Dirección de Investigaciones (D2).

Se trata de Enrique Fernando Romero, presidente de la agrupación P.E.R.O.N. quien adujo que ya en el año 2005, como presidente en ese entonces de la Junta Departamental Capital del Partido Justicialista, estaba siendo objeto de espionaje e intento de amedrentamiento, puesto que, relató, sujetos desconocidos establecieron una guardia en la sede del PJ como así también en el domicilio particular de los hijos de Romero.

"Identificamos un auto Fiat Duna Blanco, y a partir de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Instrucción del doctor (Arnaldo) Suasnabar, fue identificado su titular como Cesar Mario Sandoval, quien resultó ser un Cabo Primero, perteneciente al grupo denominado D2, creado por Antonio Bussi en la época del Proceso, y que se dedica a tareas de seguimiento y espionaje", relató el dirigente justicialista.

Asimismo, trajo a colación el hecho violento del que fuera víctima en octubre de 2011 al sufrir un atentado en el local donde montó su sede política, denominada por aquel entonces "Cruzada Peronista" (la fachada recibió impactos de bala). En este sentido, describió que la Fiscal Instructora de la investigación, Mercedes Carrizo, le comunicó que debido a la relación de conflicto que mantiene Romero con el Ejecutivo provincial, el organismo encargado de la investigación sumaria y/o prevencional como auxiliar de la Justicia (es decir, la Policía de Tucumán) al depender directamente del gobierno, ello ameritaba que la investigación fuera llevada a cabo por otra fuerza del orden, recayendo las actuaciones en la delegación en Tucumán de la Policía Federal.

"En un estado de derecho las minorías deben ser respetadas, y el reconocimiento de la Justicia de que es imposible investigar con la Policía de Tucumán es de una gravedad institucional inusitada. Ahora resulta que, en Tucumán, tenemos dos clases de ciudadanos: los vinculados al poder, protegidos por la Policía, y los otros que carecen de toda protección. Mientras tanto las libertades individuales agonizan", recalcó Romero.