El ENRE habilitó la intervención de EDECAT

El organismo presentó un informe al Gobernador en el que establece que está dado el escenario para "la revisión de las condiciones del contrato". Esto podría derivar en la "caducidad de la concesión" en manos de la privatizada. El Ejecutivo esperaba esa resolución para avanzar con la toma de control de la distribución eléctrica.

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) habilitó al Ejecutivo provincial a intervenir en la operación de EDECAT, al concluir luego de una evaluación de la crisis de los últimos días e incumplimientos de la distribuidora al acta de renegociación parcial, que la prestación del servicio energético "está comprometida", según una definición del presidente del organismo, Luis Lobo Vergara. El funcionario explicó que presentaron un informe al gobernador Eduardo Brizuela del Moral, en el que se concluye que está dado el escenario "para la revisión de las condiciones del contrato", lo que puede derivar en la "caducidad de la concesión" en manos de la empresa. No obstante, aclaró que en ese mismo texto se expresa que deberán analizarse "los posibles incumplimientos" del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, autoridad de aplicación del acta.

El Gobierno, fundamentalmente el área de Servicios Públicos, esperaba este pronunciamiento para continuar con las acciones que le permitirán tomar el control de la distribución eléctrica. Aunque se manejan distintos escenarios sobre cómo sucedería, la hipótesis más firme es la de ejecutar la garantía que presentó la empresa al momento de hacerse cargo del servicio.

Esta alternativa fue mencionada ayer por el subsecretario Rafael Assante, durante un encuentro que mantuvo con los miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El director del ENRE explicó que esta acción está contemplada en el contrato de privatización del servicio eléctrico, y se basa en el hecho de que EDECAT S.A. puso el 51% de las acciones clase "A" como garantía del cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo. "Significa que el Estado puede retomar las acciones y llamar a una licitación para venderlas posteriormente", dijo. Esto implicaría que establecidos los argumentos sobre inobservancias contractuales, el Gobierno estaría en condiciones de ejecutar la garantía.

Según lo establece la normativa de ese trámite, la Provincia se haría cargo en este marco de la administración de la empresa, mientras se avanza con lo referido a la venta de las acciones.

De esta manera, la Provincia lograría el control de la operación eléctrica hasta que se definan otras cuestiones legales. Por eso es que Assante dijo que por el momento la rescisión es "inviable", al igual que una reestatización del servicio.

"Los abogados están viendo cuál es el camino que prevé el contrato. Éste contempla formas para atender una situación como la actual, si se dan las condiciones, que entendemos que están. En ese caso lo que se hace, si tenemos todos los fundamentos, es la ejecución de garantía, que significa hacerse cargo con directores de la provincia, de la administración de la empresa, mientras se van generando los mecanismos para poner las acciones en subasta pública", comentó el titular de Servicios Públicos.

Argumentos

El escrito del ENRE menciona que se realizó un análisis cuidadoso de los sucesos que se iniciaron por las medidas de fuerza de los empleados de la firma, los actos vandálicos que comprometieron la prestación del servicio en el Valle Central y otras localidades, y la respuesta de la privatizada.

En este marco, el organismo consideró que "se encuentran dadas las condiciones para que el Ejecutivo Provincial evalúe la posibilidad de reconsiderar los términos de la relación contractual, promoviendo la modificación, reemplazo y/o caducidad de la concesión del servicio público concesionado a la empresa EDECAT S.A. en procura de resolver en forma definitiva y segura la correcta prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en todo el ámbito de la provincia".

Lobo Vergara dijo que "para el ENRE están dadas las circunstancias a partir de lo que nosotros observamos en el contrato, para la revisión. Entendemos que la prestación del servicio está comprometida, a partir de incumplimientos que vimos. Lo que pasa es que en esto hay que ver también los incumplimientos del Estado, que pudiera haber, que no los hemos evaluado, y lo que informe la autoridad de aplicación del acta acuerdo", amplió.

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