La encrucijada constitucional

A casi un año de culminada la tercera Convención reformista de la Constitución local, y en un año eminentemente electoral como el que transitamos, ¿puede decirse, o creerse, que la “calidad institucional” pregonada desde el oficialismo se esté instalando en nuestra Provincia? ¿O que así sucederá prontamente?.
Un descarnado análisis sobre la reforma política aprobada por el justicialismo, que no le servirá a la oposición para mejorar su representatividad. El famoso 3 por ciento y sus consecuencias.

En la historia institucional reciente de la Provincia (y quizás a lo largo de varios tramos de su historia) ha sido recurrente la mención, por parte de gobernantes y opositores, a la “calidad institucional” de la Provincia.

Sea para denunciar o reconocer su falta, o para defender su supuesta existencia, o para adoptar medidas tendientes a hacerla realidad o fortificarla. Lo cierto es que éste fue el "leit motiv" de la última reforma a la carta magna local.

Y no es menos cierto que al finalizar su labor la Convención Constituyente, tanto el Gobernador como los Convencionales (no todos, aclararemos), más algunos políticos opositores, alabaron las reformas, y se esperanzaron en un nuevo esquema de poder que permitiera el definitivo advenimiento de la calidad deseada.

Se dice asimismo que para lograr este objetivo se debe contar con algunos elementos básicos, a saber: presencia de la oposición política real en los órganos legislativos; jueces cuya designación y remoción sean ajenas a las influencias políticas; medios de prensa cuya objetividad no sea desviada por la influencia oficial, etc., etc. Se dijo que la reforma constitucional había logrado decisivos avances en pos de la consecución de esta nueva realidad para nuestra Provincia.

Pero, a casi un año de culminada la tercera Convención reformista de la Constitución local, y en un año eminentemente electoral como el que transitamos, ¿puede decirse, o creerse, que esa “calidad institucional” se esté instalando en nuestra Provincia? ¿O que así sucederá prontamente?

Vamos a detenernos en un solo de los componentes del esquema o estructura de poder cuya conformación supone la posibilidad de existencia de calidad institucional. Los órganos legislativos, y concretamente la conformación pluripartidista de los mismos.

Es decir, verdaderos parlamentos que reflejen la diversidad del pensamiento político que anida en la sociedad que los erige, y a quién representan.

Se supone, y así lo reconocen hasta los más oficialistas, que la presencia de la oposición fortalece el debate democrático, posibilita el control republicano de la gestión de gobierno, canaliza iniciativas distintas, y quizás superadoras. Y muchos otros argumentos que hacen incontrastable la moción.

Como en La Rioja dicha presencia opositora ha, virtualmente, desaparecido, se utilizó el argumento de la necesidad de darle cabida tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes, para justificar la propiciada (y lograda) mayor cantidad de bancas disponibles en aquellos cuerpos.

Esas bancas deben ponerse en juego, por primera vez en el nuevo número (que excede en varios casos la cantidad que había antes de la reducción de 2.002), en las elecciones de este año; pero tanto el compromiso político, asumido por el propio Gobernador, como la letra misma de la Constitución, “aseguran” (¡!!) que la oposición contará con un número mínimo al menos, de escaños. Esto, ¿será una realidad, luego de los comicios? Todo parece indicar lo contrario, y que las promesas, una vez más, habrán sido un mero juego de palabras.

Esto se desprende no sólo de la letra misma de la Constitución, leída con atención y sin necesidad de sapiencias doctrinarias, como de las actitudes de los políticos locales.

Por empezar, el nuevo Art. 87º, que se refiere a la conformación de la Cámara de Diputados, contiene errores tan absolutamente groseros, que resulta inexplicable que ningún jurista local, o ningún pretendido político, hayan sabido resaltar. En realidad, más avezados que nunca, los únicos que reaccionaron fueron los propios oficialistas, con su inacabable vorágine por los cargos del poder.

El Artículo citado contiene una fórmula, con la cual se pensó garantizar la incorporación de la oposición, que es francamente ridícula (y todo otro calificativo peyorativo que pudiera tenerse a mano): dice que cada candidato a diputado provincial, que compite por una banca en un Departamento determinado, debe sacar un porcentaje mínimo de votos del tres por ciento, pero de toda la Provincia!! (es decir, en un universo distinto, y por cierto más grande, de aquel en donde está compitiendo).

Este solo dislate hubiera bastado para que cualquier tribunal no influenciable lo hubiera fulminado ya con una declaración de inconstitucionalidad por el absurdo; pero, desde el punto de vista político, es una verdadera tomada de pelo. Una jugada de la que los propios radicales participaron, infantilmente, sin advertir que nada “garantizaban”, ni para el resto de la oposición, y ni siquiera para ellos mismos.

