El Gobierno de Juan Carlos Romero dispuso la tercerización de los servicios de provisión de raciones y comidas; provisión y lavado de ropa y mantenimiento, portería y limpieza a partir de 1998.

Lo hizo para los hospitales San Bernardo; Oñativia, Miguel Ragone, el exhospital de Niños y el hospital del Milagro. Resultaron adjudicatarias entonces, y por Decreto, las empresas COCIRAP, TRABASANI y TODOLIM S.A, las cuales se transformaron, en 2010 (y ya durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey) en una fundación.

Es la misma Fundación que sigue debiendo aportes de Ley a los trabajadores.

En agosto de 2010, se aprobó por Decreto el contrato de cesión por el que esas empresas cedieron los derechos y obligaciones a la Fundación Trabajo y Solidaridad, también para brindar servicios a los Hospitales de la Capital: San Bernardo, Oñativia, Del Milagro y Ragone junto a Colonia Lozano.

Según Auditorias de Legalidad, esa podría haber sido la primera causa de rescisión (si el Gobierno hubiese tenido la voluntad política de hacerlo) ya que el Decreto Nº 2948 de 1998 aprobó el contrato, con la previsión de que la cesión de derechos sería causa de Rescisión.

Además, la Cláusula Decimocuarta del Anexo I, estableció como condición Básica que la empresa no podría subcontratar, transferir, ni ceder a terceros, los derechos y obligaciones del primer contrato.

Contrariando estas normas, las empresas Trabasani, Cocirap y Todolimp, transfirieron los derechos y obligaciones que les cabían como encargadas de brindar los servicios en hospitales de la capital salteña a la Fundación Trabajo y Solidaridad.

En ese caso, el Ministerio de Salud, no solo no ejerció su obligación, sino, que aprobó la cesión de los contratos de servicios y la avaló.

En 2010 también, se hizo el traspaso de los 474 trabajadores con la Homologación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Es decir, Eduardo Abel Ramos siempre tuvo aval del Estado.

Tanto es así que cuando a la Fundación de Ramos ya no le vino bien el negocio, sus empleados se convirtieron en estatales. Eso sí, sigue sin resolverse el conflicto de cuándo pagará los aportes de Ley adeudados por casi 20 años a los trabajadores.

El año pasado, el Gobierno firmó un acta con la Fundación Trabajo y Solidaridad y “reasumió la planificación, administración, prestación y control de los servicios hospitalarios de capital”. Es decir, volvió a limpiar y mantener los hospitales y a dar de comer a sus pacientes.

Eso implicó que la Provincia tomó a 440 de los 474 trabajadores originales y volvió a hacerse cargo de los servicios en los hospitales.

Los reclamos del sector siguen vigentes, porque la Fundación no los indemnizó ni les pagaron aportes de Ley, según reiteraron esta semana.