Luz: las empresas reclaman mayores aumentos

Ayer se realizó la audiencia pública y las distribuidoras expresaron que la ecuación económica es insuficiente.
Las empresas distribuidoras de electricidad de Mendoza reclamaron, durante la audiencia pública de ayer, que no podrán cumplir adecuadamente con el servicio si el Ejecutivo decide tener en cuenta los ajustes tarifarios propuestos por el EPRE, ya que consideran que necesitan más ingresos. El Ejecutivo tendrá la palabra final al respecto, por lo que decidirá quién tendrá que ajustar el bolsillo: los consumidores, las empresas o el mismo Estado.

Durante una larga jornada de mucho calor, se realizó ayer la Audiencia Pública en la que el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) presentó todas las justificaciones técnicas sobre los aumentos considerados para las tarifas eléctricas para los próximos 5 años (2009 hasta el 2013).

Los aumentos que propone el EPRE son los siguientes: aquellos que consumen entre 300 kwh y 600 kwh (T1R2) por bimestre sufrirán un incremento de 10% en promedio; un 20% (T1R3) más en promedio por bimestre para los que demandan más de 600 kwh; y las otras categorías: T16,T1AP,T2,TRA son las que tendrán la mayor suba del 27% en promedio; mientras que aquellos usuarios residenciales con un consumo menor a los 300 kwh (T1R1) no sufrirán variaciones.

Patricia Martínez, subsecretaria de Servicios Públicos, señaló que "hemos realizado importantes estudios con las universidades desde hace más de 2 años para determinar todos los costos eficientes, los impuestos necesarios, y los costos del vandalismo, para determinar los ingresos de las empresas. Luego hemos concluido que con las tarifas que proponemos, las empresas distribuidoras tendrán ingresos razonables y podrán realizar inversiones que les permitirán mantener la calidad del servicio".

El servicio eléctrico es sumamente importante para la calidad de vida de la población y por lo tanto para el desarrollo de la economía. La discusión está en que el servicio eléctrico no es un mercado competitivo, sino que es imperfecto, por lo que el debate eterno estará siempre en definir cuál debería ser el precio de "equilibrio" que deje conforme a las 11 empresas distribuidoras, a los consumidores de Mendoza, que ascienden a 500.000, siendo el Estado, a través del EPRE, el intermediario de las partes.

Lo cierto es que los aumentos tarifarios que propone el EPRE no estarán muy lejos de lo que finalmente aprobará el Ejecutivo en los próximos días. Pero el punto está en que a las distribuidoras, quienes compran la energía, la distribuyen, mantienen el sistema, amplían el servicio y atienden al cliente, indican que los incrementos son insuficientes y, por lo tanto, los recursos con los que dispondrán les impedirán cumplir correctamente con el contrato de concesión, afectando la calidad de los servicios en los próximos años.

Los ingresos que reclaman los empresarios difieren de los calculados por el EPRE, ya que según indican los primeros, los modelos que utiliza el ente no tienen en cuenta los precios reales y los calculan con una red mínima. En este sentido, Alfredo Farés, vicepresidente de Edemsa, aclaró que "hay sustanciales diferencias con el cuadro del EPRE por la determinación de la base del capital (que son las inversiones) y de la tasa, y si se aprueba este cuadro tarifario, quedará comprometido el cumplimiento de los parámetros del contrato de concesión".

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas, Fernando Formento, advirtió que "los ingresos que necesitamos hoy tienen una diferencia de 23,4% respecto a los propuestos, y no estamos de acuerdo en que debamos ajustar los costos". Por su parte, Julio Gallegos de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, señaló que "realizamos un estudio con la universidad de San Juan sobre los ingresos que requerimos y nos han aceptado un 21% menos, por lo que no podremos hacer todas las inversiones y el servicio se podrá ver afectado".

Mientras que Raúl Stasi, gerente general de Edeste SA, resaltó que "la diferencia de requerimientos de ingresos de todas las empresas es del 25% de lo que el Ministerio nos ha asignado para desarrollar la actividad. Para dar un ejemplo más práctico de $ 100 que entran, en el 2007, con el 22% nos quedamos las empresas, y nuestro objetivo para llevar adelante esta actividad es del 40%".

De esta manera, las empresas se expresaron en la audiencia y para defender su postura indicaron que el congelamiento de tarifas después del 2002, el escaso ajuste tarifario del 2006, y el aumento de los costos de 300% y 400%, les impidió que se ajustaran correlativamente los ingresos, lo que desfavoreció los proyectos de inversión de los últimos años, impidiéndoles expandirse y mejorar la calidad de sus servicios.

Sumado a eso, indicaron los empresarios otros obstáculos en la actividad, como el retraso que tiene el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (FPCT) para efectuarles el dinero de los consumidores subsidiados (los del riego agrícola, los de consorcio de agua potable, los jubilados y pensionados), y solicitaron que se lo penalicen con recargos por mora. También pidieron en la Audiencia que el FPCT sea administrado correctamente por una institución.

Otro punto reiterativo, entre los distintos distribuidores, fue que se le reconozcan las pérdidas por los actos de vandalismo (por el cobre). Además solicitaron que los modelos de costos que utiliza el EPRE se ajusten a la realidad de las cooperativas, ya que subestiman los valores, al igual que ocurre con las inversiones, ya que el ente, también las subestima.

Las empresas que prestan servicios en las zonas rurales argumentan que son las más perjudicadas por los altos costos que le implica proveer el servicio en los lugares menos poblados y más lejanos, por lo que pidieron que se le reconozcan estos costos. En este sentido, la Cooperativa de Obras y Servicios Asistenciales y Consumo de Bowen enfatizó que "a las cooperativas de las zonas rurales no nos cierra la ecuación económica con las tarifas del EPRE".

Finalmente, la decisión la tendrá el gobernador Celso Jaque, quien será el que indicará quién reasignará sus ingresos. Una alternativa posible que no implica menores ingresos ni para los consumidores, ni para las empresas, es que el Estado reduzca los impuestos a las empresas (de una factura el 25% son tributos) ó disminuya el canon anual de concesión, entre otras más.

Lo que queda si esto no ocurre, es que el consumidor afronte con su propio bolsillo los ajustes, ó que finalmente las empresas tengan que reasignar ganancias, inversiones y disminuir la calidad de los servicios.

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