Enmienda previsional: Policías autoconvocados cuestionaron el dictamen acordado con el Gobierno

El movimiento de "Policías autoconvocados por un salario justo" salió a cuestionar el dictamen acordado por el Poder Ejecutivo y el bloque justicialista con los gremios estatales, en la reunión del miércoles pasado en la Casa de Gobierno y dicen sentirse "excluidos" de ese encuentro ya que nos se les permitió ingresar, denunciaron.
En principio, no están de acuerdo con el texto del punto 5° acordado, que se refiere a mantener solamente las "condiciones de acceso" a los beneficios previsionales del personal policial, por considerar que la redacción es parcial e insuficiente para dar cobertura constitucional al régimen de retiros y pensiones policiales vigente.

Esto implicaría dijeron, que a futuro por la ley reglamentaria que se dicte en consecuencia, se podrían modificar los parámetros de edad para el retiro policial, el porcentaje de aporte vigente o la fijación de nuevos aportes al fondo de jubilaciones tanto para activos como pasivos, la base de cálculo y la movilidad de las prestaciones, el

prorrateo de haberes, y todo otro beneficio previsional vigente para los policías.

Y aún ante la posibilidad que se respeten los derechos para los actuales policías, también opinan que con el texto propuesto por el Poder Ejecutivo, se podrían modificar esos parámetros para los futuros integrantes de la fuerza, lo que significaría una discriminación inaceptable y la supuesta violación de otros preceptos constitucionales, que garantizan por ejemplo la igualdad ante la ley y la vigencia plena de los derechos laborales para todos los trabajadores.

Se manifestaron en igual sentido, con respecto a la cláusula de resguardo de los derechos previsionales de los actuales empleados públicos, y a la incertidumbre y la discriminación establecida con relación a los futuros empleados estatales de planta permanente.

Aclararon que la postura de los policías retirados autoconvocados, no es de oposición total al texto acordado, ya que están de acuerdo con mantener los cinco puntos propuestos originalmente junto con los gremios estatales, incluyendo los regimenes especiales vigentes de docentes y policías en forma completa.

Pero lo que no aceptan es que el ejecutivo pretenda introducir cláusulas discriminatorias con los futuros empleados públicos de planta, para los policías, e inclusive para con los docentes, a quienes se les garantizarían únicamente "como máximo, los requisitos de acceso a los beneficios establecidos", como dice el punto 4° del texto del dictamen acordado entre el poder ejecutivo, el bloque justicialista y un reducido número de gremios y asociaciones mutuales.

Por último expresaron su preocupación con relación al último párrafo de la enmienda constitucional propuesta, que fuera incorporado por expreso pedido del Gobernador Capitanich, en el sentido de subordinar el goce de los derechos al "financiamiento y la sustentabilidad" del sistema previsional.

Ese último párrafo, conjugado con la definición de "sistema de reparto con asistencia del Estado", aunque no se dice a qué tipo de asistencia se refiere, que obra en el primer párrafo del texto acordado, podría ser interpretado como limitaciones y condicionamientos económicos y financieros insalvables, que desvirtuarían las garantías que se pretender blindar con el nuevo texto constitucional del Artículo 75.

Aunque reconocieron que estas cláusulas introducidas por el poder ejecutivo, merecen ser analizadas en profundidad por especialistas en derecho constitucional, para poder conocer con mayor grado de certeza y precisión su verdadero alcance, advierten a los trabajadores estatales que deberían examinarse muy bien, para no caer en equívocos que terminen perjudicando a todos, producto del repentino apuro del oficialismo por aprobar la enmienda constitucional.

DICEN QUE NO LES PERMITIERON EL INGRESO A LA REUNIÓN

Expresaron por otra parte, el profundo malestar que causó la prohibición de acceso a la reunión que impusiera la autoridad convocante, para el representante de los "Policías autoconvocados", que fuera designado para participar como integrante y asesor contable de la Federación Chaqueña de Gremios.

En efecto, llama la atención que se prohibiera participar de la reunión con el Gobernador y los gremios del miércoles pasado, al contador Livio Fernández, el que viene trabajando hace bastante tiempo en la temática previsional, representando a un grupo numeroso de policías retirados, cuando dicho profesional fue admitido sin ninguna objeción y designado delegado en el plenario de la Comisión de Estudio creada por el Decreto 2953/08 del poder ejecutivo, asimismo participó junto a los gremios estatales y asociaciones de jubilados en el proceso de reforma del Art. 75 de la Constitución, exponiendo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales junto a otros representantes gremiales, e inclusive habiendo participado en la primera reunión que mantuvieran los gremios con el Gobernador, el Ministro Aguilar y Atilio Velázquez en la misma Casa de Gobierno el pasado 6 de octubre.

NO ACEPTAN REPRESENTACIÓN DE MONTIEL

Asimismo se supo que un grupo de integrantes del movimiento de "Policías autoconvocados por un salario justo" encabezados por Carlos Ibarra, expresaron el día viernes último ante el presidente de la Asociación Mutual Círculo de Oficiales de la Policía del Chaco Hugo Barrios, que no se sienten representados por Carlos Fernando Montiel, quien suscribiera el dictamen acordado en la Casa de Gobierno entre el poder

ejecutivo y los gremios el día miércoles pasado.

Al término del encuentro, hicieron saber que Montiel no tiene mandato de los socios de la Mutual Círculo de Oficiales, para representarlos y menos todavía para asumir compromisos o acuerdos con el Poder Ejecutivo, ya que no forma parte del órgano directivo, ni de la junta de fiscalización de la entidad.

Reconocieron que si bien el mismo es un oficial superior retirado de la fuerza y un socio más de la mutual, pusieron en dudas los verdaderos motivos por los que se atribuyó una supuesta representación orgánica que no tiene.

Por lo tanto, dejaron en claro que la firma de Montiel en el dictamen acordado por el Poder Ejecutivo y los gremios, es a título personal y sin representación institucional alguna, de los socios de la referida Mutual.

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