Por Federico Lutz

La producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables se ha convertido en la estrella de los negocios argentinos. La participación del Estado Nacional ha sido fundamental para que ello ocurra, lanzó varias rondas de licitaciones de macrogeneración (RenovAr) y microgeneración (MiniRen – Perner), instó los contratos de mercado a término en renovables (MATer), apostó a las inversiones público privado en transporte para evacuar su producción (PPP), y conservó los estímulos en las grandes demandas a través de los precios estacionales en el llamado proceso de “sinceramiento” (quita de subsidios).

Los capitales puestos en el sector han rendido sus frutos a la fecha, y con algunas demoras propias de las circunstancias de la Argentina, lo harán en el futuro. Mucho se lo deben a las políticas públicas (quedará para otra oportunidad analizar a qué costo).

Las leyes de energía distribuida para microgeneración, y el alza de los valores tarifarios para usuarios residenciales o pequeños comercios han hecho lo propio, y están desencadenando una lenta instauración de equipos domiciliarios de producción de energía de fuente renovable y entrega a la red.

Ahora bien, ¿que ocurrirá cuando cese la atracción económica hacia los proyectos de energías renovables, o se reviertan las señales tarifarias en un mercado de la energía eléctrica cada vez más cruzado por la razón social, o cuando el costo normalizado de los generadores domiciliarios no alcance nunca al bolsillo medio del usuario argentino?

Nos hemos preguntado por caso si la “energía renovable” ¿es un negocio o se trata de nuestro futuro?

El inconsciente colectivo apoya fervientemente la causa de las renovables, con principios y fuertes manifestaciones. Pero lamentablemente la realidad indica que el ciudadano medio, el pequeño comerciante o el gran empresario, quiere ante todo un costo bajo de la energía eléctrica y su fuente de producción tiene menor sensibilidad a sus intereses.

En el mediano plazo se deben realizar acciones de fomento que conspirarán contra la disminución del costo de la energía eléctrica.

En países como Francia, por ejemplo, donde la energía renovable es de adquisición libre y voluntaria, el costo al usuario final le implica un gasto adicional del 25% en el kWh; la ley francesa de transición energética (hacia las renovables) impone obligaciones al transporte de pasajeros, a las construcciones inmobiliarias y de reciclaje entre otras acciones, de mayor costo que el ordinario.

La matriz de consumo de Francia fue satisfecha en 2018 en más de un 23% –ascendente– con energía eléctrica de fuente renovable pese a su tradición nuclear. Atrás de todo ello no hay un gran negocio económico para los franceses, ni para la mayoría de las empresas francesas, tal vez haya beneficiarios aislados, pero el sentir de Francia orienta sus políticas públicas a “razones medioambientales”.

¿Existen tales motivaciones en la Argentina? ¿Seremos capaces de entender que el primer tramo de nuestro recorrido hacia las energías renovables demandará un mayor esfuerzo económico en una realidad que vapulea día a día las tarifas de los servicios públicos?

Como todos los senderos de largo aliento en la Argentina reina la incertidumbre. Con casi un treinta por ciento de pobreza en el país (incluyendo la pobreza energética) y la retracción comercial e industrial, resulta difícil pensar que “exclusivos intereses ambientalistas” guiarán la decisión de nuestro futuro en lo que hace a las energías renovables.

En números25%es el costo adicional que abonan los usuarios por el desarrollo de energías renovables en Francia.2%de la matriz energética nacional provino en los últimos meses de fuentes limpias.

Los intereses económicos y las conveniencias individuales serán elementos de mayor convicción en una Argentina que debe sostener el rumbo en materia de energías de fuente renovable. Deberemos por caso garantizar la seguridad jurídico – económica de las inversiones en el sector (macrogeneración), respetar los mercados y asegurar el cumplimiento de los contratos.

Tendremos que ir más allá con los estímulos a la microgeneración, fomentarla en construcciones, imponerla en remodelaciones o condicionarla en nuevos desarrollos.

Es decir, los argentinos deberemos hacer un cúmulo de acciones en el mediano término que conspirarán contra la disminución del costo de la energía eléctrica.

Desnudar que las fuentes de producción de energía renovable son en realidad el camino a un mejor futuro para las generaciones venideras, y que el principal incentivo ha de ser el cuidado del medioambiente, es también parte de las políticas públicas.

Si al hablar de renovables solo nos limitamos al éxito económico de un inversionista dentro del sector, o de un aventurado usuario en el ahorro de su factura del servicio eléctrico, poco estaremos haciendo por nuestro futuro.

La agenda pública cuando hable de energías renovables deberá comenzar a hablar de cuidado del medioambiente, compensación ambiental, huella de carbono, ventajas con trazabilidad, etc.. Es allí, en el cuidado de la naturaleza, donde está el lugar común de la humanidad, no en la gestación de negocios de transición. En ese lugar común todos estamos dispuestos a invertir si hablamos de “futuro” y no de “negocio”.

(*) El autor es abogado y especialista en Economía de la Energía. Actualmente es el gerente general de la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB).