Ayer fue Claudio Bonadío por la causa Hotesur. Pero antes fue el juez subrogante Luis María Cabral por la constitucionalidad del Pacto con Irán. Y antes el fiscal José María Campagnoli por investigar al empresario Lázaro Báez. Y, en el verano pasado, fue el fiscal Alberto Nisman, de quien no sabemos a seis meses exactos cuándo, cómo y porqué murió. Todos ellos tenían causas sensibles que complicaban al Gobierno.

No hay grises para Cristina. Si los jueces no se adaptan a los deseos presidenciales vuelan por los aires. Esa es la dinámica que entendieron perfectamente Norberto Oyarbide, quien la sobreseyó en la investigación del patrimonio familiar por supuesto enriquecimiento. Daniel Rafecas, quien la benefició con un escrito en el caso Papel Prensa y enterró la denuncia de Nisman. O Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva adelante la investigación del ataque de 1994 a la AMIA sin producirle sobresaltos al poder.

Más allá de como termine la causa Hotesur, en la que aparecen complicados Báez y el ahora candidato a diputado, Máximo Kirchner, será ilustrativo ver las consecuencias de empujar a los jueces. Si el final de la historia es el desmantelamiento de las investigaciones más sensibles sumado a un resultado electoral favorable, la Presidenta habrá probado el acierto de manipular a un Poder Judicial en decadencia ante la pasividad de una sociedad anestesiada.