Es tan obvio darse cuenta de que esta redacción para nada impedirá al oficialismo gobernante en la Provincia quedarse con todo otra vez, que resulta cuanto menos inexplicable que nadie objete lo actuado.

Un solo miembro (proveniente de la mayoría, pero opuesto a la conducción de su bloque) propuso un sistema distinto, durante la Convención, y advirtió sobre la ineficacia del que habían acordado peronistas y radicales; y otro más se opuso, aunque por la distinta razón de que éste esquema le imposibilitaba a su partido acceder a una banca. Ninguno de los dos tuvo eco; y se sancionó el engaño.

Como desde la arista jurídica el sistema implementado es deleznable, los propios diputados justicialistas quisieron “sanear” la situación, y dictaron una ley “reglamentaria”, tornando las cosas cada vez peor.

Con el solo texto constitucional, era perfectamente posible que el justicialismo local, atomizado en varios partidos ya reconocidos y de jurisdicción provincial, se quedara con todas las bancas en juego, pues hay tantas variantes que sin necesidad de crear nuevos partidos había cabida para todas las candidaturas.

Cualquier peronista puede elegir entre ser candidato, en cada Departamento, sea por: Partido Justicialista, Frente para la Victoria (mazismo), Frente del Pueblo (bederismo), Norte Grande (lunismo), Lealtad y Dignidad (menemismo), Frente con Todos (yomismo…, o alguien va a sostener que Yoma no es peronista?), y por allí dejamos alguno en el tintero.

Y con la desigualdad demográfica que exhibe la Provincia, todos los Departamentos alcanzarán el mínimo requerido, porque el Partido en que se presentaron sus candidatos, los tiene en todos, o en varios Departamentos. A esto, la ley referida le añade que pueden admitirse las alianzas entre Partidos de orden provincial con los Departamentales. La “voluntad política” del cambio es patente, no?

¿Qué ingrediente le falta al cóctel de este engaño? También se lo anticiparemos en estas letras. Ese ingrediente podrá ser muy diverso, dependiendo del camino que se adopte, cuya decisión la adoptará Beder Herrera, máximo responsable político de esta encrucijada, ya que su lista ganó la elección para la Convención, su máximo asesor jurídico presidió el bloque y decidió la nueva letra magna, y se sabe que fue Beder quién determinó adoptar este sistema, desdeñando con desprecio a quién le advirtiera sus errores.

Uno de los caminos es el siguiente: conociendo de antemano que no podrá cumplirse con la promesa de otorgar a la oposición (a la verdadera oposición, es decir radicales, socialistas, nacionalistas de derecha, comunistas o lo que sea) la cantidad de escaños que la propia letra constitucional señala, Beder decide que la nueva Constitución “no es aplicable” en esta instancia, por las razones que la libre imaginación quiera elucubrar como explicación de la situación, y de que “ya veremos más adelante” qué hacemos.

Entre ese “qué hacemos” está la atractiva variante de nulificar todo lo actuado (todo, porque ahora ya no importan tanto algunas cosas, como aquello de la reelección indefinida…), y por lo tanto volvemos al viejo texto, que de paso nos permite ahorrar dinero, porque no serán tantos cargos, etc. (pero sobre todo, volvemos al viejo esquema, con reelección y todo).

El otro camino, que aparece como más posible, es el de dejar que las cosas sucedan, y cuando aparezcan Legislatura y Concejos Deliberantes con inmensa cantidad de cargos, y en todos ellos un peronista (quizá algún radical, pero jamás en el número que ya está fijado en la letra constitucional), comenzar a argumentar que en realidad los mazistas son opositores; o los menemistas, o los yomistas….contradiciendo lo que el mismo Beder pregonó durante todo el año pasado, cuando afirmaba que no por vestirse de diferentes colores (o armar partidos políticos de ocasión), se dejaba de ser justicialistas, y que ello no podía seguir sucediendo!

Pero bueno, “si la oposición no junta votos”….(otra frase recurrente), qué le vamos a hacer….Tengamos presente que la democracia cuesta (otra frase más). Y cómo nos cuesta a los riojanos, verdaderamente. Porque tendremos otra vez enormes cuerpos legislativos (que en proporción estarán entre los más grandes de todo el mundo), con nada (o casi nada) de oposición real, y por ende, de la calidad institucional que se buscaba, todos olvidados, y a otra cosa.

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